La hija del genocida y líder de Fuerza Popular fue detenida por un caso relacionado con Odebrecht. Enfrentará un juicio por lavado de dinero, con penas que oscilan entre 10 y 20 años de cumplimiento en prisión.
Keiko Fujimori fue trasladada este jueves a una cárcel de Lima, un día después que el Poder Judicial le impusiera prisión preventiva por 36 meses, acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht. La hija del represor y ex candidata a la presidencia en dos oportunidades fue recluida en el Establecimiento Penitenciario de Chorrillos, luego del fallo del miércoles.
Tras el pedido del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, el juez Richard Concepción Carhuancho impuso la medida a la hija del represor Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo partido controlaba el Congreso pero ahora enfrenta una crisis interna que deja su espacio al borde del quiebre.
La acusación de Fiscalía acusa a Keiko de recibir 1,2 millones de dólares aportados en forma ilegal por la cuestionada constructora brasileña para su campaña de 2011.
El juez se tomó casi ocho horas en fundamentar su fallo, aduciendo que el Tribunal Constitucional fijó «un estándar mucho más exigente» para la prisión preventiva cuando en junio liberó al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia. Ellos eran los únicos políticos peruanos que, antes de Keiko, estuvieron presos (nueve meses) por el caso Odebrecht. Heredia estuvo recluida en el mismo penal de Keiko. Vale recordar que también fue ordenada la detención del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien hoy se encuentra prófugo de la justicia.
La fiscalía denunció amenazas a los testigos y señaló que el fujimorismo, que controla el Congreso, viene usando su poder político y sus influencias judiciales para obstruir la investigación fiscal. El fiscal José Domingo Pérez enfatizó en las relaciones de Keiko y dirigentes fujimoristas con una mafia judicial recientemente descubierta que vendía sentencias y nombramientos de magistrados. Pérez acusó al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, que es su superior, de hostilizarlo en su trabajo para obstruir las investigaciones de la fiscalía. Chávarry está acusado de pertenecer a esa mafia judicial y ha sido salvado por la mayoría fujimorista de ser destituido por el Congreso. El juez consideró que estas acciones de obstrucción al proceso judicial y las evidencias del delito de lavado presentadas por la fiscalía ameritaban la prisión preventiva.
La Fiscalía describió que la ex Primera dama del Perú (1994-2000), ex parlamentaria (2006-2011) y ex candidata presidencial (2011 y 2016) fue la cabeza de una organización criminal al interior de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que lavó por lo menos US$1.2 millones aportados irregularmente por la compañía brasileña Odebrecht.
La Fiscalía de Lavado de Activos además investiga a Keiko Fujimori por otros dos casos que involucran a los cócteles y actividades proselitistas realizadas en la campaña presidencial del 2016, y a la anotación “aumentar keiko para 500” encontrada en la agenda de Marcelo Odebrecht.
Fuente: P 12, El Universal, Nodal