Una marcha encabezada por familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, exigió aparición con vida, verdad y justicia.
Cerca de las 17 horas, el contingente integrado por compañeros, niños, organizaciones y estudiantes, partió del Ángel de la Independencia con dirección al Hemiciclo a Juárez, para realizar una concentración. En el trayecto, las consignas reafirmaron la exigencia de justicia que los familiares de los normalistas mantienen desde que ocurrieron los hechos en aquella localidad guerrerense, hace 38 meses.
Visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) acompañaron y monitorearon la marcha en su desplazo sobre Paseo de la Reforma. En Chilpancingo, normalistas e integrantes de organizaciones sociales llevaron a cabo un mitin en la avenida Lázaro Cárdenas, la cual bloquearon por más de media hora en el sentido que va al Centro de la capital del estado.
Al concluir esa movilización otro grupo de estudiantes llegó a la terminal de autobuses en el centro de Chilpancingo, para transportarse a la manifestación que realizan en la Ciudad de México. Este domingo, también protestaron en la caseta de peaje de la Autopista México-Cuernavaca en la delegación Tlalpan.
En Contexto
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes desaparecieron hasta el día de hoy, en uno de los capítulos más oscuros de la historia de México. Hasta el día de hoy, el paradero de los estudiantes sigue siendo no sólo un misterio, sino también un dolor convertido en bandera de lucha para sus padres, madres, compañeros, amigos, movimientos sociales y organizaciones que siguen visibilizando la impunidad en México.
Los normalistas, como cada año, se preparaban junto a otros estudiantes para asistir a la marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968. El día del ataque, los casi cien jóvenes viajaban en buses que previamente habían secuestrado para llevarlos a sus escuelas como un plan para asistir a la marcha que se efectuaría días más tarde. Del centenar que iba repartidos en los vehículos, dos eran de tercer año, seis de segundo año, y el resto, estudiantes de primer año que iniciaban apenas sus estudios en la escuela rural.
El primer episodio de violencia ocurrió cuando la policía interceptó los autobuses, atravesando una camioneta en la carretera. Un grupo de alumnos bajaron de ellos para forcejear con los policías y lograr pasar, pero los uniformados abrieron fuego contra ellos, hiriendo gravemente a Aldo Gutiérrez Solano y matando a Daniel Solís Gallardo. El resto de sus compañeros, huyeron a esconderse entre medio de los vehículos. Varios de ellos sobrevivieron. Los que no bajaron de los buses, fueron los que corrieron la peor suerte, siendo detenidos por la policía de Iguala.
El segundo episodio se registró cuando la noticia del primer ataque corrió veloz entre los compañeros que aún estaban en Ayotzniapa, quienes acudieron al lugar junto a profesores para ayudar a los estudiantes heridos o escondidos en el camino y denunciar la situación. A eso de la medianoche, y mientras permanecían allí, fueron atacados por un grupo de policías que los repeló con ráfagas. Los jóvenes César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuente, fueron asesinados.
Paralelamente, en la autopista a Chilpancingo, a la salida de Iguala, otro piño de uniformados disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división, creyendo que era un bus secuestrado por los normalistas. Los deportistas David García Evangelista, de 15 años de edad, Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que pasaba por el lugar, y Víctor Lugo Ortiz, chofer del autobús que conducía a los jugadores murieron en la represalia. Desde ese momento, a los 43 estudiantes que fueron secuestrados por la policía se les perdió el rastro.
Desde el primer día, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) ha participado en la causa. Algunas naciones de la región se han sumado a la demanda, incluyendo a Venezuela, que llevó el caso a la ONU en junio de este año. Poco han pesado también los llamados internacionales de reconocidos artistas y organizaciones sociales y de derechos humanos.
Las investigaciones han seguido un curso ambiguo y arbitrario, según denuncian los querellantes, incluyendo varios episodios en los que el caso ha estado ad portas de cerrarse, en un constante desentendimiento por parte de las instituciones que, mutuamente, se responsabilizan del crimen.