Preocupación por endurecimiento de la política migratoria

Cientos de inmigrantes se movilizarán el próximo martes a las 17 frente al Congreso para repudiar dichos xenófobos y para exigir información oficial sobre los cambios que se planean a la política migratoria nacional.

Un conjunto de colectividades de inmigrantes marcharán el próximo martes al Congreso nacional para manifestar sus críticas y preocupación ante los posibles cambios que encararía la gestión de Cambiemos a la Ley de Migraciones 25.871 y en contra de las recientes declaraciones públicas de algunos legisladores y comunicadores sociales.

Ámbito Financiero reveló este jueves que avanza en el Ministerio de Interior una iniciativa para modificar por decreto la reglamentación vigente para cobrar un «peaje» a los extranjeros que ingresen al país a través de los 147 pasos internacionales. Además, prevén hacer más estrictos los controles los procedimientos de detección de antecedentes, interrogatorios más severos y la implementación de una tarjeta de tránsito vecinal fronterizo para evitar el ingreso de «delincuentes».

Pero también generaron malestar en los inmigrantes la creación de un centro de detención de extranjeros en Pompeya, las opiniones del senador Miguel Ángel Pichetto y del secretario de DDHH, Claudio Avruj, y los informes televisivos sobre la cantidad de estudiantes de otras nacionalidades en las universidades públicas.

Para Lourdes Rivadeneira, coordinadora de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados que reúne a 36 organizaciones de Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Haití, Dominicana y Senegal, entre otras naciones, se generó un caldo de cultivo que motivó la movilización. «En cuestión de políticas migratorias hay un retroceso y un embate contra la comunidad. Cada más la discriminación y la xenofobia se están instalado en la sociedad. Los compañeros que viven en diferentes territorios sufren apedreamientos en sus casas, les gritan fuera los inmigrantes de la Argentina. Encima están pensando bajo un decreto cambiar la Ley de Migraciones. Ante eso, la comunidad dice basta y vamos a marchar», explicó la dirigente en diálogo con ámbito.com.

Rivadeneira expresó su preocupación por la información que publica el diario Ámbito Financiero sobre las nuevas tasas a cobrar en 147 pasos fronterizos, pero aclara que no es la única. «También hablan de cobrar por la atención de la salud o la educación. La Argentina había avanzado muchísimo en cuestión de derechos humanos. Si la salud es gratuita en el país debe ser gratuita para todos y todas», enfatizó y aseguró que se busca «culpar a la comunidad migrante de lo que está pasando con las políticas hambreadoras de este gobierno».

La queja que más se escucha entre los defensores de derechos de los inmigrantes es la falta de información oficial. «No son claros. Quisiéramos saber qué es lo que están pensando con endurecer las políticas migratorias. Hoy se exigen antecedentes penales, es de antes no de ahora. La realidad es que no quieren que ingresen migrantes de segunda, que somos para ellos, de los países limítrofes y la región. Nosotros no traemos la delincuencia, traemos el trabajo. Quien inmigra no es un adulto mayor, venimos en nuestra mejor edad. Los que inmigran son jóvenes que tienen toda la fuerza para aportar al desarrollo del país que lo recepciona», afirmó Rivadeneira.

La representante de la Red de Migrantes sospecha que desde el oficialismo se busca instalar un «discurso» que pretende «criminalizar» a los extranjeros. «Lamentablemente el discurso sabemos cuál es y por dónde lo quieren llevar. Este discurso que se instaló en los medios de comunicación es para que la sociedad acepte estos cambios. Hay informes, números, pero hablan por hablar para crear un ambiente de xenofobia y discriminación», insistió.

Desde la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas de Argentina (Amumra) se quejan por la falta de precisiones sobre los inminentes cambios a la ley y la poca «visibilización de los efectos buenos» de la inmigración. «Les pedimos audiencia (a los funcionarios) y sentarse a dialogar con las organizaciones de base, para que se enteren de la realidad de los migrantes, que muchos trabajan en hospitales y estudian posgrados y maestrías en universidades», indicó Natividad Obeso, fundadora y presidenta de la entidad. «Son muchos los problemas que tenemos. Queremos escuchar a él mismo(al director de Migraciones) porque hoy escuchamos a los entornos», manifestó.

«Trabajamos mucho la ley 25.871 y lo hicimos a conciencia. Queremos convocar a un Cabildo Abierto para migrantes para escucharnos y llevarle los planteos al Gobierno. La Ley no la van a tocar», agregó la militante peruana, que ofició de vocera de la Asociación ante la ONU.

En la Asociación Civil de Migrantes «Los Emprendedores» también se mostraron en alerta y anunciaron que adhieren a la marcha. «Este Gobierno quiere tirar abajo la ley 25.871», despunta Jorge a este medio, minutos antes de ingresar al restaurant donde trabaja de encargado, desde que vino de Perú en busca de un futuro mejor. «Vamos a reclamar contra la idea de dar de abaja la ley hecha la década pasada y no vamos a permitir que nos saquen derechos adquiridos», subrayó.

«A mis compatriotas que tiene el DNI temporal les dicen ilegales. En las villas detienen a muchos por gusto y están judicializando los temas, como en la 31. Muchos tienen el DNI temporal y no lo cambian y les preguntan dónde viven, les dicen que alquilan una casa en la villa, les preguntan si tiene título de propiedad, le dicen que no y los acusan de usurpación de terreno», advirtió Jorge, miembro de la ONG que se dedica a asesoramiento legal y formación de cooperativas y microemprendimientos de inmigrantes.

Retroceso

La Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref), vinculada a las iglesias protestantes, expresaron su preocupación por la situación. «Observamos una lógica regresiva en términos de los derechos consagrados por los migrantes», dijo a este medio la coordinadora general de la entidad sin fines de lucro, Gabriela Liguori. «Hay falta de información fidedigna del Estado a través de los canales oficiales. La información solo circula por los medios. Hace tiempo que insistimos en la importancia de sentarnos a dialogar con los ámbitos estatales», agregó.

El 27 de octubre pasado la Comisión envió a una carta a la Dirección Nacional de Migraciones a cargo del exfiscal antidrogas Horacio José García para abrir una mesa de diálogo, pero todavía no obtuvieron respuestas. Lo mismo le solicitaron por escrito a Avruj, quien mostró interés incialmente sin avanzar luego en la propuesta. «Queremos tener espacios directos de diálogo porque no hay forma de construir colectivamente políticas con esta incomunicación y trascendidos que nos dan dolor de estómago, y sin tener resoluciones que lo sustentan», señaló Liguori.

Un ejemplo es la falta de información sobre el convenio firmado entre la Anses y Migraciones para rever la entrega de pensiones a extranjeros. «Hay personas que tenían aprobadas las pensiones y no pueden cobrarlas, como una ciudadana paraguaya de La Boca que hace 30 años vive en la Argentina y que cuando fue a cobrar la tenía suspendida por tiempo indeterminado en base a este convenio», alertó la licenciada en Trabajo Social.

En este marco, Liguori rechazó la iniciativa de dotar de mayor poder de policía a los funcionarios migratorios y recordó que esa facultad estaba contemplada en la normativa de migraciones de la última dictadura cívico militar, que ya fue modificada. «Es un retroceso. La llamada ley Videla tenía mucha cantidad de competencia y superposiciones de funciones de los actos administrativos de Migraciones. Podían hacer interrogatorios, allanamientos, detener y hasta expulsar. El cambio de ley logró una norma más democrática y se distribuyó el rol del Estado: el control administrativo es de Migraciones y el policial de la Policía. Que ahora se quiera dotar a Migraciones con un rol más activo, imitando la lógica estadounidense es tomar mucha distancia en la protección y garantía de los derechos de los migrantes. No se trata de que Migraciones se transforme en una Policía», detalló Liguori.

En la Comisión creen el actual esquema normativo dio sus frutos y no hace falta un endurecimiento de las políticas. Según datos oficiales, desde 2014 hasta septiembre de 2016 los rechazos por diversos motivos totalizaron 38.153, lo que da 27 inmigrantes por día. Los más rebotados fueron los paraguayos, seguidos por los brasileños, bolivianos y peruanos. En los pasos fronterizos los más rechazados fueron los bolivianos.

Tras repasar las cifras, Liguori advirtió por las consecuencias que conlleva el diseño de regulaciones más extremistas. «Está estudiado y comprobado que cuanto más restrictivas son las políticas migratorias más es la cantidad de personas hay en situación irregularidad y vulnerabilidad», sostuvo.

La especialista remarcó que esa irregularidad migratoria no es un «acto de la naturaleza», ni es un hecho que «buscado» por el migrante. «Está creada por las propias políticas de los Estados y en entonces podemos decir que son los Estados los que generan la irregularidad. A su vez, son los Estados los que tienen la potestad de favorecer la regularización, que es la herramienta de mayor seguridad migratoria. Cualquier migrante lo que desea es regularizarse y cuando los Estados lo facilitan lo gente lo hace», destacó, y recordó que en la última década se regularizaron 2 millones de personas provenientes de países del Mercosur.

«Cuando el Estado plantea lógicas de control, incremento de tasas y obstaculiza el procedimiento (de regularización) termina generando el problema que luego el propio Estado dice que quiere resolver», finalizó la titular de la Caref.

Por SEBASTIÁN D. PENELLI / Fuente: ÁMBITO.COM