Carolina Comaleras: «La criminalización del aborto es la demostración más evidente del sistema patriarcal»

La Licenciada en Obstetricia se refirió a la solicitada contra la adhesión provincial al protocolo ILE. Habló sobre los derechos sexuales y reproductivos, la legalización del aborto y la salud de las mujeres. Entre 2001 y 2015 hubo en Argentina 2140 muertes evitables de mujeres.

Por Mariano Osuna

Luego de la resolución ministerial 2883/17 donde Entre Ríos adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, apareció una solicitada de organizaciones religiosas y reaccionarias, junto a cuatro legisladores provinciales (Guzmán, La Madrid, Viola y Anguiano) exigiendo al gobernador Gustavo Bordet y a la ministra de Salud Sonia Velázquez que de marcha atrás con la decisión oficial. La insólita exposición, violatoria de los derechos de las mujeres, trajo la respuesta de distintas organizaciones del movimiento de mujeres, la disidencia sexual, derechos humanos, sectores políticos, sociales y gremiales, respaldando la adhesión. La licenciada en Obstetricia, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto legal Seguro y Gratuito y de la Red de Profesionales de la salud por el Derecho a Decidir, Carolina Comaleras, en diálogo con Agenda Abierta, repudió la solicitada, reflexionó sobre los derechos sexuales y reproductivos, analizó el modelo patriarcal que violenta a las mujeres y se refirió a la despenalización del aborto.

«Considero que dicha solicitada es la prueba más cabal del fundamentalismo religioso. Y como todo fundamentalismo viola los derechos humanos y en particular los de las mujeres», afirmó la militante del movimiento de mujeres. Explicó que «no resulta extraño en definitiva porque a través de esa mezcolanza de conceptos solo confunden, mienten, descalifican, desvirtúan evidencias científicas, interpretan aspectos legales según su conveniencia y tratan de adoctrinar y disciplinar a toda la sociedad con sus creencias personales que deberían ser dejadas para sus propias vidas y el interior de la parroquia». Además, precisó que «se amparan en una religión que ha violado derechos humanos desde el inicio de sus tiempos y lo sigue haciendo a través de estos voceros. Por si fuera poco también están en contra de los métodos anticonceptivos y de la anticoncepción de emergencia mintiendo sobre su mecanismo de acción al decir que es abortiva».  Y agregó que «no dudan en ir a rezar el rosario frente al hospital público donde se atiende la población más vulnerable pero no lo hacen frente a las clínicas privadas ni protestan frente a las farmacias que venden los anticonceptivos».

Negar derechos es delito

Comaleras calificó de «preocupante y vergonzante» la adhesión de legisladores provinciales que «lejos de respetar las leyes vigentes en nuestro país se consideran “cruzados” para decirnos a las mujeres como debemos manejarnos en relación a nuestros derechos sexuales y reproductivos».

«Negar Derechos es Delito y quienes legislan deben también guardar sus creencias personales para sus vidas privadas y legislar para el bien común de la sociedad, ampliando derechos y no cercenándolos según su postura religiosa», puntualizó la integrante de la Red de Profesionales de la salud por el Derecho a Decidir. Destacó que Argentina «es un país laico y las leyes que garantizan y amplían derechos están en esa sintonía».  Se preguntó «¿Cómo se puede argumentar mintiendo? ¿Cómo se puede decir impunemente que “ no existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún supuesto válido de “aborto no punible”? ¿Qué parte del Código Penal en vigencia desde 1922 y su Art 86 Inciso 1 y 2 no entendieron? ¿Leyeron cabalmente el Fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de 2012?». Y recomendó su lectura a los cuatro legisladores provinciales que firmaron la solicitada.

ILE

«El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo es una versión revisada y actualizada de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2010″, describió Comaleras. Detalló que «en esta segunda edición se actualizó la información médica según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (2012) con todo el plexo legal vigente  incluyendo el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de 2012, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la ley de Identidad de Género N° 26.743, la ley de Derechos del Paciente (26.529),  la Ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485), Convención Universal por los Derechos de las Personas con Discapacidad Ley 26.378 entre otras».

«El Protocolo al que se oponen no es una ley», expresó la integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto legal Seguro y Gratuito, mientras aclaró que «es una guía normativa que garantiza una práctica según los más actuales estándares de calidad y así como hay protocolos de Hipertensión y Embarazo, de Diabetes y Embarazo, etc, para brindar una atención científica y actualizada a las mujeres embarazadas, éste incorpora enfoques de derechos vigentes, leyes y recomendaciones del más alto nivel científico tal cual lo exhortó la CSJ a los gobiernos nacionales y provinciales, situación ignorada por las anteriores autoridades del Ministerio de la Salud de provincia a pesar de los innumerables reclamos de distintas organizaciones».

Solicitada del Medioevo

Comaleras denunció que «oponerse al Protocolo y peticionar su derogación es proponer violar la ley, es cuestionar los Derechos Humanos, es desconocer a la máxima autoridad judicial como lo es la Corte Suprema de Justicia, es ignorar los avances científicos en materia de medicamentos para interrumpir en forma segura un embarazo según recomienda la OMS, es interpretar según las creencias personales la Constitución Nacional, es retroceder en el tiempo y ubicarnos como provincia nuevamente en el Medioevo».

Sin concepción de derechos

«Los legisladores Guzmán (FPV), La Madrid, Anguiano y la legisladora Viola (Cambiemos), deberían informarse mejor antes de firmar una adhesión francamente deplorable y revisar el concepto de persona “desde la concepción”.  Luego de la fecundación, unión del óvulo y el espermatozoide, comienza un proceso que puede finalmente terminar con el nacimiento de un “bebito” pero también puede dicho proceso dar lugar a un tumor placentario lo que se conoce como Enfermedad Trofoblástica Gestacional de las cuales la más común y benigna es la Mola, o un huevo anembrionado, es decir un óvulo que es fertilizado y que luego de implantarse en la cavidad uterina, se desarrolla únicamente el saco gestacional pero sin desarrollarse el embrión en su interior, o puede también  el óvulo fecundado anidar fuera del útero, más frecuentemente en la trompa de Falopio, lo que se conoce como embarazo ectópico, y en ninguna de estas situaciones podemos pensar en una persona o en derechos adquiridos o protección, sin obviar que además éstos cuadros clínicos  ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres», analizó la licenciada en obstetricia. Precisó que también «puede ocurrir un aborto espontáneo que es una pérdida involuntaria o natural que ocurre mayormente antes de las 20 semanas de gestación, habitualmente antes de las 12 semanas motivo por el cual, por ejemplo las Obras Sociales y Asignación por Embarazo pagan el prenatal a partir de dicha semana y no desde la concepción como mienten los antiderechos».

Comaleras cuestionó los prejuicios y las valoraciones morales y religiosas que se utilizan para violentar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. «Llamativamente se defiende al embrión y se le da la categoría de persona otorgándole derechos y protecciones pero no le adjudican los mismos derechos a las mujeres, dogma que se  traduce en situaciones de extrema violencia como lo es una violación en la cual esa mujer se debe comportar como un incubadora de transporte y según estos fundamentalistas conformarse y continuar el embarazo porque no tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y parir un producto de la máxima violencia en su vida para luego si decidir darlo en adopción», puntualizó.

«También están aquellos que se oponen al aborto defendiendo la vida del “niño por nacer” en todos los casos pero se muestran más sensibles cuando la mujer ha sido violada, en cuyo caso la habilitan para abortar, entonces a estos les pregunto:  Si el valor persona otorgado al “niño por nacer” es tan valioso que abortarlo lo convierte en un asesinato, en el caso de ser el resultado de una violación ¿perdería esa valoración y estaría entonces justificado abortarlo? ¿No tiene los mismo derechos que aquél que no es producto de una violación?», interrogó a quienes utilizan el concepto de niño por nacer.

Sopesar los derechos y priorizar los del feto por sobre los de la mujer gestante  es de una violencia de género mayúscula.

«También  si estuviera en riesgo la vida o su salud integral, la mujer ¿debe soportar las consecuencias de su deterioro con altruismo porque ella no tiene más derechos que el embrión o feto que transporta? Sopesar los derechos y priorizar los del feto por sobre los de la mujer gestante es de una violencia de género mayúscula, violatoria de todas las leyes vigentes en nuestro país, consagrados en nuestra Constitución que incorpora Pactos y Tratados Internacionales en el art 75 Inc 22 como el derecho a la autonomía, a la salud, a la vida, a la libertad, a la privacidad, a la dignidad, a la intimidad entre otros», reflexionó Comaleras.

La militante del movimiento de mujeres analizó que también «están aquellos que se oponen al aborto siempre, bajo cualquier concepto, excepto cuando les toca de cerca ya sea la esposa, la novia, la amante, la hija o hermana. En estos casos rápidamente aparece el dato de a quién recurrir y como proteger la confidencialidad con un costo económico acorde claro está». Reclamó que «se vocifera una moral pero luego para el caso particular aplico la conveniencia personal. Esto en mi barrio se llama hipocresía, también conocido como doble estándar o doble moral».

¿Es justo exigirle a una mujer que prolongue hasta el final un embarazo con un feto portador de una malformación incompatible con la vida, por ejemplo una anencefalia, que puede diagnosticarse ecográficamente desde las 11 semanas?, se preguntó Comaleras y respondió «No. Puede decidir interrumpir cuando haya confirmado el diagnóstico. Muchos de estos embarazos son deseados y  planificados lo cual nos revela que no siempre abortan mujeres con embarazos no planificados ni deseados. También puede decidir continuar el embarazo, que nazca su hijo y acompañarlo a morir? Si. Ella decide».

2140 muertes evitables

«¿Desconocen las y los legisladores las estadísticas oficiales nacionales de mortalidad materna? ¿Y las provinciales?», reclamó la licenciada en obstetricia en declaraciones a Agenda Abierta. «En nuestro país desde el año 2001 al 2015 han muerto 1086 mujeres por abortos inseguros y en Entre Ríos desde el 2004 a 2015, 18 mujeres. ¿Creen lxs legisladorxs que lo merecían?  ¿Les parece pocas muertes? Muchas? ¿Cuántas deberían ocurrir a su criterio para comprender que esto convierte al aborto inseguro en nuestro país en un problema de Salud Pública?», indagó.

«¿Es posible que un profesional de la salud le informe a una mujer embarazada, que padece alguna patología previa, que la gestación actual agravará la enfermedad aumentando el riesgo de morir durante el embarazo, el parto o el puerperio y que tiene la opción de interrumpir el embarazo en forma segura?», reclamó Comaleras. Añadió que «es posible, pero no es habitual ni frecuente motivo por el cual entre 2001 y 2015 han muerto por causas obstétricas indirectas 1054 mujeres en nuestro país. Es decir que en dicho período (2001-2015) han ocurrido en nuestro país 2140 muertes evitables de mujeres gestantes si hubieran accedido a un aborto seguro».

Abortos inseguros

«La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el Aborto Inseguro como un procedimiento para terminar un embarazo efectuado por personas que no cuenten con las habilidades necesarias o en condiciones carentes de los estándares médicos mínimos, o ambas situaciones. Define también la OMS al Aborto como una práctica segura siempre y cuando se realice en condiciones adecuadas y por personal capacitado, incluso fuera de los servicios de salud usando medicamentos, si contamos con la información correcta sobre las dosis y las vías de administración, además de contar con supervisión médica y acudir posteriormente a una revisión. Recomienda el uso del Misoprostol denominado medicamento esencial, dado que salva vidas y cuya venta en farmacias es legal en Argentina en combinación con un analgésico presentando la receta correspondiente», conceptualizó la integrante de la Red de Profesionales de la salud por el Derecho a Decidir.

Aclaró algunas definiciones erradas y confusas de sectores religiosos y reaccionarios sobre la legalización del aborto. «Nadie obliga a nadie a abortar. Quienes celebramos la adhesión al Protocolo Nacional no promovemos el aborto, no obligamos a las mujeres a abortar», sentenció. Explicó que «la criminalización del aborto no disminuye su número» y puntualizó que si una mujer «por la razón que ella considere decide interrumpir su embarazo, lo va a hacer sin que la penalización sea un obstáculo para ello.  Las consecuencias para su vida o su salud serán diferentes según el circuito que recorran para concretar su decisión, es decir, la diferencia radica en que aquella mujer que puede pagarlo en un ámbito privado y confidencial lo hace en forma segura y no arriesga ni su vida ni su salud, en cambio la mujer que no cuenta con 15 mil, 20 mil ó 30 mil pesos, (dependiendo del prestigio profesional), que no tiene información confiable,que no conoce su derecho a interrumpir su embarazo, va a recurrir a cualquier método para hacerlo, hierbas, productos químicos, sondas, agujas, etc y esa es la mujer que arriesga su vida y se muere o su salud queda con secuelas de por vida».

«Acaso quienes se oponen taxativamente al aborto, ¿no conocen en sus círculos familiares o sociales alguna mujer que se haya realizado un aborto? ¿La denunciarían? ¿Creen que debería estar presa?», interrogó Comaleras en clara referencia a las distintas varas morales y culturales que se utilizan según la cercanía con la situación atravesada.

¿Por qué estos grupos antiderechos reclaman a viva voz el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales entendiendo que ellos si pueden hacer uso de su libertad de conciencia amparándose en sus creencias y negar el acceso a un aborto,  pero desconocen esa misma libertad de conciencia para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? ¿Es que esas mujeres no tienen conciencia? ¿O tiene menor valor en ellas que en los profesionales?, cuestionó la dirigente feminista.

Penalizar es violencia

«La criminalización del aborto es la demostración más evidente del sistema patriarcal en el que estamos inmersas más de la mitad de la población en Argentina: las mujeres. Significa el desconocimiento de la libertad y la autonomía de las mujeres en las decisiones que refieren a su cuerpo y su capacidad reproductiva», reclamó. Además afirmó que quienes proponen despenalizar y legalizar el aborto bregan «para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo reciban atención segura y gratuita en los hospitales públicos o clínicas privadas, accediendo a los estándares de calidad de atención que garanticen que no pongan en riesgo su vida y su salud integral».

Señaló que «despenalizar el aborto implica la derogación de los artículos del código Penal que lo tipifican como delito y no reciban entonces sanciones legales, morales y/o sociales» y que legalizarlo significa «modificar leyes, diseñar y ejecutar políticas públicas que permitan que el aborto sea realizado en forma segura, sin riesgos». Y recalcó que «legalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo. Las mujeres que en función de sus creencias no lo aprueben pueden sostener sus convicciones y proseguir sus embarazos del mismo modo que aquellas que si deciden interrumpirlo pueden actuar según su conciencia sin amenazas ni coerción alguna».

Maternidad elegida y sexualidad placentera

«Quienes respetamos y acompañamos el derecho a decidir comprendemos que este no se limita solo a la interrupción de un embarazo sino que incluye la posibilidad de decidir la maternidad como sujetos sociales, como ciudadanas y agentes morales capaces de decidir si deseamos o no ser madres, cuántos hijos tener y cuando hacerlo y con quien», especificó Comaleras. Destacó que un Estado democrático se caracteriza, entre otras cosas, «por el respeto, exigencia y cumplimiento de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los mismos».

«Exigimos que ningún/a funcionaria/o pública/o, legisladora/r o representante viole las leyes vigentes haciendo uso de sus fueros parlamentarios para exponer sus planteos morales más íntimos en contra de las leyes que rigen nuestro estado de derecho garantizado en y por la Constitución de la Nación Argentina», reclamó la militante del movimiento de mujeres. Mencionó que «negar derechos es delito» y exigió «educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal para no morir».