La docente e integrante de la Asamblea Paraná sin Agrotóxicos se refirió al proyecto nacional sobre semillas y al recurso extraordinario elevado por el Ejecutivo provincial respecto al fallo que prohibió fumigaciones cerca de escuelas rurales.
La Asamblea Paraná sin Agrotóxicos y la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta, realizaron este miércoles una jornada de resistencia en plaza de Mayo y Casa de Gobierno, en Paraná. Una de las integrantes de la Asamblea, Alejandra Pérez, explicó en Agenda de Radio los motivos de la medida colectiva de fuerza.
La docente detalló que «la manifestación e intervención artística» fue por dos motivos. «Una para manifestarnos contra la Ley de Semillas, que tuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados de la Nación, y para repudiar la decisión del Gobierno provincial de acudir a la Corte Suprema para darle fin al fallo de la Justicia según el cual se prohíbe fumigar alrededor de las escuelas», argumentó Pérez.
Respecto a la Ley de Semillas, advirtió que «si bien, por falta de acuerdo dentro del Congreso, esta ley pasaría para el año que viene, igualmente nosotros mantenemos nuestra postura de manifestarnos en contra de la ley porque sabemos que el lobby de las empresas multinacionales, Syngenta, Monsanto, Bayer, van a seguir presionando para que esta ley se apruebe para beneficio propio». Destacó que «lo que buscan es cobrar por el uso de semillas y principalmente cobrar este derecho, que es una especie de derecho intelectual, que perjudicaría principalmente a los pequeños y medianos productores. Y por otro lado, este control de la semilla haría que corran peligro las semillas nativas, las semillas criollas que los pueblos originarios y los pueblos campesinos han ido mejorando naturalmente por cientos de generaciones». Y añadió que «hay semillas que son ancestrales y para proteger estas semillas tendrían que patentarlas».
«Nosotros formamos parte de esta Multisectorial de Semillas, que es una multisectorial a nivel nacional, que junto a ellos decimos que las semillas son de los pueblos, la semilla es vida y por eso no se patenta», profundizó la docente en declaraciones al programa que se emite de lunes a viernes, de 16 a 18 hs, por FM Radio de la Plaza 94.7.
«Además también hay que tener en cuenta que las semillas que los pueblos han ido cuidando y han ido reproduciendo, y caen en manos de las multinacionales, y ellos no la patentaron, entonces pueden patentarlas como propias. Y el problema es que de acuerdo a esta nueva ley el Inase, que es el organismo de contralor que estaría controlando todas estas semillas dentro de la Argentina, podría incautar toda la producción, toda la cosecha», cuestionó Pérez. Y alertó «que es una propiedad colectiva, que se viene manteniendo por generaciones».
Sobre la semilla transgénica, la integrante de la Asamblea afirmó que «está demostrado que tiene un valor nutricional casi nulo. Si uno la compara con las semillas nativas, éstas tienen muchísimo más valor nutricional, porque las semillas transgénicas no fueron creadas para alimentar, fueron creadas para resistir el glifosato o para que sean resistentes a determinadas plagas». Explicó que incluso «hay estudios que ponen a la semilla transgénica como posible cancerígena, y no solamente por estar contaminada por agrotóxicos sino que también por la misma modificación genética».
El fallo en Entre Ríos
«Bordet la semana pasada tuvo una reunión con la Mesa de Enlace y él se habría comprometido a sacar un Decreto para poder regular el uso de pesticidas alrededor de las escuelas», adelantó Pérez en Agenda de Radio.
«Nosotros no estamos diciendo que no se produzca alrededor de las escuelas, lo que estamos diciendo es que se puede empezar con la transición agroecológica alrededor de esas escuelas. Y para esto nosotros sostenemos que es el Estado quien debe dirigir esta transición a partir de la capacitación a los productores, del acompañamiento, de créditos, de subsidios, de exenciones de impuestos, como un premio para aquellos productores que quieran sumarse a la transición», puntualizó.
Describió que los productores «también fueron llevados de alguna forma por el mercado a esta falsa revolución, la revolución verde, que no es otra cosa que el paquete tecnológico. Hablemos de pequeños y medianos productores, siempre están trabajando a riesgo, con miedo de perder la cosecha, teniendo que adaptarse a los caprichos del mercado. Y no es fácil una conversión, por eso se necesita del Estado para que los dirija, los apoye y lleve adelante un plan agroecológico». Además, se preguntó por qué «no pensar Entre Ríos de ser la provincia más fumigada a ser una provincia líder en agroecología y ecoturismo».
«Creo que el derecho al desarrollo económico se pone por encima de derechos inalienables como son los de la salud y a vivir en un ambiente sano», aseguró Pérez. «Es inaudito que se intente seguir fumigando a los niños de las escuelas, a las maestras, a los adolescentes, a los estudiantes. Esto no puede seguir», alertó. «Claramente el Gobierno provincial se ha puesto de parte del agronegocio, pero también hay contradicciones dentro del Estado», finalizó.