El mandatario entrerriano sostuvo que “las tarifas de luz y gas natural son responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional”, diferenciándose de los Diputados que ayer firmaron el dictamen para el tratamiento del proyecto que frena los aumentos, entre ellos Juan José Bahillo.
Tras el avance del proyecto unificado de los Diputados nacionales de la oposición, que retrotrae las tarifas al año pasado, las estabiliza por 12 meses y propone sujetarlas a los resultados de las paritarias, además de reducir en un 50% el IVA, un puñado de Gobernadores salieron a rechazar la posibilidad de que sea el Congreso quien determine la política tarifaria sobre los servicios públicos.
Se trata de Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Hugo Passalacqua, por Misiones; Juan Schiaretti, Córdoba; Juan Manzur, Tucumán, y Juan Manuel Urtubey, de Salta. Todos, con matices, plantearon que la decisión sobre las tarifas le corresponde al Ejecutivo nacional. De esa manera fueron incluidos por algunos medios nacionales entre los gobernadores cercanos a Mauricio Macri, con quienes el presidente se reunirá en breve para tratar el tema.
“El Congreso nacional no es el ámbito de definición de la política tarifaria energética, sino que es responsabilidad del Gobierno nacional que es quien debe hacerse cargo de sus decisiones” dijo el mandatario entrerriano.
Bordet ratificó que su gobierno reducirá cargas impositivas, aunque aclaró que ese cargo provincial es destinado exclusivamente a un fondo para obras energéticas, y que propondrá a los municipios tomar similar actitud con los impuestos locales incluidos en las facturas.
“En la Argentina, las tarifas de luz y de gas natural son responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional, no de los gobiernos provinciales ni del Congreso”, insistió y acotó que “en la provincia se puede reducir el fondo de desarrollo energético, que es el porcentaje de la factura de luz destinado a obras energéticas”, aunque aclaró que en ese caso “no se podrá seguir con el ritmo de obras”.
El Gobernador reiteró que habló “en más de una oportunidad de un esfuerzo compartido” y afirmó que harán “todo lo posible por reducir los efectos del incremento de tarifas en los sectores más postergados y en aquellas Pymes que ya no pueden sostenerse”.
“Son muchos los entrerrianos afectados en su economía familiar y que no pueden hacer frente a los incrementos”, afirmó.
Por su parte, Schiaretti afirmó que “la fijación de las tarifas de generación de energía eléctrica y de gas natural es responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional”, y alertó que “los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso de la Nación”.
“Lo que si hacemos quienes tenemos responsabilidades de gobierno es cuidar a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad”, aclaró el gobernador de Córdoba.
La particularidad de las declaraciones de Bordet y Schiaretti es que sus dos diputados nacionales, Juan José Bahillo y Martín Llaryora, respectivamente, firmaron el dictamen mayoritario del proyecto para frenar los aumentos de tarifas. Más áun, Llaryora fue uno de los principales impulsores de la iniciativa.
Al respecto, el gobernador de Salta consideró que “es un disparate pretender congelar o retrotraer las tarifas, es un disparate total” y advirtió que “lo de IVA, yo sinceramente creo que no es una salida. Bajar el IVA para sostener esto tampoco es una solución”.
Por último, Passalacqua manifestó que el tema tarifas “es potestad exclusiva del Gobierno Nacional, por lo tanto las Provincias no debemos invadir en una competencia que no nos pertenece”.
“Nosotros como espacio opositor a la Nación y, coherentes con esa línea, no avalamos la sanción de alguna ley que signifique un perjuicio al Presupuesto que ya fue sancionado oportunamente, y por otro lado un retroceso en materia de recursos fiscales para las provincias, como lo es la reducción del IVA en servicios públicos. No creemos que esa sea una solución viable”, señaló.
La posibilidad de que el proyecto llegue el próximo miércoles a la sesión en Diputados con altas chances de ser aprobado, ya que se necesita la mayoría simple de la Cámara, pone en aprietos al Gobierno nacional que, si bien adelantó a través del Jefe de Gabinete que vetará la ley llegado el caso, trata por todos los medios de evitar pagar el costo político de una medida antipática en un contexto de incertidumbre económica.