Se realizó la indagatoria al concejal de Cambiemos este martes en Paraná. Fue luego de ser imputado en la causa que tiene procesado a Varisco, Hernández, Bordeira, Lemos y Celis. Ríos definirá en 10 días.

Tras los allanamientos a un local partidario, la vivienda particular y la oficina del concejal de Paraná, Emanuel Gainza, este martes se realizó su indagatoria por la adquisición de cocaína. Aunque previamente iba a declarar como testigo, con distintos elementos el juez federal Leandro Ríos dispuso su imputación.
Durante la audiencia, Gainza negó las acusaciones, en el marco de la causa que involucra al intendente Sergio Varisco, el concejal Pablo Hernández, la funcionaria Griselda Bordeira, trabajadores municipales y la banda narco de los Celis. Ríos tiene 10 días para expedirse sobre la situación procesal del Concejal, que pidió licencia en la última sesión del HCD.
A la salida del Juzgado Federal, el Edil manifestó que hay que «dejar actuar a otro poder, a que se pueda transparentar y se eche luz sobre esta situación”. Precisó que no debe haber nadie «más interesado que nuestro espacio político en que esto termine de dilucidarse y cada uno tenga las responsabilidades que le competen de acuerdo a su accionar”.
Como hiciera en primera instancia con Varisco, el juez Ríos prohibió la salida del país al Concejal y le exigió la concurrencia una vez por semana al Juzgado. Una libertad con restricciones, tras la imputación por la adquisición de un kilogramo de cocaína, en una investigación que expuso los vínculos del poder político paranaense en el narcotráfico.
Los nuevos allanamientos, las anotaciones secuestradas en los operativos previos y la ampliación de la indagatoria a Luciana Lemos, ex pareja de Daniel Celis, cambiaron la situación de Gainza. Respecto a las últimas acusaciones, el abogado defensor, Humberto Franchi, remarcó que el Edil “ha declarado que la conoce, como lo conoce a Celis, por una cuestión política y por la intervención que tuvo esta persona en la actividad política, no por una cuestión e infracción a la ley de estupefacientes”. Destacó que lo más adecuado es «que se imponga el sobreseimiento. Pero amerita esperar los 10 días hábiles que tiene el juez para resolver”.
Ríos tiene 10 días para definir la situación de Gainza, en una causa que continúa su investigación sobre la financiación con fondos públicos de una banda criminal, con la cual los nexos vienen, al menos explícitamente, desde 2011.