Brasil: El Supremo Tribunal Federal rechazó el hábeas corpus solicitado por Lula

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Con la votación empatada a cinco, la presidenta del STF, Carmen Lucia Antunes, terminó de configurar la ajustada mayoría que negó el recurso. El ex Presidente puede apelar y solicitar la suspensión de la ejecución de las penas.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) votó este miércoles en contra del habeas corpus preventivo, presentado por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, lo que abre paso a una orden de detención en su contra, que sería dictada por el juez Sérgio Moro.

Con la votación empatada a cinco, quien terminó de inclinar la balanza contra Lula fue la presidenta del STF, Carmen Lucia Antunes, quien terminó de configurar la ajustada mayoría que negó el recurso.

Mientras el STF votaba el habeas corpus, movimientos sociales y sindicatos se movilizaron por todo Brasil en defensa del expresidente y su derecho a ser candidato a las elecciones presidenciales de octubre, en las cuales figura como favorito según todas las encuestas.

Moro, el juez del caso Lava Jato, condenó a Lula en julio de 2017 a nueve años de prisión por el supuesto delito de corrupción pasiva y lavado de dinero.

En enero de este año, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), en Porto Alegre, ratificó la sentencia del juez Moro y condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión. El exmandatario ha denunciado el proceso como un persecución judicial en su contra liderada por el juez, para evitar su candidatura presidencial. La decisión de condena contra Lula fue dictada por un apartamento ubicado en una playa de Sao Paulo que supuestamente recibió el líder político de una empresa que tenía negocios con su Gobierno (2003-2010), pero dicha propiedad nunca ha estado a su nombre.

Como sigue la instancia judicial

El STF deberá notificar al Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre, que a su vez debe avisar al juez Sérgio Moro, quien es el encargado de dictar la orden de prisión a Lula da Silva.

Sin embargo, Lula puede apelar al Superior Tribunal de Justicia (STJ) o al propio STF para solicitar la suspensión de la ejecución de las penas. Su candidatura deberá ser decidida por la justicia electoral, por lo que no hay una relación directa con el fallo del STF sobre el habeas corpus.

El voto de la jueza Rosa Weber, que a la postre resultó decisivo era el principal interrogante en un Supremo fracturado en dos grupos antagónicos, con cinco jueces en contra, incluyendo la presidenta Lucia, y otros cinco a favor del líder petista.

Amenaza previa del ejército

Fuera del Palacio de Justicia una columna formada por militantes petistas y de movimientos sociales desplegó pancartas con la consigna “Lula Libre” en la Explanada de los Ministerios, la principal avenida brasiliensa. Un camión con parlantes de los que se utilizan en los desfiles de carnaval sirvió de palco al que se treparon diputados y sindicalistas, en su mayoría vestidos de rojo. Dirigentes repudiaron al comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas, por haber presionado a favor de la prisión en un comunicado en el atacó la “impunidad” y dijo estar junto a la “gente de bien”.

Otro grupo menos numeroso con camisetas amarillas de la selección, ubicado a unos trescientos metros de los petistas, soltó fuegos artificiales tras el voto de Rosa Weber. Los antilulistas recibieron con vivas al capitán retirado y precandidato presidencial Jair Bolsonaro, reivindicaron una intervención militar y elogiaron al jefe del Ejército. Bolsonaro reconoció que el pronunciamiento filo-golpista del general Villas Boas pudo haber tenido influencia y respaldó al “ partido del Ejército que se llama Brasil”.

El ataque comenzó el martes por la mañana cuando el diario Estado de San Pablo publicó una entrevista con el general retirado Luiz Gonzaga Schoreder Lessa, quien amenazó con una “reacción armada para restaurar el orden” si el Supremo concedía el hábeas corpus.

Villas Boas adhirió a la posición del general retirado Schroeder Lessa a través de un tuit en el que apenas disimuló su amenaza a los jueces que se inclinaran por Lula. El tuit, amplificado por la cadena Globo , fue el tema saliente de la agenda noticiosa desde el martes por la noche hasta minutos antes de iniciarse la sesión del Supremo, a las 14 horas de ayer. Lejos de cuestionarlo, el ministro de Defensa, general Joaquim Silva e Lima destacó la “coherencia” de Villas Boas y su apego a los “preceptos constitucionales”. En la misma tónica el ministro de Seguridad, Raúl Jungmann, dijo que no hay motivo para pedir explicaciones al titular del Ejército y que es menor a cero la posibilidad de un golpe. Algunos jueces que hablaron desde el anonimato reconocieron por la mañana de ayer que tomaron nota del apriete castrense.

La injerencia de Villas Boas fue cuestionada ayer por el abogado Roberto Batochio, defensor del ex presidente, poco antes del inicio del debate en el Supremo. “Creo que el lugar militares es en el cuartel, (ellos) tienen que cumplir su misión y la política quedar en manos de los políticos, así está organizada la república”, sostuvo Batochio. Anoche Batochiodeclaró que pediráaltribunalquese garantice lalibertad de Lula hasta que el STF se expida acerca de laconstitucionalidad deencarcelar a una personaantes de que se agoten las instancias jurídicas, o sea la cuestión de fondo, sobre la cual la corte no se pronunciado.

Si el ataque armado contra la caravana de Lula la semana pasada en Paraná había indicado un punto de inflexión en el uso de la violencia política de cara a las elecciones de octubre, la embestida de los militares marcó una nueva etapa del golpe que derrocó a Dilma Rousseff hace dos años. El golpe mutante, que nació como un artefacto mediático-judicial ahora cuenta con el sostén del partido militar. Ya se puede hablar de una constelación de fuerzas cívico-militar.

Las Fuerzas Armadas se tornaron un brazo determinante de una administración encabezada por un gobernante casi abstracto como es Temer, arrinconado por casos de corrupción sobre los que existen hartas evidencias. El último de ellos destapado la semana pasada cuando dos de sus hombres de confianza fueron detenidos por una red de corrupción vinculada al puerto de Santos, el más importante de América Latina.

Fuente: Telesur y Nodal