Paraná marchó por Memoria, Verdad y Justicia a 42 años del inicio de la dictadura

Miles de personas atravesaron la capital entrerriana en un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976. Hubo lectura de documento, escrache al camarista Gemignani e intervenciones artísticas. «Macri es impunidad», denunciaron.

Fotografías y producción audiovisual: Facundo Saavedra
Redacción: Mariano Osuna

Organismos de derechos humanos, junto a organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, del movimiento de mujeres, gremiales y de la disidencia sexual, se movilizaron este sábado en Paraná a 42 años del inicio de la última dictadura cívico-militar-clerical. Miles de personas se concentraron en la Plaza Sáenz Peña, donde se encuentra ubicado el Monumento a la Memoria de la artista Amanda Mayor, y marcharon hacia la Plaza Alvear. Recuerdo a entrerrianas y entrerrianos detenidxs-desaparecidxs, lectura de documento consensuado de la Multisectorial de Derechos Humanos y un cierre murguero con reivindicaciones colectivas, parte de las actividades. En el camino, las columnas escracharon al camarista Juan Carlos Gemignani, quien dejó en libertad a Blaquier (Ingenio Ledema) y Levín (La Veloz del Norte), tiene denuncias por violencia de género y confirmó condenas a Milagro Sala. Lee el documento completo.

 

Cánticos de lucha, consignas diversas, carteles contra el Gobierno nacional, pañuelos verdes, revindicaciones históricas y abrazos eternos, caracterizaron la columna de Memoria colectiva que se extendió por más de cinco cuadras. El negacionismo oficial, el vaciamiento de las áreas estatales de derechos humanos, el modelo económico, productivo y social que encabeza Mauricio Macri, la represión, la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias y las prisiones domiciliarias a genocidas, las demoras del Poder judicial que juegan a favor de la impunidad, el juzgamiento a la complicidad civil de la dictadura, la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, los casos de gatillo fácil de Rafael Nahuel y Facundo Ferreira, la exigencia de renuncias a Bullrich y Noceti y la legalización del aborto legal, fueron parte de la agenda visibilizada. También se criticó al gobernador Gustavo Bordet y se repudió a legisladoras y legisladores que votaron por la reforma previsional del oficialismo nacional. Además se cuestionó al intendente Sergio Varisco y se exigió la renuncia de Walter Rolandelli, abogado defensor del pediatra genocida Miguel Torrealday.

Los nombres de Héctor Gómez, Martín Basualdo, Romina Ituraín, Eloísa Paniagua y José Rodríguez también fueron recordados bajo la exigencia de Justicia, como también los de Julio López y Mariano Ferreyra.

En un pasaje del documento, leído por las activistas Alejandra Rueda, María Luz Piérola, Carla Bataglia y Cristela Piérola, se exigió la sentencia en la causa Capellino y la determinación de la fecha para el debate en la causa en donde se investiga la desaparición de Jorge Emilio Papetti.

Las intervenciones culturales fueron el cierre a una jornada atravesada por memoria, amor, dolor, lucha, verdad y justicia. En el comienzo se hizo un sentido homenaje a Ramiro Maradey, el vocalista de la histórica banda paranaense Acólitos Anónimos, comprometido socialmente y con los derechos humanos, quien falleció el 2 de febrero pasado. Una vez más su música se escuchó un 24 de marzo, como puente emotivo ante el reconocimiento de la multitud.

Por el escenario ubicado sobre calle Laprida, los grupos Misión Camila y Yasi Kau compartieron sus canciones. El cierre murguero estuvo a cargo de «Falta Tu Suegra», con un repertorio que reflexionó sobre estereotipos, exigió el aborto legal, recordó a Santiago Maldonado y cuestionó al intendente Sergio Varisco.

Escrache a Gemignani

Durante la marcha, en un bar en calle Buenos Aires y 25 de Junio, estaba el camarista Juan Carlos Gemignani. Cuando los presentes se dieron cuenta de la situación, eufemismo de provocación, comenzó un contundente escrache al juez que liberó a Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, uno de los responsables civiles más importantes de la dictadura, procesado por la privación ilegal de 29 personas durante el terrorismo de Estado. No casualmente, Gemignani también fue uno de los camaristas que confirmó la condena a Milagro Sala, una de las principales denunciantes de Blaquier en Jujuy.

En sus antecedentes, el juez también anuló el fallo contra Marcos Levín, dueño de la Veloz del Norte, otro cómplice empresarial de la dictadura, en una causa de delitos de lesa humanidad. Además, Gemignani fue denunciado por violencia de género por una de sus trabajadoras y confirmado por el entonces presidente de la Cámara Federal de Casación Alejandro Slokar. La marea colectiva que se movilizó en Paraná no lo dejó impune y lo escrachó durante varios minutos ante su mirada burlona.

 

El documento completo

Compañeras y compañeros. En cada rincón de la Patria e incluso en muchas partes del mundo el pueblo se moviliza hoy para repudiar enérgicamente el golpe de estado de 1976. Pero también se moviliza y repudia con la misma energía el programa de miseria planificada que ejecuta el gobierno de la alianza Cambiemos.

Miles y miles de paranaenses somos parte de esta enorme marcha del pueblo, que toma en sus manos su historia para enfrentar un presente duro de lucha y soñar un futuro de dignidad y felicidad para todos y todas.

Compañeras y compañeros. Hay que destacar que esta marcha, al igual que todas las demás, es una marcha multisectorial. Una marcha que se ha construido con la unidad de distintos sectores que buscamos los puntos de acuerdo y postergamos las diferencias. Unidad que se da en la calle, que es el lugar donde hace política el pueblo, es el lugar desde donde se tuerce el destino para ponerlo a favor de los más humildes y desprotegidos.

Es por eso que organizaciones estudiantiles, sociales, culturales, sindicales y políticas componemos esta multitudinaria movilización, en la que también hay una inmensa cantidad de ciudadanos que de manera independiente deciden salir a la calle para manifestar su repudio al Golpe.

Marchamos unidos porque el gobierno de la alianza Cambiemos lleva adelante un violento ataque contra los ingresos y el empleo. Porque este gobierno del PRO y la UCR es un gobierno de ricos. Es un gobierno contra los pobres.

Sobre principios fundacionales de unidad, solidaridad y organización se logrará torcer el rumbo de las políticas económicas y represivas del gobierno nacional.  No hay otro camino. Es el que estamos haciendo y recorriendo los distintos sectores del campo popular.

Compañeras y compañeros, este 24 de marzo volvemos a exigir juicio y castigo para los responsables militares y civiles, y para los cómplices, instigadores y beneficiarios del genocidio. Así como también para los que sembraron el terror desde antes del golpe, a través de la Triple A, el Comando Paraná y el resto de las fuerzas paraestatales.

Como todos los años, en esta fecha nos unimos en la lucha por mantener viva la memoria, por más que pretendan imponernos el olvido y la reconciliación desde el Gobierno, la Iglesia, los medios hegemónicos de comunicación y los grupos económicos. Marchamos para defender la verdad y derribar el muro de silencio, para que el grito de ¡30.000 compañeros y compañeras presentes! se transforme en la bandera que nos lleve a un país más inclusivo y con más derechos para todas y todos.

Esos rostros en esas pancartas representan el ejemplo de compromiso y militancia que hoy defendemos, aquí en esta plaza. Los compañeros y compañeras  desaparecidos fueron asesinados por sostener en las ideas y en las acciones, con su vida y su sangre, la construcción de un proyecto revolucionario de sociedad. Por haberse organizado en los barrios, sindicatos, universidades, comisiones vecinales, desde un principio absolutamente subversivo para las clases dominantes: la solidaridad.

Hoy nosotros estamos acá, con el cuerpo en la calle, recogiendo esa herencia de lucha y compromiso, la misma que nos transmiten los sobrevivientes del terrorismo de Estado, quienes se bancaron los centros clandestinos de detención y la cárcel, las torturas y el exilio; la misma lucha que parieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y todos los organismos de derechos humanos que nos enseñaron, a fuerza de una perseverancia imbatible, que lo imposible sólo tarda un poco más. Aquí estamos con la firme convicción de que es la movilización popular la que nos permitirá seguir avanzando en nuevas conquistas para nuestro pueblo.

Lejos de brindar garantías para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que tanto costó conseguir desde la recuperación de la democracia, el gobierno nacional busca restaurar la impunidad en la Argentina. La alianza Cambiemos está claramente en contra del proceso de Juicio y Castigo; expresa una patética nostalgia de los años en que los genocidas no le rendían cuentas al pueblo y sueña con un país en el que se vuelvan a colgar los cuadros de los dictadores.

El gobierno sostiene como secretario de Derechos Humanos a un funcionario como Claudio Avruj, que desconoce los compromisos internacionales asumidos por el país en la materia, que contribuye al negacionismo sobre los delitos de la dictadura y a la idea de una supuesta “guerra sucia”, desempolvando la Teoría de los Dos Demonios, desistiendo de querellas y omitiendo apelar las prisiones domiciliarias que solicitan los genocidas.

En el ámbito local, las autoridades son consecuentes con su pertenencia a esta alianza en el poder. El intendente Sergio Fausto Varisco también reviva la teoría de los dos demonios y el municipio de Paraná tiene como Secretario Legal y Técnico, a Walter Rolandelli, quien ejerce la defensa del médico Miguel Torrealday, especialista en robo de bebés, quien fuera uno de los responsables directos en la apropiación del Mellizo Valenzuela Negro. Por eso, con suma firmeza le decimos al intendente que este funcionario no puede permanecer ni un minuto más en su cargo, del mismo modo que le exigimos al presidente Mauricio Macri la renuncia de Avruj.

En sintonía con el negacionismo y la impunidad que impulsa el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del beneficio del 2×1 a los genocidas. Miles de personas salimos a repudiar ese fallo en todo el país y así se logró la sanción y promulgación de la ley que establece claramente que ese beneficio no debe otorgarse a personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Esta ley, que fue sancionada y promulgada en 48 horas, hecho histórico en nuestro país, respondió exclusivamente a la rápida respuesta de la movilización popular. Movilizados y en la calle logramos también que ¡Echecolatz vuelva al penal de Ezeiza, de donde nunca debió haber salido!

Pero el Poder Ejecutivo Nacional sigue insistiendo y en una clara injerencia en el Poder Judicial, nuevamente intenta garantizar la impunidad, con la excusa de la superpoblación carcelaria y solicita solapadamente que se le otorgue la prisión domiciliaria a un centenar de represores.

Por eso seguimos exigiendo cárcel común para los genocidas, decimos basta al otorgamiento irrestricto de los arrestos domiciliarios para quienes perpetraron los crímenes más aberrantes de nuestra historia contemporánea y que la Corte Suprema de Justicia revierta el criterio establecido en el fallo Muiña.

Es necesario dejar en claro, como ya lo expresamos hace un año en esta plaza: nos gobiernan los grupos de poder que hace 42 años sostuvieron el terrorismo de Estado, los que todavía no terminamos de sentar en el banquillo de los acusados ante los Tribunales. Niegan el genocidio porque no quieren autoincriminarse. Al mismo tiempo, el Poder Judicial contribuye a que estos sectores permanezcan impunes. Han construido un blindaje para los civiles que también fueron responsables de delitos de lesa humanidad. Tales fueron los casos de los sobreseimientos de los empresarios Marcos Levin, Carlos Pedro Blaquier, Vicente Massot y Héctor Magnetto.

Compañeros y compañeras: el reclamo al Estado Nacional por la implementación de políticas de Memoria, Verdad y Justicia es y ha sido producto de una lucha histórica del movimiento de derechos humanos en Argentina.

Fue esa lucha incansable, por convertir los reclamos históricos en políticas de Estado, la que posibilitó avanzar en un proceso de memoria, verdad y justicia, allí donde había olvido, mentira e impunidad. Este tipo de políticas son fundamentales porque permiten sanar una herida colectiva del conjunto del pueblo argentino, y de las víctimas directas en particular.

Por eso, le queremos dejar algo en claro al gobierno de Cambiemos: los derechos humanos son y seguirán siendo una lucha inclaudicable y no pensamos dar ni un paso atrás.

La persistencia de la madres y abuelas y de todo el movimiento de Derechos Humanos todavía da sus frutos: una auténtica victoria que nos toca de cerca es la restitución de la identidad de Adriana, la hija de los detenidos desaparecidos Edgardo Garnier y Violeta Ortolani. El abrazo de ella con su abuela Blanca, en Concepción del Uruguay, un abrazo que se demoró cuatro décadas por culpa del terrorismo de Estado, es también un abrazo colectivo, reparador y esperanzador. Es el mismo abrazo que festejaremos cada vez que encontremos a otro nieto o nieta; y también cuando el Melli, nacido en el Hospital Militar de Paraná, hijo de los militantes montoneros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, se reencuentre con su hermana melliza Sabrina, sus hermanos Sebastián y Matías y toda su familia biológica. Exigimos a los civiles y militares responsables del plan sistemático de robo de bebés que rompan el pacto de impunidad y hagan su aporte a la verdad. Exigimos al Tribunal Oral Federal de Paraná que juzgue y condene a los médicos propietarios del Instituto Privado de Pediatría por haber suprimido la identidad y la historia familiar de los hijos de Raquel y de Tulio. A Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, una vez más, les preguntamos, les exigimos que expliquen: ¿a quién le entregaron el Melli?

Le gritamos bien fuerte al Poder Judicial Federal de Entre Ríos que la justicia lenta es impunidad! Exigimos sentencia en la causa Capellino, y que se fije fecha para el debate en la causa en donde se investiga la desaparición de Jorge Emilio Papetti, y la privación ilegal de la libertad y tormentos de los que fueron víctimas muchos compañeros y compañeras. ¡Estas causas que llevan abiertas más de 8 años!

Es imperante la necesidad de acelerar los juicios, el tiempo juega en contra de la verdad y la justicia. ¿Qué les dirá el Poder Judicial a cientos de testigos que esperaron más de 30 años para contar lo vivido y lo muerto y ahora aquellos a quienes identifican como los responsables de esos hechos están fallecidos? Pedimos la unificación de las causas ya radicadas en el juzgado federal de Paraná en donde muchos compañeros y compañeras denunciaron haber sido detenidos de manera ilegal por personal de la policía provincial y que se lleve a cabo una investigación seria para dar con todos los responsables. Seguimos exigiendo la apertura de todos los archivos de la dictadura, herramientas fundamentales para la lucha contra la impunidad.

Nosotros sabemos, compañeros y compañeras, que la política de olvido del gobierno mantiene una coherencia con su programa económico y con el carácter represivo de las fuerzas de seguridad. Porque hoy, como ayer, el ajuste sobre las trabajadoras y trabajadores no puede llevarse adelante sin represión. Pero también sabemos que la organización y la movilización popular es nuestra mejor herramienta para enfrentar ese programa que, como el de la dictadura, hunde en la miseria planificada a millones de compatriotas.

El presidente Mauricio Macri utiliza a las fuerzas de seguridad para que las balas, los gases, los carros hidrantes y las detenciones arbitrarias sean las únicas respuestas a la protesta. Recién asumido, el Gobierno Nacional impuso un protocolo de actuación en las manifestaciones que no solo criminaliza la protesta, sino que limita la labor de los periodistas. Dejó entonces un claro mensaje: la manifestación social y política serán perseguidas durante el macrismo. Seguimos exigiendo el inmediato desprocesamiento de más de 4.000 luchadores y luchadoras sociales y populares en todo el país y la inmediata derogación de la “ley antiterrorista” que es la base de los protocolos anti piquetes de la ministra Bullrich. Demandamos el fin de la persecución política, judicial y mediática y todo tipo de acción intimidatoria a quienes representan sectores enfrentados al oficialismo, y del hostigamiento a quienes se expresan en contra del Presidente en las redes sociales. ¡Hoy la libertad de expresión no está garantizada en Argentina!

La represión de la protesta como política de Estado tuvo a su desaparecido: Santiago Maldonado. Su desaparición forzada seguida de muerte y su “aparición forzada” fueron responsabilidad de Gendarmería, es decir, del Estado, ya que murió cuando era perseguido a balazos por ejercer el derecho a reclamar, en su caso participando de un corte de ruta. El Estado también es responsable del asesinato de Rafael Nahuel, baleado por la espalda por Prefectura también en el contexto de una manifestación. Ambos crímenes siguen impunes. Exigimos juicio y castigo a los responsables materiales y a los responsables políticos, y la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su jefe de Gabinete, Pablo Noceti.

Apoyamos la lucha del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios por la posesión de las tierras que ancestralmente les pertenecen y por su autodeterminación. Rechazamos con todas nuestras fuerzas la estrategia gubernamental, en sociedad con los medios hegemónicos, de crear la figura del enemigo interno, encarnada en este caso en los mapuches, como método para justificar la concentración del territorio y más y más represión para nuestro pueblo. No a la extradición de Facundo Jones Huala.

Repudiamos enfáticamente la continuidad de las detenciones arbitrarias de luchadores sociales y populares y de dirigentes políticos opositores, que son llevados a prisión sin procesamiento y en algunos casos, incluso sin haber prestado declaración indagatoria. Demandamos el desprocesamiento de las personas detenidas por participar de movilizaciones contra las medidas del gobierno; la liberación de los presos políticos; el fin de la persecución política, judicial y mediática a quienes representan sectores enfrentados al oficialismo.

Exigimos con nuestra mayor fuerza la inmediata liberación de Milagro Sala y los compañeros tupaqueros. Milagro lleva detenida màs de 700 días de forma injusta e ilegal por el gobierno radical (alianza Cambiemos, UCR, PRO, Frente Renovador) de Gerardo Morales en complicidad con el Poder Judicial de la provincia de Jujuy y de la Nación. Desconocen a los organismos internacionales de Derechos Humanos, se colocan por fuera de las normas internacionales e ignoran los principios en materia jurídica, al tiempo que aíslan las instituciones nacionales de todo avance en materia de derechos humanos a nivel internacional. Hay una paradoja que describe perfectamente a este gobierno: mientras una luchadora social como Milagro está presa, el genocida Carlos Pedro Blaquier, socio de la dictadura en Jujuy, está libre. El empresario está acusado por crímenes de lesa humanidad por la desaparición de veinte obreros de su ingenio Ledesma durante «La Noche del Apagón», y hoy es un aliado y socio de Morales y de Macri. Blaquier es parte del bloque de poder empresarial al que responden el presidente, el gobernador jujeño y el Poder Judicial.

El gatillo fácil, como práctica represiva de desprecio por la vida y de impunidad, es y ha sido siempre una problemática vigente en Argentina. Estamos atravesando un momento histórico en el que las prácticas de violencia estatal llegan a límites impensados, luego del retorno de la democracia. Así, generaron un clima más propenso para que las policías puedan dar rienda suelta a las prácticas violentas. Crearon un discurso securitario que busca legitimar la gestión de un gobierno que desemplea y hambrea a su pueblo.

Porque cuando el gobierno nacional ampara a policías como Chocobar está erigiéndose como restaurador de un orden conservador en donde el pedido expreso de “meter bala a los delincuentes” va dirigido a las policías y donde trata de hacer efectiva la capacidad de fuego que define al Estado en defensa de la propiedad privada. También esas balas policiales se cobraron la vida de Facundo Ferreira en Tucumán.

Para garantizar la impunidad de los uniformados que cumplan ese pedido, se aprieta a jueces y fiscales, en una clara injerencia al Poder Judicial y que busca conseguir la legitimidad del uso de la violencia como resolución de conflictos.

Cuando el contexto político lo favorece, recrudecen los episodios de violencia institucional. La Policía de Entre Ríos actúa cada vez con mayor violencia y arbitrariedad, somete a los jóvenes a apremios ilegales, sobre todo a los pertenecientes a los barrios más humildes, y hay comisarías de nuestra provincia en las que se practica la tortura. Exigimos pleno respeto por los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, sometimiento de la policía al control y conducción política, derogación de la inconstitucional Ley de Contravenciones y la reglamentación el Mecanismo de Prevención de la Tortura creado por ley en 2017 que permite inspeccionar las cárceles y erradicar condiciones indignas de detención en nuestra provincia.

Exigimos el inmediato esclarecimiento del caso ocurrido hace pocos días en una celda de la Jefatura de Policía Victoria. Allí Ignacio Pereyra, de 18 años, fue encontrado sin vida en un aparente suicidio, y sus familiares denuncian que sufrió apremios ilegales y su detención fue arbitraria.

También seguimos reclamando justicia por las desapariciones en democracia de Héctor Gómez y Martín Basualdo y el asesinato de Totín Perez, aparición de los restos de Elías Gorosito y el enjuiciamiento de los responsables políticos de los asesinatos de Romina Iturain, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez, ocurridos en diciembre de 2001 en Entre Ríos.

Del mismo modo pedimos justicia por el asesinato de Luciano Arruga en manos de La Bonaerense, prisión común y efectiva para Pedraza y juicio y castigo para todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra. ¡Nos sigue doliendo la ausencia de Jorge Julio López, que volvió a desaparecer en septiembre de 2006 y pedimos ¿saber dónde está?! Y seguimos exigiendo justicia efectiva por el asesinato de nuestra compañera Silvia Suppo.

Por todo esto que venimos relatando decimos que Macri es impunidad. Y la Alianza del Pro y la UCR y todos aquellos dóciles a sus políticas antipopulares garantizan la violación de los derechos humanos elementales del pueblo.

El programa económico que impulsa el gobierno nacional tiene como eje lograr una inmensa transferencia de riqueza desde los trabajadores y el pueblo hacia los grupos económicos más concentrados, los grandes empresarios. Mientras banqueros, especuladores, empresarios del agronegocio y las actividades extractivas, terratenientes, entre otros, ven crecer su patrimonio a velocidad récord, los trabajadores y sectores populares hemos sufrido la pérdida de poder adquisitivo más pronunciada de todos los países del cono sur de latinoamérica.

El anunciado programa de reformas anti populares, entre las que se encuentran la Reforma Tributaria y el Pacto Fiscal, la Reforma Laboral y la Reforma Previsional, busca dar un salto cualitativo en este camino. Para avanzar en este sentido, el gobierno de Macri se aseguró la complicidad de gran parte de la cúpula de la CGT, que promocionó abiertamente la Reforma Laboral, y de los gobernadores con quienes firmó el Pacto Fiscal y quienes aseguraron el apoyo de los legisladores nacionales a la ley de Reforma Previsional. La estafa a los jubilados consumada en diciembre fue posible gracias a la complicidad de estos sectores. Mientras el pueblo se movilizaba en la calle y era bestialmente reprimido en una verdadera cacería humana por parte de las fuerzas represivas del Estado, dentro del recinto legislativo se consumaba un asalto a los bolsillos de uno de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad. Denunciamos desde aquí a los diputados Mayda Cresto, Juan José Bahillo, Atilio Benedetti, Yanina Gayol, Marcelo Monfort, Jorge Lacoste y Alicia Fregonese, y a los senadores, Alfredo de Angeli, Sigrid Kunath y Pedro Guastavino, que acompañaron con su voto este saqueo. Denunciamos también la responsabilidad del gobernador Gustavo Bordet por su aval dado a estas políticas regresivas.

No podemos dejar de mencionar y repudiar como parte de estas medidas el reciente Decreto de Bordet que lleva el Nº  97/18, dictado con evidente espíritu represivo, que intenta regular la actividad sindical e impedir la discusión colectiva pública de los problemas laborales entre los trabajadores estatales. Este decreto no hace más que inscribirse en la tendencia de subordinación que la mayoría de los gobernadores e intendentes practica respecto de las líneas centrales bajadas por el gobierno nacional. Pero tampoco podemos dejar de decir que el rechazo generalizado y un evidente y vergonzoso avasallamiento de derechos constitucionales llevó al gobierno provincial a anunciar su revisión. En este contexto de derechos vulnerados debemos oponernos a  la odiosa presión ejercida desde los poderes centrales y aceptada por los gobiernos provinciales y municipales de imponer salarios por debajo de la inflación prevista y, sobre todo, muy por debajo de los escandalosos incrementos de los servicios y bienes de primera necesidad, presión también que se ejerce para terminar con los regímenes previsionales que aún subsisten en algunas provincias –como la nuestra– y que todavía garantizan el 82% móvil a los jubilados y pensionados.

Estamos atravesando una época de endeudamiento serial, Argentina se endeuda a mil dólares por segundo, superando el ritmo de endeudamiento que padecimos durante la última dictadura cívico militar. El gobierno nacional emitió bonos en dólares a 100 años, a un interés altísimo, una deuda que vamos a pagar entre todos en moneda que no es la propia. Todo esto en beneficio de los grandes fondos de inversión y en una clara maniobra ruinosa para nuestro pueblo. Entonces dejaremos de hablar de deuda externa para hablar de deuda eterna que necesariamente terminará con una crisis económica que siempre  trae aparejado más ajuste, más represión y más muertes.

Las políticas de ajuste que impulsa el gobierno de Macri forman parte de una dinámica global del capitalismo que busca sortear sus crisis intensificando la explotación de los pueblos y los territorios. La contrarreforma laboral en Argentina tiene su espejo en las reformas de Brasil, Francia y otros países del mundo. Todas ellas apuntan a incrementar la tasa de ganancia empresarial en detrimento de derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras.

Las amenazas de intervención militar en Venezuela, no son otra cosa que una estrategia imperial para intentar entrar a través de las armas en nuestro continente. Sus intenciones son claras: quieren expropiar las riquezas de los pueblos y los recursos naturales, quieren que seamos su patio trasero, quieren instalar su dominación ideológica, económica y política sobre los pueblos de Nuestra América. Tal como buscaron hacer los imperios hace cinco siglos, y ante los cuales nuestros pueblos ofrecen numerosas resistencias y batallas.

Hoy estamos ante un nuevo avance, ante una nueva ofensiva imperialista de Estados Unidos sobre el continente, en la que están involucrados los poderes judiciales y los medios de comunicación hegemónicos de nuestros países del Sur. No es casualidad el golpe institucional a Lugo, a Zelaya en Honduras, el golpe a Dilma y la instalación del gobierno de facto de Temer en Brasil. Lo que sucede en Brasil, no es casualidad: las instituciones judiciales, el gobierno de Temer y las fuerzas represivas del Estado avanzan sin respeto por los derechos y garantías constitucionales. Así avanzan sobre referentes populares de la oposición como Lula Da Silva, con el fin de proscribir su candidatura en las próximas elecciones; o sobre la vida de luchadora/es populares como Marielle Franco que fue asesinada recientemente por ser una concejala feminista de Río de Janeiro, por ser negra, mujer, feminista, socialista, lesbiana, nacida en una favela, por ser una luchadora por los derechos humanos. Por eso, Denunciamos con gran énfasis la militarización de Río de Janeiro y el recrudecimiento de la política represiva del Estado que tiene el claro objetivo de perseguir, criminalizar y asesinar a luchadores populares y referentes políticos de la oposición. Repudiamos todo intento imperialista por avanzar en los países de nuestra América y el mundo.

¡Sí a la autodeterminación y la soberanía política y económica de nuestros pueblos!

A 36 años de la guerra del Atlántico Sur debemos alertar sobre el peligro que supone la política de entrega de la soberanía nacional del gobierno de Macri. Sumamos nuestra voz a la de los combatientes y denunciamos un nuevo proceso de desmalvinización en pos de favorecer las relaciones comerciales con Gran Bretaña. Exigimos que se continúe con la política de identificación de los caídos enterrados en el cementerio de Darwin, política que cuenta con el apoyo de la Cruz Roja internacional. No permitiremos el olvido de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la oficialidad contra los soldados y colimbas durante el conflicto y seguimos acompañando la presentación ante la CIDH para que se investiguen las cientos de denuncias presentadas en los juzgados de Tierra del Fuego.  Reafirmamos el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Asimismo, remarcamos la necesidad de que se investigue y se esclarezca lo sucedido con el submarino ARA San Juan, que el gobierno respete a los familiares de las víctimas y encuentre a la nave hundida, y que el Poder Judicial condene a los responsables civiles y militares de esta tragedia, tanto argentinos como eventualmente de otros países.

Rechazamos la instalación de bases militares de Estados Unidos en nuestro país. Denunciamos que el gobierno le abre la puerta a la injerencia imperialista con la excusa del combate contra el terrorismo y el narcotráfico, como se piensa hacer en la Triple Frontera.

Los Derechos Humanos de mujeres, lesbianas, travestis y trans son sistemáticamente vulnerados por este sistema capitalista y patriarcal. Por eso, este 8 de marzo por segunda vez el movimiento de mujeres y movimiento de obreras de todo el mundo se unieron en un solo grito para decir ¡basta! ¡Vivas nos queremos!

Hace mucho tiempo, y en todo el mundo, las feministas venimos diciendo que el aborto es una problemática de salud pública y un derecho humano que ha venido siendo sistemáticamente negado. El aborto no puede ser un privilegio al que acceden algunas porque pueden pagarlo, mientras otras mueren. La Organización Mundial de la Salud, dice que el aborto es un derecho humano, y por eso gritamos: ¡ningún derecho humano puede estar en el código penal! Ningún derecho humano puede plebiscitarse! Ninguna debe ir presa y ni terminar muerta por el derecho a decidir.

Exigimos que se apruebe la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso Nacional, para que las personas gestantes –mujeres y varones trans– de nuestro país podamos decidir sobre nuestros cuerpos y abortar seguras y de manera gratuita. Asimismo, pedimos por la ejecución de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en todo el país y en nuestra provincia en particular, para que sea efectivamente implementada, con presupuesto suficiente y esencialmente laica. Exigimos también la inmediata aprobación de la ley provincial de emergencia en violencia de género.

Exigimos a los poderes del Estado que promuevan la equidad de género en todos sus ámbitos para erradicar el machismo patriarcal y la heterosexualidad obligatoria, que son el origen de la violencia y la exclusión cotidiana, de la trata, de los feminicidios, lesbicidios y travesticidios que sufren nuestros cuerpos de mujeres, lesbianas, travestis y transexuales. ¡El machismo mata! ¡Ni una menos! ¡Estamos organizadas luchando contra la opresión que recae sobre nuestras vidas! ¡Nosotras sabemos que el tiempo de la revolución es ahora! ¡Vivas y libres nos queremos!

Asimismo, los gobiernos y corporaciones intentan avanzar en el saqueo, el despojo y la contaminación. La resistencia de los pueblos se hace indispensable para defender el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Denunciamos al modelo productivo extractivista que se impulsa a nivel nacional y se aplica en todas las provincias y en Entre Ríos tiene la expresión en las consecuencias que ya sufrimos a raíz del agronegocio. Rechazamos la sanción de la ley provincial de agrotóxicos, que reduce las distancias de fumigación. Basta de agrotóxicos y transgénicos. La alternativa es la Agroecología y que sean las poblaciones las que decidan qué y cómo producir. No más políticas al servicio de las ganancias de unos pocos. Defendamos el acuífero guaraní.

Compañeras y compañeros: las jornadas del 14 y 18 de diciembre demostraron la capacidad de resistencia del pueblo movilizado. Que se vio nuevamente en las calles contra la prisión domiciliaria a Etchecolatz, en una plaza de mayo colmada en enero exigiendo la liberación y desprocesamiento de los detenidos durante la represión en el Congreso, en las multitudinarias movilizaciones populares 15 y 21 de febrero, en los miles de docentes que se movilizaron el 5 de marzo al Ministerio de Educación, y en la espectacular fuerza del Paro Internacional de Mujeres del 8 de Marzo.

Ante el sistemático plan del gobierno macrista de persistir en la destrucción de derechos que llevaron décadas de lucha, de llevar miseria a millones de compatriotas, de la pérdida de miles de empleo y la transferencia de inmensos recursos a los más poderosos, se ha tornado hoy una obligación de los dirigentes y de todos los militantes populares el encontrar la necesaria unidad hacia la conformación de un gran frente de lucha multisectorial. Esta necesidad de unidad en la acción para luchar juntos así lo indican, además, los ejemplos de medidas y acciones oficiales que a diario aparecen bajo formas directas o solapadas  dirigidas a la persecución o desprestigio público de las organizaciones del pueblo y sus dirigentes, con la evidente intencionalidad de dividir, impedir o entorpecer la solidaridad popular en defensa de los intereses colectivos.

Reafirmamos cada uno nuestras pertenencias y nuestras identidades, nuestras historias colectivas, nuestras banderas, y al mismo tiempo unimos fuerzas para frenar el avance de la derecha, que jaquea nuestras conquistas y amenaza nuestra lucha con más opresión.

Este 24 de marzo, nos encuentra unidos bajo las banderas históricas de Memoria, Verdad y Justicia. Para volver a cerrar las rejas a los genocidas. Para frenar el programa económico que, al igual que el de la dictadura, nos impone una miseria planificada. Para reforzar la lucha y la organización resistiendo a la represión. Para defender el Nunca Más. Para que tengamos una ciudad, una provincia y un país en que quepamos todas y todos. Para honrar la lucha de los compañeros y compañeras a quienes el terrorismo de Estado hizo desaparecer. Para abrazar a aquellas mujeres que nos enseñan a luchar desde hace 42 años y como nuestra querida Clarita Fink, siguen esperando noticias de sus hijos e hijas.

¡Basta de ajuste y represión del gobierno nacional y los gobernadores!

¡Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel!

¡No a la “doctrina Chocobar” y el gatillo fácil!

¡Libertad a los presos políticos. No a la persecución a Arakaki, Ponce y Romero. Cierre de las causas a las luchadoras y luchadores!

¡Libertad a Milagro Sala!

¡Por todos los derechos de las mujeres!

!Basta de entrega. No al pago de la deuda externa!

¡Apertura de todos los archivos de la dictadura!

¡Restitución de los jóvenes apropiados!

¡El único lugar para un genocida es la cárcel común!

30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos

PRESENTES!

AHORA Y SIEMPRE