El gremio docente cuestionó el aval de la Departamental de Escuelas de Villaguay a una “capacitación” docente sobre educación sexual que llevarán adelante grupos religiosos en esa ciudad. Señaló que no es el único caso y responsabilizó al Estado.

Mediante un comunicado emitido este jueves, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, manifestó su “preocupación y rechazo a la decisión de la Departamental de Escuelas de Villaguay de otorgar reconocimiento (a través de una disposición) a una actividad de ‘capacitación’ docente sobre educación sexual que llevarán adelante grupos religiosos en esa ciudad”.
En ese sentido, remarcó que “es preocupante la creciente intromisión de grupos religiosos en ámbitos educativos y comunidades escolares, especialmente en torno a la educación sexual integral, que nuestro país ha reconocido como derecho de niños/as y adolescentes, plasmándola en la ley nacional 26.150” y acotó: “Mayor es la alarma cuando tales intervenciones son propiciadas y/o avaladas desde el Estado, que debe garantizar la laicidad de la educación y el cumplimiento de las leyes vigentes en materia educativa, sobre todo cuando estas leyes consagran derechos”.
También, desde el gremio docente, señalaron que “el de Villaguay no es el primer hecho en este sentido. Semanas atrás en Maciá, departamento Tala, se convocó a una actividad similar, también a cargo de grupos religiosos, en el Teatro Municipal, que fue cedido para la disertación por las autoridades del Municipio , lo que motivó el rechazo de nuestro sindicato”.
“Asimismo, puede recordarse en esta línea lo sucedido en Paraná, cuando una escuela secundaria decidió distribuir un cuadernillo con contenidos discriminatorios hacia la homosexualidad, oportunidad en la que debimos exigir al CGE que cumpla con su obligación indelegable de garantizar el cumplimiento de las políticas educativas con perspectiva de derechos”, plantearon en referencia a lo ocurrido en el Instituto Cristiano Evangélico Bautista de la capital entrerriana.
Por último, desde Agmer, reclamaron “la plena vigencia e instrumentación de la Ley de Educación Sexual Integral que no se funda en cuestiones religiosas ni morales, sino que propicia el acceso a un derecho de las infancias y juventudes de nuestro país en cualquier escuela pública o privada a la que asistan”.