A semanas del juicio, el represor Céparo pidió la prisión domiciliaria

El ex policía, suegro del vocal del STJ Emilio Castrillón, pretende estar en su casa mientras se desarrolle el juicio oral y público en su contra por crímenes de lesa humanidad. Argumenta razones de salud.

Por Alfredo Hoffman

Atilio Ricardo Céparo pidió la prisión domiciliaria, argumentando razones de salud, y el Tribunal Oral Federal de Paraná corrió vista a la Fiscalía para que conteste cuál es su posición al respecto. El TOF tiene en sus manos la causa en la que el ex policía entrerriano está acusado de crímenes de lesa humanidad, y desde el 26 de septiembre próximo tendrá a su cargo el juicio oral y público.

Céparo es oriundo de La Paz. Durante la última dictadura cívico militar se desempeñó como funcionario de la Policía de Entre Ríos, fuerza de la que fue separado por medio de un sumario en el cual se lo acusó de hechos de corrupción. Lo juzgarán por privación ilegal de la libertad, apremios ilegales e imposición de tortura, en perjuicio de una víctima.

Al momento de su detención, a fines de 2014, el hombre se desempeñaba como chofer del Superior Tribunal de Justicia de la provincia; trabajo que consiguió por su yerno, el vocal del STJ Emilio Castrillón, según el mismo juez reconoció en una reciente entrevista con Radio De la Plaza.

Desde que quedó preso, Céparo está alojado en la cárcel de Paraná. Según fuentes que conocen el expediente, tiene importantes vínculos con los grupos reivindicativos del terrorismo de Estado que actualmente impulsan, al menos, la flexibilización de los juicios de lesa humanidad; con mucho más énfasis desde la llegada al gobierno de la Alianza Cambiemos.

En su pedido de domiciliaria Céparo asegura que su salud ha desmejorado desde que se encuentra detenido en la Unidad Penal 1 de Paraná, se indicó a Agenda Abierta. Tiene 68 años, por lo cual no cumple con el requisito de la edad mínima (70 años) para obtener el beneficio del arresto hogareño; pero deberá evaluarse si su estado físico está lo suficientemente deteriorado como para no poder ser asistido médicamente en la cárcel, donde se encuentra desde el 18 de diciembre de 2014.

Un antecedente que podría pesar en contra de la domiciliaria es que se ha dado por probado que Céparo pretendió amedrentar a un testigo. En septiembre de 2015, la Cámara Federal le denegó un pedido de excarcelación; en esa resolución se tuvo en cuenta que Céparo intentó intimidar a un testigo mediante una carta documento que envió una de sus hijas y también mediante llamadas telefónicas que hizo la misma mujer.

Los hechos

La imputación le atribuye al acusado que la mañana del 23 de septiembre de 1976, en su carácter de oficial ayudante de la Policía de Entre Ríos con prestación de servicios en la División Despacho de la Jefatura Departamental Paraná, privó ilegítimamente de libertad a una ciudadana. Esto ocurrió en las instalaciones del sanatorio “La Entrerriana”, donde trabajaba la víctima. De allí la trasladó inmediatamente hasta la Jefatura Departamental de Policía de Entre Ríos, y posteriormente a la Comisaría del barrio San Agustín, donde se la mantuvo privada ilegítimamente de su libertad por el lapso de seis días aproximadamente. Durante ese tiempo también la trasladó desde la comisaría hasta la Jefatura Departamental, donde junto con otras personas la interrogó bajo aplicación de torturas. Estos delitos fueron realizados dentro del plan sistemático de represión ilegal que se desató en la Argentina, entre finales de 1975 hasta diciembre de 1983.