Movilización en Plaza de Mayo contra la persecución a opositores

Luego de la detenciones pedidas por el juez Bonadío a ex funcionarios y dirigentes sociales, hubo una autoconvocatoria por el estado de derecho. El repudio de la oposición, la palabra de Cristina Fernández y las posturas entrerrianas.

En la madrugada de este jueves se ejecutaron las detenciones del ex secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Héctor Timerman y los dirigentes sociales Luis D’elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil. También el juez Bonadío, que tiene la causa por el Memorándum con Irán, pidió el desafuero y la detención de la ex presidenta Cristina Fernández. La electa senadora realizó una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, junto al bloque de legisladores del FPV-PJ y el partido justicialista. Se llevará la situación a los organismos internacionales de derechos humanos. Desde el Frente de Izquierda al Frente Renovador repudiaron el fallo judicial y alertaron sobre la institucionalidad de la democracia. Una movilización plural se concentró en Plaza de Mayo para visibilizar el escenario actual. En Entre Ríos, los bloques de diputados y senadores del Partido Justicialista y la Liga de Intendentes Justicialistas, se sumaron a los rechazos.

«Es una causa inventada sobre hechos que no existieron. No hay causa, no hay delito, no hay motivo. Bonadio lo sabe, el gobierno lo sabe, Macri lo sabe», afirmó la ex Presidenta de la Nación en conferencia de prensa. Adelantó que «es posible que acuda a un tribunal internacional, seguramente. Además de ser un disparate jurídico, estamos ante un hecho de política exterior y de un memorándum de entendimiento que se produjo en un marco jurídico internacional».

Fernández denunció que «Macri es el máximo y verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición. Es el director de la orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial». Señaló que esto «es una gran cortina de humo que pretende intimidar, asustar a la población, para disciplinar. También buscan tapar el hecho de que se está fracasando en las políticas económicas del gobierno. Y por último busca provocar, busca una reacción política que pudiera ser usada para construir la idea de que hay un enemigo interno, porque no quieren que nuestra voz esté en el Senado».

Sobre la causa, sentada entre Agustín Rossi, nuevo presidente de bloque del FPV, y José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista, detalló que «Bonadio sostiene que los dos atentados terroristas –el de la Embajada de Israel y el de la AMIA- son actos de guerra, que no son atentados terroristas. Porque esa es la única manera que encontró en su mundo jurídico muy particular de utilizar la figura de traición a la patria, que solamente puede producirse cuando el país está en guerra». Advirtió que continuará «haciendo lo que siempre hice: defender los intereses de los trabajadores. Durante nuestros gobiernos, nunca ningún legislador se tuvo que verse obligado a votar una norma que le quitara derechos a trabajadores, jubilados u otro sector».

Rechazos opositores

Distintos dirigentes de la oposición se refirieron a la decisión de Bonadió, y al contexto en el que se dieron sucesivas prisiones preventivas a ex funcionarios del Gobierno anterior. “Esto es un problema de los ciudadanos. Convoco a toda la ciudadanía a ponerse en estado de alerta, es gravísimo. Hay que despertarse, hay que defender el estado de derecho, le costó la vida a miles de personas», disparó Alberto Fernández, alineado en los últimos tiempos a Florencio Randazzo aunque previamente fue parte del armado nacional de Sergio Massa. «Hoy le toca a Cristina Kirchner y mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros. No hay que ver cómo reaccionan los políticos, hay ver cómo reacciona la sociedad», puntualizó.

«¿Traición a la Patria? Una locura que solo un no-juez como Bonadío puede usar para hacer los deberes. Y vengarse», afirmó el ex gobernador de Buenos Aires Felipe Solá, actual legislador nacional por el Frente Renovador. El Movimiento Evita, mediante un comunicado, expresó su absoluto repudio «ante las detenciones arbitrarias que se vienen llevando a cabo, porque no respetan el debido proceso y carecen de sustento legal. Se encuadran en el marco de una persecución sistemática contra líderes de la oposición política, social y sindical, violando las garantías elementales que fija nuestra Constitución Nacional».

«Estamos ante la construcción de un estado de excepción», disparó Marcelo Ramal, dirigentes del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Detalló que en su momento «criticamos el memorándum con Irán», aunque señaló que ese «es un debate político» en el que no debe intervenir la Justicia. Evaluó que «la decisión de criminalizar la decisión política de un Estado es parte de un estado de excepción». Por su parte, Facundo Moyano explicó que es “importante que se haga justicia en la causa AMIA. Pero estas detenciones parecen más una avanzada judicial que una búsqueda de la verdad”. También apuntó hacia el juez al destacar que “no respetó los debidos procesos. Sus argumentos carecen de sustento legal y tienen un claro tinte político”.

Repudios sindicales

“Ante la subversión del orden constitucional, en defensa del estado de derecho y la democracia” es el título del documento que consensuaron la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), las dos CTA, el secretario Gremial de la CGT, Pablo Moyano junto a una serie de regionales de la central obrera y organizaciones sociales, en referencia al pedido de desafuero y posterior detención de la senadora que asume el lunes. El texto de la Multisectorial Federal, como se denomina este nucleamiento, sostiene que la decisión de la justicia federal “configura una estrategia destinada no solo a destruir toda oposición real sino también restringir la libertad que requiere la vida en democracia”. En ese sentido convocan a la unidad y movilización popular.

Además de expresar el repudio y la preocupación “por la gravedad que reviste la utilización arbitraria de resoluciones judiciales”, la Multisectorial advirtió que lo ocurrido demuestra la decisión de judicializar decisiones políticas que “no son susceptibles de serlo y la violación en todos los casos de las garantías individuales”.

El documento advierte que esta sucesión de hechos es la prueba de que “se está subvirtiendo el orden constitucional que coloca a la sociedad en una estado de absoluta vulnerabilidad ante los poderes fácticos”. Por otra parte remarcan que hay un retorno a otros tiempos de la sociedad argentina al señalar que “hay persecución de opositores, organizaciones sociales y sindicales. Una muestra de esto es que ya hubo dos asesinatos y crece el número de presos políticos”.

Movilización a plaza de Mayo

La concentración en plaza de mayo comenzó en horas tempranas, cuando la Asociación de Madres de Plaza de Mayo arrancó su ronda de los jueves y su Marcha de la Resistencia por 24 horas. Las columnas autoconvocadas, en distintos horarios, fueron llegando a la movilización para confluir en los reclamos colectivos. Organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, del movimiento de mujeres, sindicales, educativas, barriales y gremiales fueron llenando la histórica plaza.

 

El repudio entrerriano

«El bloque de Diputados del Partido Justicialista de Entre Ríos expresa su enorme preocupación por el irrespirable estado de persecución política que se vive en el país y que ha tocado un nuevo y amenazante pico con la última cacería por la cual han caído presos altos funcionarios del anterior gobierno como también dirigentes sociales», destacó el comunicado enviado a Agenda Abierta. Se denunció que el presidente Mauricio Macri «demuestra su sesgada concepción democrática. Quiere gobernar sin oposición. La persecución que judicializa la política argentina se sustancia en su totalidad con hombres y mujeres que expresan a un alto porcentaje de la sociedad argentina que no está de acuerdo con este gobierno. Y eso no es malo, es intrínseco al sistema democrático. Sin oposición no hay democracia».

Se alertó que estas decisiones «del más alto eslabón del poder político, ejecutadas por jueces parciales y atizadas por los medios hegemónicos pervierten el sistema penal toda vez que judicializan decisiones políticas tomadas dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones y de acuerdo a sus juicios de valor en un momento determinado de la historia». Se advirtió, sin perjuicio de reclamar el respeto a rajatabla del debido proceso y de la imparcialidad judicial para todos los acusados, del peligroso clima antidemocrático que crean estas determinaciones y la fuerte y legítima sospecha de que se trata de venganzas políticas disfrazadas de resoluciones judiciales, lo que trastoca absolutamente la noción del estado de derecho en el país».

El bloque de Diputados entrerrianos del Partido Justicialista rechazó la decisión de Bonadío «por arbitraria, por contaminada de política y por funcional a los intereses de un gobierno que a todas luces se muestra incapaz para encauzar la vida del país la resolución del juez Bonadío contra miembros del que fuera nuestro gobierno nacional y advertimos sobre lo que a todas luces aparece como la privación ilegítima de la libertad de ciudadanos argentinos y el vergonzoso acoso judicial contra una ex Presidenta de la Nación».

También el bloque de Senadores provinciales del Partido Justicialista denunció “la situación que está atravesando el país, no solo desde lo económico y social, sino especialmente en lo que hace al accionar judicial y político del gobierno nacional, que se ha dedicado a perseguir a funcionarios del anterior gobierno democrático, como así también, desde el inicio de la actual gestión, a dirigentes sociales”. Se repudió «la persecución política a los dirigentes opositores» y se advirtió que «parecería que solo las instituciones funcionan contra ellos (los opositores) y no contra los funcionarios del actual gabinete nacional que han sido denunciados judicialmente en su mayoría”.

En el comunicado se expresó que no es «una buena práctica democrática prejuzgar, utilizar a la justicia para perseguir opositores, ni buscar la condena social o condenar con anticipación a que funcionen las instituciones. Pareciera que contra dirigentes opositores se ha invertido el principio del derecho penal de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por el de ser culpable hasta que pase el tiempo y se demuestre la inocencia, y buscando el escarnio y la condena social como principal objetivo”.

“Necesitamos que gobiernen basados en los principios democráticos donde el accionar de las instituciones y la convivencia democrática deben primar.
Por tales motivos instamos al Gobierno Nacional y al Poder Judicial de la Nación a que respeten las instituciones y no judicialicen la política, que gobiernen ajustados a la Constitución Nacional, a las normas jurídicas y a las buenas prácticas democráticas”, finalizó el comunicado que defendió a la ex Presidenta.

La Liga de Intendentes Justicialistas también denunció el escenario que atraviesa la Argentina. En un comunicado acercado a Agenda Abierta expresó su “más enérgico repudio ante este nuevo embate judicial que se ha realizado en sociedad con los medios hegemónicos de información a nivel nacional, con el fin de amedrentar la libertad política y continuar la larga historia de persecuciones políticas y proscripciones que han sufrido los distintos militantes y autoridades políticas del justicialismo”.

Se afirmó que el Gobierno se encuentra «golpeando mediante abusos de poder a la oposición” y se exigió que se termine «con un show mediático tendiente a desgastar a los adversarios políticos”.

El MST Nueva Izquierda de Entre Ríos también repudió la judicialización de la política y la violación de derechos democráticos y de garantías constitucionales. «Repudiamos toda esta persecución y las detenciones de procesados sin condena que, por medio de Bonadio y la justicia adicta, llevan adelante el Gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos”, se sostuvo.

“Más allá de nuestras profundas divergencias políticas y metodológicas con los dirigentes detenidos y/o perseguidos, y de nuestro desacuerdo con el Memorándum, el oficialismo macrista está atropellando abiertamente derechos democráticos y garantías constitucionales básicas con el único objetivo de obtener rédito político”, se manifestó. Además, el MST exigió «la libertad inmediata de los detenidos y el fin de todas las persecuciones gubernamentales a los opositores políticos y a los luchadores sociales”.

Rafecas defendió en el Consejo de la Magistratura su posición sobre la denuncia de Nisman

–¿Volvería a resolver lo mismo? –le preguntó el diputado radical Mario Negri al juez federal Daniel Rafecas sobre su decisión de archivar la denuncia de Alberto Nisman por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA contra Cristina Fernández de Kirchner, por la que el oficialismo quiere llevarlo a juicio político.

–Sí, porque no había delito. Lo medité: fue un dilema personal como juez y referente de la comunidad. Pero le di preeminencia a mi deber como juez –fue la respuesta.

Rafecas había sido citado a una audiencia que el Consejo de la Magistratura considera equiparable a una indagatoria en un caso penal. Cambiemos lo acusa de haber dictado una sentencia “fraudulenta”, con “contenido político” e “inusual premura” y le adjudica falta de “decoro”. Según publicó Página 12, el juez, sereno, les dijo a los consejeros que si lo van a juzgar por cerrar la causa del Memorándum con Irán también deberían haberlo denunciado -aunque nadie lo hizo– por otras varias decisiones que tomó con el mismo criterio y la misma celeridad pero que afectan a funcionarios del actual gobierno y tenían impulso de la fiscalía. Cuando empezó a enumerar se hizo un silencio rotundo: recordó su cierre de una presentación contra Mauricio Macri y Gabriela Michetti por el Memorándum con Qatar (convenio bilateral al que se derivaron fondos de la Anses), otra contra Macri por la fijación de un precio del dólar inferior al de mercado a través de la emisión de Lebac y deuda pública, el archivo de una denuncia por enriquecimiento ilícito y cohecho contra Elisa Carrió y el de otra denuncia contra el secretario de Derecho Humanos Claudio Avruj. Como si hubiera estado todo sincronizado, mientras transcurría su declaración en el Consejo, en Comodoro Py el juez Claudio Bonadio llevaba la causa archivada por Rafecas a las decisiones más extremas y notificaba procesamientos, prisiones preventivas, y el desafuero de la ex presidenta.

Durante más de tres horas, Rafecas hizo un descargo y contestó preguntas. Explicó que su punto de partida es que “el Estado de Derecho no es el imperio de la uniformidad” y que “la dinámica de los procesos es la divergencia”. Pero insistió en que él mantiene una coherencia en sus criterios en distintos casos en que advirtió “de entrada la imposibilidad de aplicar la ley penal”. La audiencia se hizo en la sala del plenario del Consejo, porque si bien había sido convocada por la Comisión de Disciplina y Acusación, asistieron todos los integrantes del cuerpo. El diputado Rodolfo Tailhade, del Frente para la Victoria, fue el único que habló de lo que estaba pasando en ese mismo momento en la causa por la que se lo estaba cuestionando a Rafecas. Dijo que quien debía estar sentado ahí en su lugar era Claudio Bonadio, a quien calificó como “un juez delincuente y miserable que detiene a opositores a las 2 de la mañana”, en alusión alas primeras detenciones por el Memorándum, que fueron la del ex secretario legal y técnico Carlos Zannini y el dirigente Luis D’Elía.

Rafecas recordó el recorrido que hizo la denuncia de Nisman por encubrimiento contra Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, junto con otras personas: el archivo que él decidió fue convalidado por la Sala I de la Cámara Federal y por un fiscal de la Cámara de Casación, además de haber recibido el respaldo público de numerosos juristas de la talla de León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Julio Maier, Daniel Erbetta (presidente de la Corte de Santa Fe) y Ricardo Gil Lavedra. Incluso se refirió a una opinión del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, que no vio delito. También señaló que, incluso cuando la Cámara de Casación Penal –ya después de la llegada del gobierno de Macri– decidió ordenar la reapertura de la causa y apartarlo a él, no planteó ninguna denuncia penal en su contra ni tampoco remitió actuaciones ante el Consejo por alguna irregularidad, como órgano que evalúa la conducta de los jueces. Simplemente el expediente cambió de juez: le tocó a Ariel Lijo, y la causa que tuvo Bonadio fue una suerte de duplicación del expediente, con un delito distinto y más grave que es el de traición a la patria. Luego todo quedó en manos de Bonadio por una decisión del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, uno de los hombres que manda en Comodoro Py. “Ningún funcionario judicial me imputó acto de negligencia alguno o mal desempeño”, dijo Rafecas.

En febrero de 2015 Rafecas archivó la denuncia de Nisman porque evaluó que el Memorándum nunca se había aplicado, Irán no lo había refrendado, ni se creó una comisión de la Verdad para evaluar el caso y crear una instancia de declaración para los iraníes, ni existió ningún intercambio de petróleo y granos entre Argentina e Irán, ni jamás se levantaron las alertas rojas y órdenes de captura contra los iraníes sospechosos, que de hecho siguen vigentes. Por lo tanto, decía él, los supuestos “actos preparatorios” de un delito, no son el delito. No había, a su entender, nada que investigar.

La denuncia que analiza el consejo fue presentada por Elisa Carrió, en relación al contenido de la decisión de Rafecas, que no le agradó. La jurisprudencia del Consejo y de la Corte impide echar a un juez por el contenido de sus decisiones. La otra denuncia fue presentada por el diputado de Cambiemos Waldo Woff, quien fue vicepresidente de la DAIA: primero, le cuestionó que lo citó junto a otros dos directivos de la entidad, para informarles la decisión de cerrar el expediente; luego dijo que Rafecas lo amenazó a raíz de  una entrevista que le concedió al periodista Nelson Castro, donde lo cuestionó. Según Wolff lo intimidó y hostigó y al final se escuchó una voz de fondo que decía “te vas a morir hijo de puta”.

En numerosas oportunidades y ayer otra vez, el juez explicó su relación histórica con la DAIA, que se debe a sus trabajos académicos reconocidos sobre el holocausto, en la que la institución le dio gran apoyo. En relación a la supuesta amenaza, Rafecas dejó asentadas dos cuestiones cruciales: primero, que hubo una causa penal a cargo de Sebastián Casanello que fue cerrada porque entendió que no había más que analizar que la palabra de uno contra la del otro. Pero lo que enmudeció a los consejeros fue que exhibió un acta que Wolff hizo labrar a un escribano a los pocos días de aquella comunicación donde decía: “la conversación telefónica con el citado juez fue subida de tono, pero sin agravios”. Luego agregaba la referencia a la voz de fondo, pero aclaraba que el juez no lo había agraviado. Rafecas dijo que la conversación existió, y que él le reprochó al diputado que tergiversara los hechos.

Acerca en la premura que le adjudican el oficialismo y la denuncia de Carrió explicó que el Código Procesal establece un plazo de tres días para resolver. El se tomó 13. Recordó que en una causa contra la diputada se tomó el mismo plazo. “Me llama la atención que pese a mi descargo siga en pie esta acusación”, remarcó.

Otro punto que le cuestionan algunos consejeros es que haya incluido la resolución que cerraba la causa una referencia a que Nisman guardaba en su caja fuerte un documento firmado, contemporáneo a la denuncia, que sostenía exactamente lo contrario: grandes elogios Cristina Fernández de Kirchner por su actuación ante el caso AMIA. “Lo que sostuve es que me llamaba la atención como juez que un fiscal, en paralelo con que prepara una denuncia contra un gobierno, mantiene firmados y sellados en caja fuerte una mirada contrapuesta sobre el gobierno al que iba a denunciar”, explicó el juez.

El senador Rozas, que es quien pidió la citación de Rafecas, le hizo preguntas sobre cuestiones que ya había explicado. Incluso llamó la atención de algunos consejeros que el juez le respondía y Rozas volvía con la misma pregunta. Por ejemplo, le preguntó por qué firmó el fallo durante la feria, y Rafecas le dijo que no era la feria, y Rozas insistió sin escuchar que le decía que había sido en febrero. Otros consejeros preguntaron, entre ellos el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, principal impulsor de la ofensiva contra jueces federales. Tonelli intentó llevar las preguntas a un terreno político, pero Rafecas le contestó que se había pronunciado “como juez”. También contó que no era amigo de Nisman pero que se tenían respeto mutuo y que más de una vez pensó que le hubiera “encantado discutir su denuncia en términos jurídicos con él”.

El próximo paso será la elaboración de uno o más dictámenes en la comisión y finalmente el tratamiento en el plenario. El clima de la audiencia de ayer hace pensar como algo improbable que el oficialismo consiga nueve votos (dos tercios) para echar a Rafecas.