Concejales de Cambiemos quieren eximir del pago de impuestos a la Fiesta de Disfraces

Mientras en Paraná promueven que no se cobre la Tasa Comercial al mega evento, los senadores de ese espacio se oponen a la declaración de interés provincial de la fiesta por considerar que abre la posibilidad de otorgar privilegios impositivos a la actividad privada.

Por Pablo Urrutia.

La impactante fiesta de disfraces de Paraná generó siempre cierto reconocimiento y a la vez interés de acercamiento de parte de los gobiernos provinciales y locales. De alcance internacional, el evento congrega alrededor de 50 mil personas cada año, de las cuales se estima que 20 mil son turistas que se alojan en la capital entrerriana durante los tres días del fin de semana largo de octubre en que se lleva adelante la celebración. La tranquila ciudad de Paraná se ve convulsionada por el arribo de los visitantes. Granjearse la simpatía de los organizadores y mostrar cierto apoyo institucional a la actividad siempre fue parte de la agenda política.

En 2014, la fiesta de disfraces se relocalizó, trasladándose a la vecina ciudad de Colonia Avellaneda, a 15 kilómetro del centro parnaense. En 2016, el intendente Varisco realizó gestiones para que vuelva al ejido de la capital entrerriana. En palabras del secretario de Turismo Municipal, Marcelo Quiroga, el intendente “convenció a los muchachos” para que el megaevento retorne a su lugar de origen. Allí es que los concejales de Cambiemos ven “la necesidad de eximir del pago de la Tasa Comercial correspondiente al evento 19° Edición de la Fiesta de Disfraces, a realizarse el domingo 15 de octubre de 2017 en la ciudad de Paraná”, según se indica en el proyecto presentado en la sesión del Concejo Deliberante realizada el pasado 18 de agosto. Durante el debate, iniciado por el concejal del FPV, David Cáceres, el edil de Cambiemos, Emanuel Gainza, dejó en claro que eximir del pago del 1,4% de la recaudación que genera el evento, “fue parte del acuerdo” establecido por el Intendente para que este vuelva a la ciudad.

También el Gobierno provincial ha tenido gestos hacia la fiesta. Diputaos del FPV propusieron declararla Fiesta Provincial, por lo cual pasará a integrar el calendario turístico de Entre Ríos. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara Baja. Sin embargo, en el Senado, la votación que le dio la aprobación definitiva al proyecto, fue dividida. El bloque de Cambiemos se expresó por la negativa, argumentando que la iniciativa abría la posibilidad de favorecer con exenciones impositivas a la actividad privada algo que, todo indica, será consagrado mediante la Ordenanza presentada por los ediles de ese mismo espacio en la ciudad de Paraná.

Debate en el Concejo

“No estoy en contra de la fiesta, pero tener que darle estos beneficios a los privados para que ensanchen sus recaudaciones cuando no hicimos lo propio en lugares que hace toda una vida han apostado a la ciudad, comercios con una rica historia y que han cerrado, y no vi al Municipio salir corriendo para darles un salvataje, me hace pensar que estamos viendo realidades diferentes”, planteó el concejal Cáceres al momento en que se dio ingreso al proyecto del Bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante de Paraná, el pasado 18 de agosto.

El legislador local, aseguró que “en gestiones anteriores nunca se llegó a librarlos del pago de la Tasa Comercial”, en referencia a la fiesta de disfraces.

A su vez, recordó que “hace un par de sesiones presenté un proyecto para regularizar la venta ambulante de gente que vive y lleva un plato de comida a su casa con esta actividad digna y no veo que tuvieran estas consideraciones con ellos. Es más, planteaba en el proyecto que aunque sea gestual tengan que aportar algo para tener un permiso de venta y la verdad que cuando veo que no se le quiere cobrar a estas personas que hacen ganancias millonarias, veo que estamos planteando realidades distintas”, remarcó.

La edil oficialista María Marta Zuiani respondió que en 2016, “se presentó un proyecto de similares características y fue votado y aprobado”. “Era una ordenanza exactamente igual”, acotó Gainza, y explicó que “el cambio que se hizo fue que antes el terreno donde se hacía la fiesta era en colonia Avellaneda y ahora se hace en Paraná”, agregando que la exención impositiva “era parte del acuerdo” que estableció el intendente Varisco con la Banda del Palo, que organiza la fiesta.

“Lo que pido es el mismo trato para el resto de los vecinos”, resumió Cáceres.

Costos y beneficios

El 22 de diciembre del año pasado, el cuerpo legislativo local sancionó por mayoría la Ordenanza Tributaria Anual para el Ejercicio Fiscal 2017. Según sostuvo la presidenta de la Comisión de Legislación, María Marta Zuiani, el incremento en los tributos fue del 32% para la Tasa por Servicios Sanitarios, en tanto que en la Tasa Inmobiliaria osciló entre el 35 y el 40%. El mayor impacto del juste lo sufrieron los sectores de menores recursos, ya que en esa categoría de contribuyentes el salto cuantitativo fue mayor. La Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, que se denomina Tasa Comercial, permaneció en los mismos cálculos porcentuales.

Es la tasa que deben abonar “actividades empresarias, comercial, profesional, científicas, industriales, de servicios y oficios y toda otra actividad a título oneroso”, “incluidas las cooperativas”, expresa la norma.

La carga, grava “con el treinta por mil (30%o) –o 3%– sobre los ingresos brutos:

1. a) Boliches,  confiterías  bailables,  locales  bailables,  y  establecimientos  de  actividades análogas, cualquiera sea su denominación, con la excepción de los comprendidos en el apartado a) del inciso 11 del presente artículo”.

Pero, siempre según la norma vigente, esa tasa debe ser del 50 por mil –5%–, en el caso de “boliches, locales bailables, cuando la superficie total afectada a la actividad supere los 250 metros cuadrados”. Este último parece ser el que mejor describe a la fiesta de disfraces, aunque en realidad sólo paga un fijo que representa el 1,4% de sus ingresos brutos. Aún así, la cifra que ingresaba al Estado Municipal por este concepto, no es para nada desdeñable.

Se estima que 50 mil personas ingresan al predio en la noche de la fiesta. La entrada general tiene un costo de 750 pesos ($680  + $70 del costo de comercialización, según se aclara en la página oficial del evento). Calculando sólo el ingreso por la venta de los tikets más baratos, el aporte correspondiente a la Tasa Comercial Municipal, supera los 500 mil pesos. Si a ello agregamos, como corresponde para tener una aproximación a la recaudación total sobre la que se calcula la tasa, los ingresos por la venta de bebidas, el tributo a abonar por la fiesta redondea cómodamente el millón de pesos. Esto es calculando los números siempre a la baja.

El argumento de cabecera a la hora de defender ciertos privilegios hacia esta fiesta privada de gran éxito en la capital entrerriana, es el movimiento financiero que genera en la ciudad a partir de la llegada de los asistentes al evento. Capacidad hotelera colmada, gastos en restaurates y comedores, etc, son algunas de las virtudes atribuidas a la fiesta que justifican, en este caso, un beneficio económico millonario. Sin embargo, esta es una verdad a medias, ya que la otra mitad del razonamiento indica que la infraestructura de Paraná es un factor determinante en cuanto al éxito y el crecimiento del evento. Más claramente, el evento no podría alcanzar la masividad que adquirió sin los servicios y las ventajas que ofrece la capital entrerriana. Como ejemplo de ello vale notar que, durante los dos años en que se realizó en Colonia Avellaneda, el comercio de Paraná no sufrió impacto negativo alguno en relación a los saldos positivos de anteriores ediciones y la capacidad hotelera se vio colmada como ya es costumbre. Los visitantes siguieron alojándose y consumiendo en la ciudad, por lo que su retorno busca más un efecto simbólico que económico y, en todo caso, redunda en beneficios para la realización de la fiesta.

Argumentos opuestos

La complejidad de la articulación público privado, tan en boga en estos tiempos, suele caer en situaciones que rozan peligrosamente la subordinación del Estado a intereses particulares. Y no sería la primera vez que la gestión Cambiemos al frente del municipio de Paraná incurre en esta falla. Hay una causa abierta en la justicia provincial por el intento del intendente Varisco de favorecer a una financiera mediante un préstamo millonario, a tasa cero. Esta parece ser una tensión que se da al interior de Cambiemos también. Al menos así surgió durante el debate en el Senado previo a la votación que declaró Fiesta Provincial a la fiesta de disfraces. La iniciativa proveniente del FPV, resultó aprobada este miércoles, pero la votación fue dividida ya que el bloque de Cambiemos se opuso. Esta decisión causó sorpresa puesto que se esperaba la aprobación de la norma tal como había sucedido en la Cámara Baja, donde logró el apoyo unánime de los legisladores. Los senadores de la alianza que conduce el presidente Macri, marcaron así un quiebre con los diputados de su espacio, y lo que es más llamativo aún, con los concejales de Paraná.

El senador paranaense, Raymundo Kisser, fue el encargado de explicar el voto disidente del bloque Cambiemos en el senado, y lo hizo de forma clara: a partir de su declaración como Fiesta Provincial el evento podría pedir exenciones impositivas, subsidios y otras prebendas, lo cual no correspondería por tratarse de un negocio netamente privado. Además, denunció que había cargamentos de estupefacientes que fueron detectados a escasos metros del predio donde se realizó la fiesta el año pasado, y estos habrían sido para vender en el encuentro. Es decir, en primer término se objetó la posibilidad de que suceda a nivel provincial lo que en Paraná ya fue dispuesto por Ordenanza el año pasado y todo hace prever que sucederá en el presente.

Cabe agregar en este sentido que la declaración de Fiesta Provincial de la fiesta de disfraces o cualquier otra, no incluye per se la exención de impuesto alguno; en cambio, la ordenanza que lleva la firma de todos los concejales de Cambiemos, propone taxativamente “eximir del pago de la tasa comercial” a la fiesta, el otro artículo es de forma.

La droga

Las expresiones del senador Kisser en representación de su bloque no pasaron desapercibidas. Además de sus objeciones al proyecto propiamente dicho, su referencia al cargamento de droga hallado cerca del predio en que se llevó a cabo el evento en 2015 y su especulación sobre que el estupefaciente hallado tenía como fin su comercialización durante la fiesta, vuelven a poner en escena a la banda liderada por Daniel Celis, detenido en el marco de la escandalosa causa que develó los vínculos entre el narcotráfico y la gestión encabezada por el intendente Sergio Varisco.

En agosto de 2015, la Policía de Entre Ríos, secuestró alrededor mil kilos de marihuana en un lugar ubicado en proximidades del lugar donde se desarrollaría días después la fiesta de disfraces. De ese procedimiento resultó detenida una hija de la mujer de Miguel “Cebolla” Leguizamón, padre de crianza de Celis y procesado junto él y otras 20 personas como integrante de la banda desbaratada este año tras la incautación de la avioneta con droga en Villa Urquiza, realizada por la Policía Federal. Leguizamón es una pieza clave en la investigación realizada por el juez Leandro Ríos, ya que fue nombrado a partir de diciembre de 2015 como Director de la Unidad Municipal N2, en el marco del acuerdo político entre Varisco y Celis. Desde esa repartición se brindó la logística del Estado Municipal para la distribución y el almacenamiento de la droga.

La marihuana hallada en 2015 estaba en bolsas negras perfectamente acomodadas dentro de una casilla de chapa y había sido llevada en un tráiler, que quedó en la zona. Cuando se pidieron datos de la patente que tenía, se encontró que pertenecía a Leonardo Airaldi, cuyos movimientos venían siendo monitoreados por una fuerza nacional de seguridad, debido a su supuesta vinculación con el negocio del narcotráfico, informó en su momento Análisis.

Airaldi, aparece tiempo después mencionado en la causa por el asalto a la estancia de la familia Tulián, en Diamante, a partir del cual resulta detenido Daniel Celis y un funcionario del municipio, ambos imputados y luego condenados como autores del hecho, junto a dos personas más. La familia Airaldi era la interesada en vender un campo en 20 millones de pesos que los Tulián tenían intenciones de comprar. Ese es el dinero que buscaban los cuatro hombres que llegaron fuertemente armados y a cara descubierta a la estancia El Retiro, en marzo de 2016. Según la versión que hizo circular la Subsecretaria de Seguridad del Municipio, la suboficial Griselda Bordeira, Celis no tuvo intención de cometer un atraco sino de cobrar una deuda originada en el negocio del narcotráfico.