Una Inquisición política para violentar los derechos de las mujeres

Citando a la biblia, los legisladores Guzmán (FPV), La Madrid, Viola y Anguiano (los tres de Cambiemos), exigieron al Gobernador Bordet que derogue la adhesión al protocolo ILE de aborto no punible. Críticas generalizadas.

Por Mariano Osuna

Mediante un comunicado, grupos reaccionarios eclesiásticos, encabezados por el Foro de la Familia, la Asociación de Pastores Evangélicos, la Red de Familias Entrerrianas y el Movimiento de Encuentro Matrimonial, pidieron a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y al gobernador, Gustavo Bordet, que de marcha atrás con la resolución 2.883/17, de adhesión al Protocolo de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que se encuadra en el fallo histórico de la Corte Suprema en marzo del 2012. La solicitada que violenta los derechos de las mujeres, entre citas bíblicas, fue firmada además por cuatro legisladores provinciales: el presidente de la departamental Paraná del Partido Justicialista, Gustavo Guzmán; y los legisladores electos por Cambiemos, Martín Anguiano, Alejandra Viola y Joaquín La Madrid. Hubo repudios generalizados de distintos sectores políticos.

El pasado 29 de agosto, mediante la resolución ministerial 2883, el Ejecutivo provincial adhirió al protocolo ILE, eliminado restricciones violentas que aún seguían vigentes en Entre Ríos sobre la salud de las mujeres, pese al fallo de la máxima autoridad judicial en 2012. Se trata de la sentencia “A. F. s/medida autosatisfactiva”, donde por unanimidad se ratificó el fallo del Tribunal Superior de Chubut que permitió a una adolescente de 15 años realizar un aborto en 2010 luego de ser violada. La decisión judicial sentó un precedente, que tuvo en Entre Ríos una adhesión parcial hasta la asunción de Velázquez en la cartera de Salud provincial.

“Decimos con profunda pena que a través de esta resolución muchos niños por nacer encontrarán la muerte y no la vida en un hospital público de nuestro territorio. ¿Hace falta Sr. Gobernador, recordar que dentro del vientre materno se gesta una vida humana, que depende enteramente del cuidado de su madre en primer lugar y de la sociedad entera después, para poder nacer?», dice la solicitada. La firma de espacios católicos, adventistas y antiabortistas no trae sorpresa, aunque sí la firma de cuatro legisladores por el profundo desconocimiento de las legislaciones vigentes.

 

«Por qué en lugar de brindar una alternativa de contención en una situación difícil, a veces terrible, como es una violación, se optó por quitar la vida del más inocente de todos los seres aprobando una guía de procedimiento para abortar”, indaga el texto dirigido al mandatario entrerriano. El comunicado contiene además argumentaciones religiosas, y citas de la biblia, para vulnerar los derechos de las mujeres.

Repudios

Las dirigentes del movimiento de mujeres, Nadia Burgos y Lucy Grimalt, fueron las primeras en alzar la voz para repudiar la solicitada, y especialmente el acompañamiento de cuatro legisladores entrerrianos. Sexualidades Disidentes y la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Entre Ríos también cuestionaron la cruzada política y religiosa contra los derechos de las mujeres.

Lucy Grimalt, quien asume este lunes al frente del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, explicó que «esta solicitada va en contra de la ley, y desconoce las acciones que se vienen haciendo para proteger las vidas de las personas».  Precisó que la firma de algunos legisladores en el texto «es sorprendente, porque avalan el desconocimiento de la ley. Como legisladores podemos proponer leyes, pero no se puede desconocer la ley vigente. Me parece realmente grave el posicionamiento que ellos adoptan, porque desconocen leyes”.

La ex legisladora provincial afirmó en Radio La Voz que un legislador tiene «una responsabilidad muy grande con los ciudadanos que lo votaron. Al parecer, estos legisladores quieren volver a la situación de antes de 1922, restando derechos. ¿Quieren que una mujer enferma, hipertensa, diabética, o con cáncer, con riesgo en su vida por un embarazo, fallezca?. Tenemos el caso de Ana María Acevedo, en Santa Fe, que tenía cáncer en la mandíbula, y que por estar embarazada, no le hicieron quimioterapia. Por esta decisión, murieron ella y el feto”.

“Lo que hace hoy la provincia de Entre Ríos, es actualizar ese protocolo de actuación, que estaba siendo incumplido por la provincia. Tenemos el artículo del Código Penal que permite el aborto por dos motivos. La Corte Suprema dijo que no se tiene que pedir autorización judicial para realizarlo. La provincia, en ese momento – año 2012 – saca una Resolución que es restrictiva, porque pone una serie de requisitos que generan obstáculos para que se pueda cumplir con la interrupción, en estos dos casos, sabiendo que aumenta el riesgo si pasan los días de gestación”, puntualizó Grimalt. “La Nación sacó un protocolo para los profesionales de salud, como medida sanitaria, explicando cómo tienen que actuar, qué tienen que hacer luego de la práctica médica, y demás. En este tema, desde el año 2005 se vienen sacando estas guías de actuación. El año pasado, se actualiza este protocolo, con la nueva redacción del Código Civil, y lo que hace hoy la provincia de Entre Ríos, es estar acorde a la Ley, al Código Penal, e incorpora lo que el Ministerio de Salud de la Nación establece en Septiembre de 2016, que son indicaciones en relación a este Artículo 86, siempre dentro de las dos únicas causales”, analizó el recorrido histórico del protocolo luego de la sentencia de la Corte Suprema hace cinco años.

Cruzada religiosa

«Nuestras vidas, nuestra salud sexual reproductiva y no reproductiva sigue estando en manos de quienes para legislar consultan la biblia y anteponen sus creencias a nuestros derechos», denunció la dirigente feminista y del MST Nadia Burgos.  Señaló el convencimiento colectivo en la lucha para «garantizar se respete la legislación vigente desde 1922 y que la Corte Suprema y la Corte Interamericana de derechos humanos han declarado constitucional, así como el acceso a nuestros derechos en materia de salud». 

Burgos repudió que la iglesia «siga entrometiendo sus opiniones y falsos valores misóginos y machistas en las decisiones del Estado». Además exigió «la inmediata separación de la iglesia y el Estado que empieza con la eliminación de los subsidios estatales que reciben y exigiendo que quienes son elegidos para representar las necesidades de las poblaciones no antepongan sus creencias a nuestrxs derechos».

«Estos legisladores del PJ y de Cambiemos deberían estar preocupados más porque Entre Ríos no cumple con leyes vigentes como son la de Educación Sexual Integral y el acceso seguro a anticonceptivos que de salir a reclamar una acción legítima y necesaria que las entrerrianas veníamos exigiendo hace años como es la adecuación al protocolo ILE», reclamó la ex candidata a legisladora nacional.

Sexualidades Disidentes, organizaciones políticas de diferentes sectores partidarios, referentes de derechos humanos y del movimiento de mujeres, también repudiaron la inquisición política y religiosa que se difundió en el diario Uno de Entre Ríos.