Yasky y Micheli dieron una conferencia de prensa en la que lanzaron duras críticas a la iniciativa. Adelantaron que harán plenarios federales, pedirán reunirse con los bloques parlamentarios y llamaron a los legisladores a rechazarla. La CGT se reúne hoy con el ministro Triaca.

“Este borrador de reforma laboral no fue hecho por asesores jurídicos ni laborales; fue escrito por empresarios. Está hecho directamente en la jefatura de alguna de las empresas que se habrán encargado de aportarle al gobierno el articulado del proyecto de ley. Los diputados y senadores deben saber que si la piensan votar, va a ser una ley con los pies de arena, que caería hecha pedazos ante una presentación en la justicia. Es un proyecto que viola en prácticamente en todos sus artículos el principio de la no regresividad del derecho laboral, violatorio de la Ley de Contrato de Trabajo, del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de los Convenios Internacionales con su mismo rango”. Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, anticipó ayer en estos términos la respuesta que la central, junto con la CTA Autónoma que encabeza Pablo Micheli, dará frente al proyecto de modificación de la Ley de Contrato de Trabajo. Las dos CTA pedirán reunirse con todos los bloques parlamentarios buscando que el mayor número desista de apoyar al proyecto. Convencidos de que se trata de una pelea a dar no sólo en el recinto, sino con la puesta en alerta del entramado social, las CTA convocaron a plenarios intersindicales en todo el país para “discutir y difundir el rechazo, las razones del rechazo y generar acciones en contra de esta iniciativa del Gobierno”.
Los dirigentes hicieron los anuncios en una conferencia de prensa que ofrecieron tras de reunirse con representantes de la CUT –la central obrera más grande de Brasil– y la CGT francesa. “No es casual, porque son las organizaciones obreras de dos países donde se están realizando reformas laborales tan duras como este proyecto del Poder Ejecutivo”, señaló Micheli. Agregó que la reforma impositiva, la previsional y la laboral se complementan y apuntan a generar mayores ganancias para los sectores concentrados de la economía, deteriorando las condiciones laborales” .
Micheli puso como ejemplos “la propuesta de una pensión universal, que terminará siendo del 75 por ciento de la jubilación mínima, cuando la mínima hoy no alcanza para comprar ni la mitad de la canasta del jubilado”; advirtió que las PyMEs, principales creadoras de empleo, deberán afrontar “aún mayores dificultades con la reforma impositiva” y advirtió que en el plano laboral, con la rebaja en las indeminizaciones por despido combinada con la nueva modalidad de contratación por tiempo determinado, “los empresarios van a despedir a los trabajadores con antigüedad y a reemplazarlos por trabajadores jóvenes y precarizados por un cuarto de lo que les pagaban”.
También hubo un llamado a la CGT y las organizaciones sociales a coordinar un plan de acción. Aunque la lectura es que Cambiemos va a ir “por todo” en su ofensiva, los dirigentes evalúan que al gobierno le va a ser más difícil de lo que cree imponerse. ¿Por qué no si ya pasó en los ’90? Para Yasky, “porque estamos parados sobre otro piso. En los ’90 veníamos de un proceso devastador como la hiperinflación, el movimiento sindical estaba más desarmado, no había organizacinoes sociales. Dentro de la CGT no había una fuerte corriente que cuestionara la pasividad de sus dirigentes”, agregó aludiendo a la Corriente Federal que lidera el bancario Sergio Palazzo. El titular de la CTA también rechazó equiparar la situación en Argentina con la Brasil, “donde ha habido un golpe de estado institucional y el Congreso funciona prácticamente como la escribanía de un presidente deslegitimado”.
“En la Argentina, la reforma de Mauricio Macri pretende ir hacia una especie de ordenamiento legal laboral pre peronista. Esto no tiene posibilidad de ser aprobado en el Congreso, como sí la tuvo la reforma en Brasil. Tenemos una Constitución que desde el ‘94 incorporó a los tratados internacionales y que mientras no sea derogada, garantiza la progresividad del derecho social. Vamos a ir a ver a los jefes de bloque porque estamos casi convencidos de que no es fácil tirar por la borda todo lo que este país avanzó en terminos sociales del ‘45 en adelante, incluso antes del peronismo, porque muchos de los derechos que el peronismo puso en práctica se asentó sobre iniciativas previas del socialismo”.
Encuentro entre la conducción de la CGT y el ministro Triaca
La conducción de la CGT se reunirá hoy cara a cara con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Será el primer encuentro luego de que el gobierno presentara el proyecto de reforma laboral. Los sindicalistas quieren evitar que les apuren una definición y por eso le ofrecerán al ministro una metodología de trabajo para desmenuzar el proyecto y, sobre todo, anular del texto del proyecto todo aquello que consideran que destruirá la base del derecho laboral y que se expresa en las modificaciones a la ley de Contrato de Trabajo.
Hay molestia entre los dirigentes gremiales pero no en el mismo grado e intensidad. Por ahora, entre los que integran la conducción de la central obrera ninguno se expresó públicamente a favor de endurecer posiciones y mucho menos de una medida de fuerza. La mayoría apuesta por ahora a entablar una negociación para eliminar esa treintena de artículos que flexibilizan las relaciones laborales.
Por otra parte, los gremialistas juran y perjuran que durante las charlas previas con Triaca jamás se habló de estas modificaciones y eso es lo que más disgusto provoca. Ese, seguramente, será uno de las primeras quejas que escuchará hoy el ministro. Algunos de los sindicalistas están convencidos de que los capítulos más negativos del proyecto no son de autoría de Triaca y hasta se arriesgan a decir que tampoco está la mano del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Pero hasta ahora no saben (o no quieren decirlo) como implementar aquello de “pegarle al chancho para que salte el dueño”.
Hasta ahora, uno de los pocos que hizo pública su opinión sobre el proyecto fue el triunviro Héctor Daer. “La gente, inclusive la que votó al Gobierno, no discutió la pérdida de derechos”, dijo. Luego, tal vez buscando la reacción solidaria del sector de los empresarios pymes, advirtió que el proyecto beneficia claramente a las grandes empresas porque plantea una reducción de los aportes patronales (del 21 por ciento al 19,5) y, como contrapartida, un incremento de éstos, del 17 por ciento al 18,5 por ciento, para las pequeñas y medianas empresas que, como se dice habitualmente, son las que más puestos de trabajo garantizan. “Me extraña que este sector de los empresarios no digan nada al respecto”, azuzó el titular del gremio de la Sanidad.
El otro que habló fue Juan Carlos Schmid, quien exigió más franqueza por parte del gobierno “para saber si de verdad están en la búsqueda de consensos”. En cuanto a las modificaciones al sistema previsional el titular del sindicato de Dragado y Balizamiento señaló que la CGT “mantendrá el reclamo de la recomposición de los haberes jubilatorios sobre el 53 por ciento de hombres y mujeres que cobran la mínima”.
Por ahora entre los que conducen la CGT prima la estrategia de intentar corregir el proyecto en el marco de las negociaciones con el ministro Triaca porque no quieren arriesgarse a esperar que se resuelva todo en el Congreso de la Nación. “Preferimos que llegue al Parlamento lo más corregida que se pueda y evitar cualquier sorpresa desagradable”, confió uno de los cegetistas. Eso sí, también jura que ha estado recibiendo llamados de muchos diputados, incluso de Cambiemos, que le expresan su desacuerdo con el proyecto.
Hay otro sector de los que conducen la central obrera, que no participó de los encuentros previos con Triaca, que se arriesgan a decir que todo lo que está sucediendo “es una puesta en escena” y que los artículos cuestionados serán eliminados para que el proyecto contenga lo que realmente le importa a los negociadores de la CGT y al gobierno como el blanqueo de trabajadores, la depuración de sindicatos y, sobre todo, la implementación del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Salud, cuyo objetivo será frenar la obligación de las obras sociales sindicales de hacerse cargo de tratamientos médicos de enfermedades poco frecuentes y que suele implicar la erogación de fuertes sumas de dinero para la compra de medicamentos. Una medida que los gremios vienen reclamando argumentando que ese tipo de patologías se quedan con buena parte del dinero de las obras sociales en detrimento e los afiliados.
Fuente: P12