Según el decreto firmado por el presidente Macri, el objetivo es “lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario”. Su creación es parte del pacto fiscal que se firmó con los gobernadores. Fuerte impacto en los impuestos.
Se trata de un complejo entramado que llevará dos años de trabajo, con lo cual se estima que el próximo gobierno lo continuará. Teniendo en cuenta que el resultado será un incremento sustancial en el pago de impuestos inmobiliarios y bienes personales a lo largo y ancho del país, es poco probable que sea quien fuere que gane los comicios de 2019 el proyecto no siga su curso. El organismo estará controlado por el Ministerio del Interior y su creación fue parte del denominado pacto fiscal que Casa Rosada firmó con los gobernadores.
La situación no es igual en todo el país, por lo que no en todos los distritos las diferencias en los costos impositivos serán tan grandes como en otros. La Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense, así como Entre Ríos y un poco menos Córdoba tienen valores registrados mucho más elevados que los inmuebles valuados por los Estados de La Rioja, Chaco o Catamarca, por citar unos pocos ejemplos.
Un dato fuerte del primer semestre de 2018 ejemplifica la situación: La Rioja recaudó en ese lapso 108 millones de pesos por impuesto automotor y sólo 24 millones por impuesto inmobiliario. Asimismo, hay provincias que desde hace largos años no renuevan las valuaciones. Para este último punto, el BID entregó al país un crédito de 60 millones de dólares para informatizar a provincias que siguen guardando sus registros en papel, con lo cual se hace imposible el cruce de datos y el registro nacional.
En el Gobierno, en estos momentos, rechazan que detrás del revalúo haya un nuevo golpe contra la clase media. Aseguran que el objetivo no es recaudatorio, sino uniformar los procedimientos que se aplican a lo largo y ancho del país para valuar los inmuebles y generar mayor equidad entre todos los contribuyentes.