El Superior Tribunal de Justicia autorizó a través de una resolución fechada este viernes el uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias mientras subsista la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social.
Además, dispuso la creación de un protocolo de implementación a concretarse por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, en el que participará una representación del Poder Ejecutivo, Fiscalía, Defensoría y jueces de Ejecución de Penas de la provincia.
La decisión se tomó en función de una presentación realizada por los abogados de la Defensoría General Nicolás Gabriel Chemez y Claudio Antonio Fabri, en atención a que se les prohibió a quienes están detenidos en las unidades penitenciarias provinciales el contacto con sus familiares y también las salidas transitorias, debido a la pandemia de Coronavirus que motivó la declaración del aislamiento social obligatorio por parte del Gobierno nacional.
Como base de la presentación, citaron el documento de la Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación, entre cuyos firmantes se encuentra Natalia Campos (Uader), donde se insta a “propiciar los canales de comunicación (telefónicos y virtuales) de las y los detenidos/as con sus familiares y círculo afectivo, de manera de contribuir a mantener el contacto en esta situación excepcional de emergencia sanitaria y aislamiento social”.
El planteo de Chemez y Fabri fue respaldado por un dictamen del titular del Ministerio Público de la Defensa, Maximiliano Benítez, que lleva además las firmas de Paula Montefiori e Ignacio Mullor, defensores oficiales en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Por otra parte, el Procurador General Jorge Amilcar García, consideró “razonable” el planteo pero requirió que se establezcan medidas en paralelo, como el registro de los aparatos que entran a las cárceles y el horario de uso.
El Director General del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, consideró que la autorización no sería factible.
Recordó que el uso de telefonía celular en las cárceles está prohibido por normativa nacional y provincial y mencionó que, tras los motines que se produjeron en las últimas semanas, se llevaron adelante acciones para facilitar que quienes están internos puedan comunicarse con sus familias a través de las líneas fijas de los pabellones y mediante el uso de otras afectadas a la administración de las unidades penales.
En base a esto, alertó que en caso de que se dé una medida como la que ha dictado el Superior Tribunal, resultaría “de alta complejidad” para el personal penitenciario controlar el “buen uso” de los celulares y recordó que hay antecedentes de utilización de teléfonos móviles desde dentro de las cárceles con fines criminales que han terminado con condena de la Justicia. También apuntó a la utilización de redes sociales por parte de los internos “lo cual puede ocasionar daño en víctimas o familiares”.
El Superior Tribunal se hizo eco de estas advertencias pero consideró que, en todo caso “ello será objeto de la correspondiente investigación a iniciarse en tales casos y repercutirá directamente en las posibilidades de comunicación y así también de las sanciones que correspondan, tanto administrativa como judicialmente respecto del interne que incurra en estas inconductas”.
La decisión lleva las firmas de su presidente, Martín Carbonell y de los vocales Miguel Giorgio y Susana Medina.
Fuente: APF Digital
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