Ricardo Garzia: «El Estado le da una herramienta a la empresa que va a controlar el mercado de semillas»

El integrante de la Federación Agraria Entre Ríos cuestionó al proyecto oficial con dictamen sobre semillas. «Lo que vino armado desde Monsanto Bayer, Aapresid, Aacrea, terminó Etchevehere suscribiendo», afirmó en Agenda de Radio.

Por Mariano Osuna

El Gobierno nacional espera dar tratamiento y aprobación al cuestionado proyecto de ley de semillas el próximo miércoles 21 en la Cámara de Diputados. Previamente, este martes obtuvo dictamen por mayoría en las comisiones de Agricultura y Ganadera, Legislación General y Presupuesto y Hacienda. El integrante de Federación Agraria Entre Ríos, Ricardo Garzia, explicó los principales puntos negativos de la propuesta oficial, cuestionó el proyecto, pidió por la reglamentación de Agricultura Familiar y defendió el rol del INTA y las universidad en un proyecto alternativo de modelo productivo.

«Federación Agraria, ayer por la mañana (martes) sacó un comunicado de último momento manifestando que no están dadas las condiciones para el tratamiento de esta ley, tampoco para la aprobación del dictamen», afirmó el dirigente en declaraciones a Agenda de radio, el programa que se emite de lunes a viernes, de 16 a 18 hs, por Radio De la Plaza 94.7.

«La mayor cantidad de diputados de la oposición lo que pretendieron ayer fue postergar y continuar con el debate, continuar poniéndole más consenso, más opinión, más sustancia, a la nueva letra de la Ley», detalló sobre la iniciativa del Gobierno nacional que modifica tres artículos de la normativa que tiene 45 años desde su última variación.

«La Ley que se pretende aprobar, es una modificación de la 20247, en dos o tres puntos, que son la consideración de uso propio, el orden público y el rol del Inase», describió Garzia. «O sea que de los 30 artículos que tiene la ley, la intención del Gobierno es modificarle nada más que tres artículos, con lo cual todos aquellos discursos que daban por insuficiente o por obsoleta la letra de esta ley quedaron bastante descolocados», cuestionó.

Recordó que el 21 de diciembre del año 2017, «Luis Miguel Etchevehere, en la sede del Ministerio de Agroindustria, cuando todavía era Ministerio, les presentó este proyecto a la cadena de soja, a las empresas, a las entidades y a las entidades no reivindicativas, a una gran cantidad de actores de la producción». Lamentó que «lo que vino armado desde Monsanto Bayer, Aapresid, Aacrea, terminó Etchevehere suscribiendo». Destacó que desde allí la letra ha ido avanzando en «sucesivas reuniones, que eran de consenso pretendido, pero no efectivo, porque siempre se habló que teníamos consenso, pero resulta que cuando le faltan partes al consenso es mayoría y no es consenso».

El rol de los medios y el apuro oficial

«La prensa de Buenos Aires, sobre todo los medios más grandes, trabajaron mucho para vender que esto era un consenso y que contemplaba las necesidades y las urgencias de todos los sectores», fustigó el dirigente de Federación Agraria Entre Ríos.

Lamentó que «hubo diputados ayer que recibieron el último texto a las 12 de la mañana por Whatsapp». Además, se preguntó que «si hay tanto consenso por qué hubo tanto misterio y se dieron tantas vueltas».

En declaraciones a Agenda de Radio, cuestionó que el proyecto con dictamen «termina eliminando y sacando del beneficio de la ley al uso propio de las semillas, que es un derecho ancestral que tienen los pequeños productores y los pueblos originarios». Denunció que esta ley «termina con el derecho del uso propio y pone a los pueblos originarios y la agricultura familiar como exceptuados de pagar. Es decir, eliminan el derecho que es para todos y hacen una excepción para los más chicos».

El 20% más grande con el 80% de la producción

«Lo que planteaba la Federación Agraria Argentina en su proyecto de ley, en el artículo 42, es que el derecho se mantenga y que de última se exceptúe a los sectores más grandes que son el 20% del padrón de productores pero que generan el 80% de la soja de la república Argentina. Nosotros estamos mal con esto, estamos disgustados», aseguró Garzia. «Para nosotros este proyecto es un avance sobre el derecho de los productores, es un avance sobre la soberanía alimentaria. Para haber modificado la ley en estos términos la hubieran dejado como estaba, pero como responden a los intereses de dos o tres empresas y el Gobierno se hizo eco de eso, hoy estamos alambrando para que el 21 los legisladores, que es lo que vamos a militar nosotros, y estamos militando incluso de esta misma entrevista radial, es que los legisladores le bajen el pulgar a esta idea», profundizó sobre estos próximos siete días.

Adelantó que ya vienen hablando con legisladoras y legisladores de la provincia. «Ayer el diputado Bahillo lo que hizo fue pedir que se posponga el tratamiento y se continúe en definitiva con el diálogo, con la búsqueda realmente de un consenso que contemple los intereses de todo», precisó.

Bayer y Monsanto

«Ahora el Estado le da una herramienta a la empresa que va a controlar el mercado de semillas y les da más derechos de los que ya tenía», criticó. «Iría a la condición de qué producimos y de cuánto nos cuesta lo que comemos. El tema es que la semilla es todo, qué comemos, con qué nos vestimos, cómo nos movemos», ilustró. Además señaló que «la semilla tiene mucho de soberanía» y se preguntó que pasará cuando «una o dos empresas» te digan «que vos en tu país solo vas a poder sembrar esto o si querés sembrar esto vas a tener que entregarme la producción completa».

«Entonces lo que estamos haciendo es erosionando los números de los pequeños y medianos productores» y «relegando soberanía que era una de las cosas más graves que tiene la idea Bayer, Monsanto, Etchevehere y Macri».

Protección de semillas nativas y rol del Inase

«El tema de la protección de semillas nativas es precisamente para que nadie tenga restringido el acceso a la semilla, me parece una iniciativa espectacular», valoró. Describió que el Instituto Nacional de Semillas «no tiene estructura para controlar el mercado de semilla. En la nueva ley se le aumentan las atribuciones al Inase, al punto de permitirle ingresar a los campos de los productores. Casi te diría que roza la constitución Argentina el proyecto del Gobierno. ¿Y por qué le da más control al Inase? Porque necesita asegurarse la rentabilidad».

Cuestionó que «no está visto con el Gobierno actual el Inase como una herramienta que vaya a promover la variabilidad genética, sino que está visto en este proyecto, y en esta ley que se aprobó el dictamen ayer, como el organismo asegura la rentabilidad de lo que las empresas quieren cobrar».

Agricultura familiar y sentido público

Garzia explicó que desde Federación Agraria «todo lo que tenga que ver por ejemplo con la reglamentación de la ley de la Agricultura Familiar, que es una deuda de la política y que todavía no está, a eso bancamos». También afirmó que se bancan «todas las iniciativas que le den acceso a materiales genéticos a los pueblos originarios, los pequeños y medianos productores y la agricultura familiar». Insistió que este proyecto oficial «no va por ahí, va por otro lado, donde está la discusión de orden público también, que es que el Estado controla o no controla cuando hay inequidad entre actores». Ejemplificicó cuando «un productor de 50 hectáreas de Mansilla contra una multinacional que vale 65 mil millones de dólares» firman «un contrato» y se preguntó que pasaría si «la ley no tuviera orden público».

Importancia del INTA y las universidades

«Es fundamental desde el punto de vista de la soberanía, porque el INTA y las universidades van a investigar para las necesidades de cada uno de sus territorios y no investigar para poder vender un herbicida, como es el caso del glifosato», reflexionó sobre la importancia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y las universidades.