Corrientes: un juicio que garantizó la impunidad genocida

Luego de 42 años de espera, el Tribunal Oral Federal absolvió al ex intendente de facto Torres Queirel por las desapariciones de trabajadores de la yerbatera Las Marías. Un proceso judicial plagado de irregularidades y sin la pata empresarial.

El Tribunal compuesto por Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni dejó sin culpables las torturas, los secuestros y las desapariciones en la yerbatera Las Marías, Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, durante la dictadura cívico-militar-clerical. El represor ex intendente de facto Héctor Torres Queirel fue sobreseído, en un proceso judicial caracterizado por irregularidades. La pata civil, una vez más, otra beneficiada con la impunidad.

El juicio, que inició el lunes 2 de julio, culminó el jueves pasado, aunque ni familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos y ciudadanía movilizada vieron un final en la absolución decretada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La Fiscalía y la querella habían pedido seis años de prisión, aunque la exclusión de genocidas y el recorrido de la instancia judicial ratificaban un rumbo que cumple 42 años: la impunidad.

La absolución de Torres, en el juicio que investigó la desaparición de Marcelo Peralta, trabajador de la yerbatera Las Marías y delegado de Fatre, el 29 de junio de 1977, solo expuso las irregularidades de siempre. El único imputado fue Héctor Maria Torres Queirel, como partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad agravada de Peralta, también la única desaparición que se incluyó en la causa de lesa humanidad. Además, los represores Duilio Martínez y Ricardo Schweizer murieron sin juicio, mientras que los genocidas Llamil Reston y Juan Carlos Sacco fueron excluidos por cuestiones de salud. Por último, aunque no menos importante, tampoco vio el banquillo la pata empresarial, encabezada en Adolfo Navajas Artaza, dueño de Las Marías.

En definitiva no se quiso investigar e indagar sobre las torturas, los secuestros y las desapariciones producidas en la yerbatera Las Marías. No sólo eso, sino que además en plena instancia judicial el Tribunal visitó el campo del acusado sin notificarle a la Querella ni a la Fiscalía. El apretón final de manos define que nada fue casual.

La desaparición de Peralta

El camión llegaba antes del alba para llevarse a los trabajadores, aunque no todos volverían con el ocaso. Era 1976 y “Las Marías” un próspero establecimiento yerbatero con más de 30 mil obreros, con turnos que duraban 14 horas. Allí la ley era esa y el resto de los camiones se usaban solo para traslado de cargas.

La lucha gremial se había reactivado tres años antes con la conformación de la filial local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) -con el militante Marcelo Acuña electo primer secretario general-, lográndose algunas reivindicaciones: desde un suplente permanente en caso de necesidad de ir al baño hasta la construcción de una sala para la prestación de asistencia médica de la obra social del sindicato.

Lo cierto, es que la dictadura anuló todo. Los derechos laborales, adquiridos en décadas de disputa (con paros y huelgas), tampoco fueron la excepción.

La línea de producción de la industria de la yerba mate es extensa y un sector quedaba afuera del STIA: los trabajadores rurales, encargados de la siembra y la cosecha, estaban desprotegidos hasta que –promovido por Acuña y otros- se constituye el Sindicato de Trabajadores Rurales y Estibadores, incluida en la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), con una masiva afiliación. Su primer secretario general fue Ramón Aguirre, otro militante comprometido con su clase social. Acuña y Aguirre fueron víctimas de la represión estatal al igual que Nery Pérez y Marcelo Peralta, los dos trabajadores desaparecidos. 42 años después, aunque con limitaciones, se respira Memoria, Verdad y Justicia.

Los Navajas Artaza, que en los años previos de la “Revolución Libertadora” habían acobijado a un grupo de tareas, compuesto por ex militares y civiles que hacían “limpiezas” en el pueblo, expulsando a disidentes políticos, recibieron con gusto al interventor municipal y comisario Capitán Juan Carlos Saco, cediéndole terrenos para que su tropa subordinada acampe. La retribución del Capitán se materializó en la persecución, detención y eliminación de trabajadores de las listas negras de los patrones, sobretodo de “Don Toco”, como le dicen a Adolfo Navajas Artaza.

Cuatro días antes del 24 de marzo fue la última reunión de los delegados gremiales con los representantes de la empresa. Uno de los reclamos fue las condiciones en que se encontraban dos poleas, las cuales generaban inseguridad en los operarios. No hubo solución. Un trabajador, Antonio Pintos, murió un tiempo después a consecuencia de un accidente con una de esas poleas.

A los patrones le molestaba que el peón se organice y le discuta como un igual. El acelerado crecimiento que había obtenido el sindicalismo, como expresión del poder de los trabajadores organizados en Virasoro (en Corrientes y Argentina), se vio frenado por el aparato represivo del Estado que lo amputó por múltiples vías: persecución, desaparición, eliminación de derechos adquiridos y represión.

Y el camión volvía a llenarse de trabajadores cansados. Antes de la puesta del sol salía de “Las Marías” llevándose a hombres que sabían  que su fuerza de trabajo solo enriquecía a los Navajas Artaza. Lo venían escuchando en asambleas y cotidianas charlas: la conciencia de clase ya estaba presente en ellos. El camión llegaba al pueblo, los obreros bajaban; la oscuridad que vaticinaba el provenir de esa noche y de las siguientes noches, desde aquellas postrimerías de marzo de 1976, adquiría intensidad. El Terror sobrevino.