Tras una serie de denuncias ciudadanas y periodísticas, se definió el cierre de los lugares que se ubicaban en calles Almafuerte, España y Diamante respectivamente. Es la cuarta clausura en diez días.
Por Mariano Osuna
El funcionamiento clandestino de espacios sin las condiciones, infraestructura ni equipos interdisciplinarios, que aborden la vejez desde los derechos humanos, y la falta de controles del Estado para garantizar esa implementación, aparecen como una situación estructural, arraigada en prácticas que atentan contra los sujetos.
Algunas denuncias periodísticas de los canales 11 y 9 y de FM La Voz, expusieron una cotidianidad naturalizada, introduciendo la problemática sobre la agenda gubernamental y legislativa de la capital provincial. La municipalidad y el Ministerio de Salud, organismos institucionales que deben garantizar un abordaje integral en el desarrollo de la vejez, desplegaron algunas intervenciones hacia la cuestión, con la clausura de lugares que funcionaban como geriátricos, en contra de las legislaciones vigentes sobre los derechos de las personas adultas mayores.
La falta de equipos técnicos y de infraestructura adecuada de los lugares cerrados se vio agravada por las inhumanas condiciones que definían a varios de los espacios clausurados. Luego de las primeras intervenciones oficiales se multiplicaron las denuncias ciudadanas sobre similares residencias clandestinas de adultos.
En estos últimos diez días hubo cuatro cierres más en edificaciones ubicadas en calle Almafuerte, España y Diamante respectivamente. La resolución fue firmada este lunes por la jueza de Faltas de la capital provincial, Silvina García. Se espera en esa línea la intervención de las áreas de Salud del Ejecutivo provincial para la reubicación de las personas hacia residencias habilitadas.
La definición sobre los tres geriátricos ilegales fue luego de diversas inspecciones y reiteradas notificaciones para regularizar su situación. Sobre calle Laprida también se determinó la clausura de otro lugar clandestino, aunque sus dueños antes de la comunicación oficial decidió cerrar sus puertas.
La articulación hacia el diseño, la formulación y la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las personas adultas es una deuda, no sólo del Estado en sus diferentes instancias, sino también de la sociedad en su conjunto. El involucramiento de familiares de quienes residen en estos lugares, el rol de la ciudadanía con las instituciones de sus barrios, el compromiso judicial y el abordaje integral desde el Ejecutivo municipal, provincial y nacional, son parte de los desafíos hacia la restitución de derechos.
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