Masacre de Monte: Rechazo a la designación de funcionaria ex agente de policía

Familiares de los jóvenes asesinados por el gatillo fácil en San Miguel del Monte manifestaron su repudio ante la designación de de María Alejandra Cotignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del Municipio.

Las familias de la masacre de San Miguel del Monte y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentaron una carta a la Intendenta expresando su rechazo a la designación de María Alejandra Cotignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del Municipio, cargo que implica el control de las fuerzas de seguridad en la ciudad.

Cotignola fue agente de la Policía Bonaerense, es familiar de uno de los agentes detenidos por la persecución mortal y, como abogada penalista, defendió a policías involucrados en otros delitos

“A las familias que somos víctima de este crimen atroz, no sólo nos indigna, sino que también nos revictimiza y vulnera”, señalan en dicha carta familiares de Aníbal, Camila, Danilo, Gonzalo y Rocío.

La presentación, realizada de manera conjunta con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y los abogados patrocinantes de las familias, advierte que la designación de Cotignola contiene un mensaje político claro: la confirmación de una política de seguridad y el amparo de las prácticas criminales de agentes policiales que generaron las condiciones de posibilidad para la consumación de la masacre del 20 de mayo pasado.

Cotignola está formada en la Policía Bonaerense, la misma fuerza involucrada en la peor masacre ocurrida en la ciudad, con cuatro agentes imputados por cuádruple homicidio y lesiones graves a la única sobreviviente y otros ochos acusados por encubrir el delito. Además fue defensora de agentes policiales en numerosos casos. A esto se le suman los vínculos sociales y familiares que mantiene con uno de los agentes detenidos.

Tal como se demuestra en las imputaciones, la persecución y masacre del 20 de mayo fue el resultado de una consolidada práctica policial en el marco de la ilegalidad y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que estaban amparadas en la complicidad de funcionarios municipales.

“Esperábamos un cambio y que el municipio pudiera desarrollar acciones tendientes al control del accionar policial. Esta designación implica la reconfirmación de una política que nos ocasionó un daño enorme e irreparable, es asumir que no hay nada que revisar”, cierran las familias en la carta entregada a la Intendenta de San Miguel del Monte

Fuente: Andar