Fuerte operativo policial para desalojar a una familia

Se trata de un predio en Av. Churruarín y Lopez Jordán en el que habitan, trabajan y pagan impuestos hace más de 30 años. El dueño anterior vendió la propiedad y el nuevo dueño promovió el desalojo.

En medio de un operativo policial desproporcionado, desalojan este martes a varias familias que viven en un terreno de calle Churruarín y López Jordán, en la capital provincial, por orden judicial emanada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 1.

Cerca de 80 efectivos de la Policía de Entre Ríos, COE, GIA y hasta Bomberos, con una importante cantidad de móviles, conforman el operativo que rodeó la vivienda donde, hace más de tres décadas, habita la familia Petrechelli, hoy conformada por unas 20 personas, entre adultos y niños.

«Supuestamente compraron el predio. El dueño murió en 1975. Acá hay chicos y ellos dicen que los ponemos de escudos. Esto viene de 2005. Hay un convenio firmado y no se llegó a nada porque ellos no cumplieron», expresó Ángeles Petrechelli, una de las integrantes de la familia desalojada.

«Nosotros pedimos que nos dejen la casa donde estamos viviendo. En Catastro el único que paga impuestos es mi papá», afirmó. «Que me muestren el título, porque el único dueño está muerto», recalcó Petrechelli.

No es la primera vez que intentan desalojarlos del terreno de unas cinco hectáreas cuya titularidad es de un privado, aunque los Petrechelli aseguran que pagan sus impuestos.

Las calles aledañas fueron valladas para evitar el tránsito por el lugar.

El Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay se presentó en el lugar para conocer la situación de la familia y tutelar que no se viole ningún derecho. «Es llamativo el despliegue policial, pero valoramos que no hayan reprimido. No comparto para nada el operativo», indicó Garay.

En diálogo con la prensa, Garay sostuvo: «Venimos hoy acá para garantizar que no haya represión y también para buscar alternativas para esta familia que hoy no tiene un lugar para dormir», indicó.

Aclaró que ya hay una sentencia definitiva que ordena un desalojo civil: «No penal, porque no son intrusos». «Una familia muy decente, muy buenas personas», recalcó.  «Se trata de la familia Petrecheli, hijos y nietos. Vinieron hace más de 40 años, y un señor de apellido Llorens autorizó que cuidaran el predio. Cuando se enteraron que Llorens había vendido el predio, comenzaron una posesión veinteañal, hasta que se produjo el desalojo por los nuevos propietarios, que son de Santa Fe».

«Y el desalojo, es cosa juzgada. Entendemos que no alcanza con correr vista a los organismos del Estado, sino que hay que citar a los funcionarios para que den la cara», reclamó Garay. «Entre lo justo y el derecho, hay un abismo. Lo justo es que esta familia se quedara acá, pero la ley le da la razón al propietario, que compró esto de buena ley. Pero la única que nos queda como Defensoría es acompañar a la familia», sentenció Garay.

Luego del desalojo, una integrante de la familia señaló que «ayer estuvimos con mi madre hablando con el Juez Coglionese… no nos dejaron entrar… y después me dijeron que estaba nuestra abogada adentro, hablando con el juez. Nos mintió el juez, porque ayer nos dijo que no había ningún desalojo firmado».

Conflicto de larga data

Desde hace varios años el conflicto entre los ocupantes del terreno y su propietario fue judicializado. Hubo intentos de desalojo que terminaron de una manera violenta.

El 9 de diciembre de 2014, en un procedimiento ordenado por la Justicia, personal del GIA utilizó gases lacrimógenos y balas de goma contra los habitantes del predio y contra movimientos sociales que estaban apoyando a las familias.

La operación dejó 15 heridos, entre ellos tres menores de edad; un bebé de 8 meses, y dos niños de 5 y 9. Además, Emiliano Gómez Tutau, coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, quedó demorado en la Comisaría 12º.

Fuente: UNO Entre Ríos y Radio La Voz