Se multiplican las críticas a la baja de la edad de imputabilidad

El juez Barbirotto está en contra de la medida porque, asegura, el número de delitos en los que participan menores es “ínfimo”. Tampoco acuerdan con la medida que impulsa la Nación desde el Copnaf.

La administración del presidente Mauricio Macri decidió poner en la agenda pública de debate un asunto que nunca pasa inadvertido y está destinado a la polémica: la baja de la edad de punibilidad para los menores: de 16 a 14 años. Esto es la posibilidad de que la Justicia pueda aplicar una pena a un chico que comete un delito.

La idea se hizo pública por medio de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, y se disparó tras el brutal asesinato de Brian Aguinaco, un chico de 15 años baleado por motochorros, uno de ellos de 15 años. Aunque la idea no convence a todo el arco político, y una de las voces más cuestionadoras resultó la de Margarita Stolbizer, diputada nacional por el GEN, que tildó la medida como “demagógica”.

Garavano defendió el proyecto y dijo que se lo debatió en el marco del programa Justicia 2020, que impulsó el Ministerio de Justicia de la Nación, y que previó una reforma de la ley penal juvenil, que hoy se rige por un decreto ley de la época de la última dictadura. “Necesitamos cambiarlo por un régimen de derechos y obligaciones. Dentro de ese debate, uno de los temas tiene que ver con la edad de la imputabilidad, pero el trabajo está orientado al abordaje de los jóvenes y su tratamiento”, aseguró.

Escenario

La baja de la edad de imputabilidad fue una de las propuestas de varios dirigentes políticos, como Sergio Massa (Frente Renovador), en las últimas campañas electorales. Por eso, el Gobierno pretende abrir la discusión este año, pero que el Congreso trate el tema recién en 2018.

“Nosotros estimamos que la comisión de expertos va a estar trabajando en una ley entre seis meses y un año. La idea es enviarla al Congreso después de las elecciones para sacar de la lógica política electoral a un tema tan delicado como éste”, aseveró el ministro de Justicia.

En el debate se colaron propuestas por el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, quien en 2015 planteó “bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y establecer un régimen penal juvenil (…) alguien que tiene 15 años puede perfectamente distinguir si matar está bien o está mal, con lo cual es absurda esa discusión que quieren plantear de acuerdo a si la edad de imputabilidad tiene que ser a los 16 o a los 14”.

En Entre Ríos las voces que se levantan son críticas respecto de esa idea. Uno de los que se opone es el juez Penal de Menores Pablo Alejandro Barbirotto, uno de los cinco magistrados del país que fue convocado por la Unicef para redactar una norma superadora del régimen penal de menores que rige desde la dictadura. “Hay que aclarar que lo que se plantea ahora es la baja de la edad de punibilidad, es decir de aplicar pena, no de imputabilidad.”, señala.

Pero enseguida aclara: “Esa comisión que conformó Unicef fue para abordar la situación de la ley penal juvenil en el país, fueron dos jornadas en el Aula Magna de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Expusimos propuestas, y al final se convino que no era conveniente bajar la edad de punibilidad porque una medida de ese tipo no tiene ninguna incidencia en la política criminal. Es ínfimo el número de delitos cometidos por chicos de 14 a 15 años. Quedó claro en el documento final que no era conveniente trabajar la baja de la punibilidad. Ahora lo tratan, y en un año electoral. Los años electorales nunca son buenos para tratar estos temas”.

Disparidades entre provincias

Un foro que convocó en agosto último Unicef Argentina, y que reunió a jueces y fiscales y al ministro de Justicia, Germán Garavano, analizó la situación de la ley penal juvenil y en país, y convino que la normativa actual no resulta compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño ni con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente y tienen menos garantías procesales que los adultos.
Esta situación presenta grandes diferencias de una provincia a otra, dado que elaboran sus propios regímenes procesales penales con fuertes diferencias en el tratamiento de un mismo delito según el organismo interviniente. La ausencia de una ley marco nacional favorece estas disparidades entre provincias, señaló Unicef.

La legislación vigente

“Los adolescentes mayores de 14 y menores de 16 años de edad únicamente podrán ser sujetos a proceso penal por delitos dolosos que se perpetraren contra la vida, contra la integridad sexual, lesiones graves y gravísimas”.

Eso dice el artículo el artículo 77º de la Ley N 10.450 que instauró en Entre Ríos el procedimiento penal aplicable a menores de 18 años, y que aprobó la Legislatura el 20 de octubre último. El texto fue elaborado en base a un anteproyecto que trabajó el juez Barbirotto, que además participó de aquel foro de Unicef con el mismísimo ministro Garavano.

El juez dice que el marco legal que hoy rige en Entre Ríos es superador del régimen penal juvenil nacional. “A nivel nacional, si a un menor se le imputa el delito, la causa se archiva, porque no es punible. Lo que buscamos en la provincia es que no se archive la causa, sino que se investigue, y que se lleve adelante un proceso penal, similar al de los adultos, con un objetivo de justicia restaurativa, de restaurar el daño cometido si se lo encuentra responsable.

La ley dice que de 16 años para abajo el menor no es punible, no se le puede aplicar una pena.

«Yo estoy en contra de la baja de la punibilidad. En lo que estoy a favor es que se haga el proceso, se demuestre si es culpable o no y tome conciencia del daño producido, y en lo posible, repararlo. Pero eso no significa estar a bajar de que se le apliquen penas”, sostiene Barbirotto.

Ariel Villanueva, director de Restauración de Derechos del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), tampoco está de acuerdo con el proyecto nacional. “Me parece que se necesita trabajar este tema desde otro ámbito, desde el lado de la protección integral, y no desde el castigo y la condena. Eso no puede ser una solución para nada”, señala.

La dirigente socialista Verónica Magni también hizo pública su postura contraria, y dijo que analizar la baja de la punibilidad de los menores “nos hace retroceder como sociedad”.

“Desde el socialismo hemos sostenido siempre que no se trata de una cuestión de edades, ese no debe ser el foco sino una política pública de seguridad ciudadana para el corto/ mediano y largo plazo que debe ser pensada de forma integral”, aseveró.