Exigen prohibición total del uso de armas a policías denunciados por violencia de género

En el mediodía del lunes organizaciones del movimiento de mujeres, de derechos humanos, sociales, educativas y políticas, se movilizaron contra la violencia machista. Se manifestaron en Tribunales y leyeron un petitorio dirigido al gobernador Bordet.

Por Pablo Urrutia.

Entre Ríos amaneció con la triste noticia de un nuevo feminicidio, esta vez en la localidad de Rosario del Tala, donde fue asesinada Ana Barbeli, a pesar de haber denunciado a su pareja y haber logrado su exclusión del hogar por violencia de género. La violencia hacia las mujeres y los feminicidios parecen imparables y el accionar de los organismos del Estado, insuficiente. En 14 días ya se produjeron 8 feminicidios, en tanto que Evangelina Moledo, quien fue baleada por su ex pareja en Concordia hace una semana, continúa en terapia intensiva y su estado es crítico.

Las organizaciones que luchan contra la violencia y reclaman una mayor presencia y compromiso del Estado para frenar este flagelo, se movilizaron nuevamente en la capital provincial para visibilizar una situación que desborda. Frente a Tribunales plantearon sus exigencias al poder judicial y político de la provincia: el esclarecimiento del feminicidio a Jessica, la ley de emergencia provincial en violencia de género, el reconocimiento en la carátula en la causa que investiga los feminicidios contra Romina y Lidia, y el diseño y la implementación de políticas públicas de prevención y erradicación de las violencias.

 

Luego se trasladaron a la explanada de Casa de Gobierno, donde leyeron un petitorio dirigido al gobernador Bordet. Allí rechazan la medida recientemente anunciada desde el Ministerio de Gobierno, que dispuso restringir el arma reglamentaria a aquellos agentes de la Policía provincial que tengan denuncias por violencia de género en su contra. Recordemos que Orlando Ojeda, quien cometió un doble feminicidio en Paraná, utilizó para los asesinatos el arma reglamentaria que le provee Prefectura, de la cual era suboficial, a pesar de haber sido denunciado por violencia de género por una de sus ex parejas.

En la disposición del ministerio a cargo de Mauro Urribarri, de restringía el uso del arma reglamentaria al horario de servicio, en tanto que una vez que el agente se retirara a su casa, debía dejar la misma en la comisaría. Las organizaciones del movimiento de mujeres, de derechos humanos, sociales, educativas y políticas que se movilizaron este lunes, rechazaron de plano esta restricción parcial ya que, compararon, una norma nacional de idéntico contenido que data de 2012, “, a la luz del paso de los años y de los acontecimientos ocurridos desde su puesta en vigencia, ha quedado obsoleta”, sostuvieron y argumentaron que: “la restitución del uso del arma solamente en horario de servicio, no ha impedido que integrantes de las fuerzas de seguridad sean protagonistas de hechos aberrantes”. Por ello, exigieron al Gobernador: “La prohibición de portación de armas a todo agente con denuncia de violencia de género y que tales agentes, mientras dure la acción judicial, pasen a realizar tareas administrativas o actividades que no impliquen el uso de armas”. Ya que, expresaron que “todas las medidas adoptadas en función de la violencia de género deben ser ejemplificadoras”. Además reclamaron que en el caso de que el sumario iniciado al agente por violencia de género derive en una sanción económica, esa retención del sueldo sea puesta a disposición de su víctima o sus hijos.

 

Este es el documento completo en que las organizaciones exigen duras sanciones a los policías denunciados por violencia de género, leído en el mediodía de este lunes frente a Casa de Gobierno:

“Que tales medidas son insuficientes (en referencia a la restricción parcial del arma reglamentaria dispuesta por el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri), pues el paso del tiempo ha demostrado que la norma nacional Resolución 1515/12, que legisla en igual sentido, a la luz del paso de los años y de los acontecimientos ocurridos desde su puesta en vigencia, ha quedado obsoleta.

Claramente la restitución del uso del arma solamente en horario de servicio, no ha impedido que integrantes de las fuerzas de seguridad sean protagonistas de hechos aberrantes, donde la provincia de Entre Ríos no está al margen.

Gobernador, desde nuestro lugar de ciudadanas expresamos nuestro rechazo a que alguien que es denunciado por violencia se le conceda la posibilidad de portar un arma con la pretensión de llevar un servicio público en horario de trabajo.

Estamos convencidas que todas las medidas adoptadas en función de la violencia de género deben ser ejemplificadoras, por lo cual exigimos la prohibición de portación de armas a todo agente con denuncia de violencia de género y que tales agentes, mientras dure la acción judicial, pasen a realizar tareas administrativas o actividades que no impliquen el uso de armas, y paralelamente apertura de sumarios que investiguen el accionar del agente dentro del ámbito de trabajo; en el caso que el sumario implique retención de sueldo, exigimos que el porcentaje del sueldo sea puesto a disposición de la víctima o hijos del agente en cuestión”.