Tras el caso de gatillo fácil en el barrio Capibá de Paraná, los dos policías involucrados no fueron indagados ni imputados y tampoco se conoce el resultado concluyente de la autopsia.
Por Mariano Osuna
El pasado jueves se cumplió un mes del asesinato, a manos de la policía de Entre Ríos, de Gabriel Gusmán, un joven de 20 años, durante un operativo en el barrio Capibá de la capital entrerriana. Como informó Agenda Abierta en aquella oportunidad, se trató de un caso de gatillo fácil que evidenció, además, la ausencia del Estado, más allá de la excepción del sistema represivo. Un mes después de esa jornada, donde el efectivo del 911 Rodrigo Oscar Molina disparó al adolescente, la Fiscalía confirmó que aún no hay imputados, por lo tanto tampoco indagatoria, ni resultados concluyentes de las principales pruebas.
El asesinato de Gabriel ocurrió en el mediodía del martes 25 de septiembre en el barrio Capibá de Paraná, una zona abandonada por el abordaje estatal y la garantía de derechos. Rápidamente dos uniformados del 911, el sargento Diego Sebastián Ibalo y el agente Rodrigo Oscar Molina, quienes participaron del megaoperativo de la policía entrerriana, fueron detenidos. 36 horas después fueron liberados, entre aplausos, caravana de uniformados y polémicas declaraciones del jefe policial provincial, Gustavo Maslein y del jefe de la departamental de Paraná, Marcos Antoniow. Pasó el repudio, en un duro documento, de los organismos de derechos humanos y una reunión con el procurador de la provincia, Jorge García, y la ministra de Gobierno, Rosario Romero, aunque la investigación no tuvo novedades.
Ibalo y Molina continúan en funciones con las mismas tareas anteriores a ese 25 de septiembre. No solo fueron rápidamente liberados, en medio de una insólita caravana policial, sino que ni siquiera fueron indagados durante la investigación. La oficina del fiscal a cargo, Gonzalo Badano, confirmó a este Cronista, entre recaudos, que los efectivos no se encuentran imputados y que esperan las conclusiones de pruebas solicitadas.
Un mes después los resultados son negativas respecto al desarrollo de la causa. Lejos de los discursos policiales y de algunas estigmatizaciones mediáticas, la falta de definiciones judiciales solo traen incertidumbre e impunidad sobre un tema sensible para la sociedad, que recuerda con impotencia las desapariciones forzadas de Héctor Gómez y Martín Basualdo.
Noviembre inicia con el asesinato de Gabriel Gusmán casi olvidado de la cobertura mediática y sin avances judiciales. Aunque tampoco se encuentra en la agenda gubernamental, desde una perspectiva de deudas estructurales y de la necesidad de un abordaje integral y real en materia de derechos humanos.
La creciente violencia institucional y criminalización de la pobreza, el contexto socioeconómico, la carencia de autocrítica y de reflexión sobre la formación de las fuerzas de seguridad, la falta de avances en la investigación del gatillo fácil y la inexistencia de políticas públicas que intervengan en la vida cotidiana de la comunidad, ratifican lo dicho hace más de un mes: la única respuesta del Estado fue la represión.