Los Claudios

El homicidio de Claudio Godoy a la orilla del Arroyo Antoñico, en la zona de «El Pozo» de Paraná, expuso la omisión estructural del Estado en la restitución de derechos de personas en situación de calle.

Por Mariano Osuna

El lunes 31 de julio, detrás del barrio Libertad de la capital entrerriana, hallaron el cuerpo de un hombre, a simple vista asesinado por más de una persona. El homicidio, que hoy tiene dos detenidos, ocurrido en las inmediaciones de calle Courréges al final, sobre calle Los Arrayanes y cortada de Los Horneros, pasó como un hecho policial, cuando lo emergente es la violación sistemática de derechos y la ausencia del Estado en dispositivos que aborden la situación de calle como una problemática estructural.

Claudio era cuidador de coches en calle Corrientes al final. Una vida sufrida, con una dolorosa construcción de su infancia y su adolescencia, y una serie de acontecimientos profundos, que marcaron su vida cotidiana. Sus últimos dos años dormía en un desagüe, no como dijo algún funcionario bonaerense, porque fue una elección (por darle maquillaje a las absurdas palabras del Secretario de Salud de Mar del Plata), sino porque la destrucción del proyecto de vida y de lazos sociales, culturales, familiares y la represión del Estado lo puso en ese lugar.

El año pasado, Agenda Abierta denunció el abuso policial hacia las personas en situación de calle en Paraná. Una de las voces, junto a otras decenas, fue de Claudio, quien todos los días era víctima del robo del dinero que hacía en su trabajo informal, era detenido, golpeado, enviado a la ilegal comisaría quinta, y nuevamente golpeado (con algunas excepciones donde era enviado al Hospital Escuela). Esa, la violencia institucional, era la única respuesta del Estado hacia una deuda histórica.

En 2010 el Honorable Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 8932, que creó el Programa de Asistencia Integral para personas en situación de calle. Aunque precario, la herramienta legislativa transformaba el abordaje de la temática, pasando de una visión asistencialista, que sólo ve como solución un lugar donde pasar la noche y un plato de comida, hacia un dispositivo integral para restituir derechos.

La legislación quedó ahí, aprobada, sin ninguna voluntad política para implementarla. Durante 2016, organizaciones sociales, comunitarias y políticas realizaron una juntada de firmas para exigirle a la Municipalidad y al Honorable Concejo Deliberante que aplique la ordenanza, designe presupuesto y genere políticas públicas sobre la temática. Ni el Poder Ejecutivo, ni los concejales de los tres bloques del Legislativo, asumieron la responsabilidad. El silencio colectivo fue tan ensordecedor como la indiferencia cotidiana.

Sólo se definió abrir un refugio improvisado en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la zona este de la ciudad, ubicado en la intersección de las calles Roque Saenz Peña y Fermín Garay, que funciona con veinte camas, como un policía como único dispositivo del Estado, y una ducha (que recién en agosto fue con agua caliente). Las propios grupos solidarios dejaron de ir al CIC en 2016 porque el interlocutor oficial era Daniel Celis, principal narcotraficante de la capital entrerriana, denunciado por Agenda Abierta por la asociación narcoestado con la Municipalidad. El escenario se complejizó con el crecimiento de personas en situación de calle, con el cierre de Casa Solidaria, el único dispositivo que intervenía en la problemática, con las constantes muertes que se visibilizaron con una olla popular organizada por Suma de Voluntades, y con el aumento de la represión policial.

Claudio no fue un hecho aislado ni una noticia policial, como suele etiquetarse en los estereotipos de algunos medios de comunicación. Claudio es un ejemplo más de la violación sistemática de derechos por décadas y de la poca predisposición de los gobiernos para trabajar en la planificación e implementación de políticas públicas que aborden la problemática desde los derechos humanos y no desde la exclusión. Hay muchos Claudios condenados a los trabajos informales, a las camas de tierra, a las casas sin techos, que persiguen la esperanza de reconstruir su proyecto de vida. El Estado es el único garante y la ciudadanía el único motor para acompañar ese proceso necesario.

La ordenanza municipal, que tristemente festeja sus siete años de inexistencia, fue el primer paso hacia un debate serio e intersectorial sobre centros de día, centros de noche, equipos interdisciplinarios, presupuesto real, capacitación laboral, acceso a la educación, la salud y la cultura, y tantas otras deudas que esperan en la agenda que no sale por la televisión porteña.