De La Rosa negó haber coaccionado a la directora del Hospital Colonia de Salud Mental

En el día de ayer, el ex Ministro de Salud, prestó declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga los hechos ocurridos en Diamante que derivaron con la detención de cinco integrantes de la conducción de UPCN. La justicia peritará celulares.

El ex Ministro de Salud, Ariel De La Rosa, declaró ante los fiscales Gamal Taleb y Laureano Dato, quienes lo indagaron en el marco de la causa que investiga el delito de coacción en perjuicio de la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero.

De La Rosa está imputado por coacción agravada y coacción agravada en coautoría con los cinco dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que fueron detenidos el pasado miércoles 7 de junio en Hospital de Salud Mental. Tres de ellos continúan con prisión domiciliaria.

La justicia trata de establecer si hubo presiones y amenazas del por entonces titular de la cartera de salud de la provincia hacia Trossero, tal como lo denunció la mujer, para que esta reincorpore a la trabajadora y delegada de UPCN, Yanina Migueles, cesanteada el 1º de junio. Según esa línea investigativa, los dirigentes gremiales Carina Domínguez, Zunilda Suárez, Fabián Monzón, José Zarza y Guillermo Barreira, habrían actuado en acuerdo con el Ministro para forzar la decisión de la directora del Hospital.

La funcionaria de salud, Noelia Trossero, expresó que De La Rosa la habría presionado y amenazado por teléfono. Durante esa comunicación sestaba acompañada por otras personas y puso en alta voz el aparato, por lo cual los presentes obrarían como testigos.

Las acusaciones motivaron la renuncia de De La Rosa, quien en la audiencia de ayer negó haber coaccionado a la directora de la Colonia de Salud Mental y dijo que sólo se limitó a transmitirle la directiva de cumplir con una resolución ministerial.

Además, desacreditó el cargo de coautoría en la supuesta coacción protagonizada por los cinco dirigentes de UPCN detenidos el miércoles 7. Los gremialistas habían viajado a Diamante a llevarle copia de la resolución que tenían en su poder por ser parte demandante, y reclamar la reincorporación de Migueles. Cuando llegaron, se encontraron que el edificio público estaba copado por efectivos de la policía, que llevaron adelante el procedimiento. De La Rosa negó haber encomendado tarea alguna a los dirigentes gremiales.

Los fiscales tienen un plazo de 30 días, fijados por el juez Vergara, para concluir la investigación penal preparatoria, que vence el próximo 7 de julio. Taleb y Dato deben reunir evidencia, acumular pruebas, recibir testimonios y esperar las pericias de los cuatro teléfonos celulares secuestrados a Zarza, Domínguez y Suárez; luego, la tarea quedará a cargo de Inteligencia Criminal de la Policía.

La defensa

En declaraciones a Diario UNO, el abogado defensor del médico, Leopoldo Lambruschini, expresó confirmó que el ex Ministro, «negó la existencia de cualquier amenaza, cualquier coacción. Contó cómo fue su intervención en todo este conflicto y que hubo una intervención formal a través de un expediente administrativo, armado a propósito del despido de esta mujer».

Explicó que su defendido tomó intervención después del recurso de apelación jerárquica interpuesto por la enfermera, disponiendo una resolución en base a los dictámenes del área jurídica.

Según el profesional, el nudo del problema radica en las atribuciones tomadas por la titular del establecimiento de salud. «No tenía atribuciones para remover a esta persona, ni para nada de eso», argumentó.

Consultado por el llamado telefónico en tono amenazante que le endilgan a De la Rosa sostuvo que «el llamado existió, pero no con el contenido que le asigna Trossero, sino que es un llamado telefónico donde se le reprocha la relación funcional que tenía De la Rosa respecto de esta persona, que es un superior jerárquico respecto de un inferior jerárquico, que había hecho las cosas mal».

Lambruschini objetó que Trossero haya soslayado el carácter de dirigente gremial que tenía Migueles, lo cual impedía su cesantía o traslado. La defensa del exfuncionario se completa con el abogado Julio Federik.