43 días detenido estará el referente barrial por participar de las protestas que llevan adelante en el barrio República de La Sexta, ante la ejecución de un negocio inmobiliario. Denuncian al Gobierno provincial y el Ejecutivo municipal.
La comunidad del barrio República de La Sexta, en Rosario, se encuentra movilizada contra los desalojos, en el medio de un negocio inmobiliario en la zona de la Siberia. Luego de intensos reclamos y movilizaciones, la respuesta oficial fue la represión el pasado miércoles, con policías de civil y balas de goma, además de la detención de dos personas, entre ellas, el referente barrial Guillermo Píccolo.
El referente barrial tenía pedido de captura de un fiscal y fue trasladado a la comisaría 2ª junto al otro manifestante, llamado, Emanuel. Desde allí se hicieron protestas, incluso frente a la seccional policial de calles San Juan y Paraguar, para reclamar la libertación de los detenidos de manera arbitraria.
“Es una decisión escandalosa e inédita en la provincia, el juez Postma dictó la prisión preventiva de 43 días a Guillermo Piccolo. Guillermo es militante social y acompaña a familias del Barrio República de la Sexta, quien vienen siendo desplazados de sus hogares, luego de que la Universidad Nacional de Rosario cedió los terrenos para un emprendimiento inmobiliario», denunció la comunidad en un comunicado y una conferencia de prensa. «Desde que estalló el conflicto, numerosas familias fueron desplazadas y el gobierno provincial envió la represión policial reiteradas veces, habiendo heridos y detenidos. La resolución judicial de hoy implica un salto en calidad, por la gravedad de la medida y por los fundamentos de la misma: tanto la Fiscalía como el Juez a cargo fundamentaron que la prisión preventiva la dictan por la participación de Guillermo Piccolo en un corte de calle», se detalló en el escrito. «Al mejor estilo Bonadío-Bullrich, la medida será por un plazo de 43 días. En una provincia que ve cómo los grandes sojeros y pooles de siembra evaden impuestos y fumigan pueblos enteros, cómo las grandes aceiteras devalúan los salarios con sus especulaciones, cómo las privatizadas como Litoral Gas pavonean su impunidad, resalta más aún lo hipócrita de esta resolución judicial con claro auspicio del gobierno de Miguel Lifschitz”, se lamentó.