La directora de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), Cristina Ripari, dijo estar “indignada” por la decisión del Gobierno nacional. El Iprodi también manifestó su preocupación.
“Estoy indignada, me parece de terror lo que están haciendo”, aseveró Ripari en relación los recortes en las pensiones por invalidez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. “Hay derechos que no se pueden vulnerar y menos en este sector, que necesita tanta atención. Estoy totalmente en contra de esta medida”, remarcó.
Para la Directora de Apana, “no se puede tomar una decisión de estas características. No está mal revisar caso por caso para evitar que haya abusos, pero no se puede hacer lo que se hizo”.
Ripari, que trabaja desde hace 30 años con personas deficientes mentales, explicó que la quita de una pensión, más allá de lo monetario -que es importante- implica una consecuencia nefasta: el recorte de la obra social y, por ende, de la posibilidad de recibir atención integral, esto es, terapistas, fonoudiólogos y la posibilidad de asistir a centros como Apana.
Consultada por las polémicas declaraciones del titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien dijo que “una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión, puede trabajar”, la Directora de Apana, explicó: “No todos, es más, sólo una ínfima minoría está en condiciones de trabajar y siempre que estén monitoreados por alguna institución de contención”.
En este marco, enfatizó: “No sé quién está asesorando al Presidente (Mauricio Macri), pero está recortando donde no debería recortar”.
Por último, informó a esta Agencia que la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana) es una asociación civil con 50 años de existencia, que está conducida por padres y hermanos de personas con discapacidad y que atiende a más de 70 jóvenes y adultos”.
El Iprodi también se manifestó
Desde el Instituto Provincial de la Discapacidad (Iprodi) hacen saber que, frente a los hechos de público conocimiento relacionados con la eliminación y reducción de pensiones para personas con discapacidad, hace ya más de un mes que vienen trabajando y coordinando acciones con los titulares de los distintos organismos y áreas relacionadas a la discapacidad de las diferentes provincias para expresarle a las autoridades del Gobierno Nacional la preocupación por este tema.
«El hecho de que se cancelen las pensiones por discapacidad, sin previo aviso y sin que se haya realizado un examen socio ambiental, resulta un hecho de gravedad que amerita rápidas explicaciones por parte de las autoridades que han tomado esta determinación», manifestaron en un comunicado.
Desde hace tiempo y por distintas vías vienen gestionando una respuesta que deje en claro a los diferentes organismos provinciales qué criterio piensa implementar el Gobierno Nacional para la adjudicación, reducción o eliminación de las pensiones para personas con discapacidad.
Ha transcendido por diferentes medios de comunicación y por declaraciones de legisladores nacionales que se ha invocado el decreto 432 del año 1997 para establecer el criterio con el cual se asignan las pensiones, decreto que es contrario a la “Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que desde el año 2014 tiene jerarquía constitucional y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.
El Instituto afirmó que «frente a la falta de respuestas formales, y frente a la acuciante necesidad de dar una pronta y “certera” respuesta, no solo a las personas que perciben pensiones por discapacidad sino también a sus familias y a la sociedad en su conjunto, es que el día viernes 16 de junio nos haremos presentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a defensores del pueblo de todo el país, para mantener una reunión con las autoridades del Gobierno Nacional a fin de que puedan esclarecer lo que está ocurriendo y que nos puedan dar certezas sobre qué criterio piensan implementar».