Cambiemos logró avanzar con el dictamen de la Ley de semillas

Pese a la resistencia de movimientos y organizaciones que rechazan el proyecto por considerarlo redactado a espaldas de los diputados por los grandes productores y semilleras, el oficialismo obtuvo luz verde y se encamina a aprobarlo el 21.

La reunión plenaria de las comisiones de Agricultura y Ganadería, Legislación General y Presupuesto y Hacienda de Diputados dieron dictamen, este martes, al cuestionado proyecto de la Ley de semillas que viene a reemplazar una norma que data de 1973. El objetivo de Cambiemos es aprobarlo el próximo 21 de noviembre.

En la previa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Pueblo a Pueblo y distintas organizaciones del sector protestaron frente al Congreso en contra de la Ley, pidiendo que sea cajoneada.

El FPV se expresó en contra y llevó al anexo C del Congreso a pequeños agricultores, que lograron una excepción pero no pudieron evitar el avance del dictamen de mayoría.

El MTE-Rural advirtió que el proyecto de Ley “nunca se hizo público porque esconde el objetivo de otorgarle a las semilleras la posibilidad de terminar con el derecho de uso propio de los agricultores y agricultoras, y cobrar regalías cada vez que utilicen una semilla sujeta a derechos de obtentor”.

Además, consideraron que la propuesta “convierte al Instituto Nacional de Semillas en el custodio de los derechos de patentes sobre genes de las corporaciones, impone el poder de la concentración de unos pocos sobre decenas de miles de actores de la actividad agraria sin que nadie proteja ni equipare el derecho de los más débiles y engaña a la sociedad con la mentira de que es necesaria una nueva Ley de Semillas para garantizar la investigación y la recuperación de las inversiones para las empresas biotecnológicas”.

Por su parte, las organizaciones remarcaron que los pequeños productores pretenden la participación de las organizaciones agrarias de agricultura familiar en los órganos estatales y comunitarios que arbitren sobre la producción agrícola en nuestro país; que se mantenga el uso propio como derecho del agricultor; un marco específico para los agricultores familiares; definiciones de semillas nativas y criollas para resguardarlas y declarar la invalidez de condiciones abusivas en la compra de semillas.

Se trata de una norma que en su mayor parte permite que las empresas tengan derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Algo similar a una patente pero que en este caso se llama derecho de obtentor, que les permite tener un monopolio.

Monsanto ya les cobra a los productores por usar semillas que considera de su propiedad. Esto fue denunciado por el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía, en declaraciones a la agencia APF Digital. “Hoy Monsanto cobra un canon de producción por una equis cantidad de dinero por lo producido si usaste o no su semilla. Lo cobra mediante un sistema privado, por intimaciones y que se controla en los puertos”, expresó el ruralista. Es decir que no interviene el Estado, sino directamente la empresa multinacional. Esto cambia apartir del nuevo proyecto, pero también implica un avance a favor de las empresas ya que quienes guarden semillas o las reproduzcan tendrán que declarar qué cantidad de semillas acopian y pagar por ellas también.

El diputado radical Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería fue el encargado de despachar el proyecto junto a la de Presupuesto, con respaldo de algunos opositores que esta noche no sabían enumerar y los necesitará en el recinto para aprobar la ley.

“Logramos un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina: quedan exceptuados los pueblos originarios y los agricultores de la economía familiar, y aquellos que su nivel no exceda la categoría micro pyme”, celebró el entrerriano. “Esto resuelve la preocupación de muchos sectores que temen verse afectados por el pago oneroso de la tecnología”, consideró el titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Recordó que el proyecto unifica “todos los derechos y patentes que haya sobre una simiente y el funcionamiento del INASE (Instituto Nacional de Semillas) como organismo único de control, favoreciendo a los investigadores nacionales”. “Para el negocio de semillas hay una sola puerta de cobro, esto significa Bolsatech, varios cientos de millones para Monsanto Bayer, Syngenta y distintos espacios que están capturando una renta”, le respondió el kirchnerista Luis Basterra.

“El Estado se va a hacer cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”, denunció Kicillof.

“Está muy pensada para la producción de soja, estamos dejando afuera las economías regionales, en este articulado no están contemplados”, argumentó Juan José Bahillo.

Su compañera de bancada, Elda Pertile, pidió “ampliar la franja para incluir a más agricultores de economía familiar; ellos tienen por costumbre intercambiar las semillas, no comprar a los semilleros”.

El próximo round será en la Cámara Baja, cuando el proyecto con dictamen de mayoría llegue para su tratamiento, aunque las organizaciones que se oponen advirtieron que, en caso de ser convertido en Ley, apelarán a la justicia para reclamar su inconstitucionalidad.

Fuente: La Política On Line.