En medio de los cuestionamientos por el impacto de los agroquímicos, el Gobierno insiste con las buenas prácticas

Ante el amparo ambiental y el proyecto que propone la declaración de la emergencia ambiental en la provincia, el secretario de Producción, anunció medidas de alerta temprana y fiscalización para fumigadores que infrinjan la ley. Lo acompañaron De Angeli y Etchevehere.

Las buenas prácticas agrícolas son un compendio de acciones que tienden a reducir el impacto del uso de los agroquímicos sobre la salud ambiental y de la población. Sin embargo, no son de aplicación obligatoria sino que tienen el carácter de sugerencias que incluso tienden a proteger a los aplicadores y productores que entran en contacto con estas sustancias.

Desde el movimiento ambientalistas señalan que esas buenas prácticas generalmente no son contempladas y cuando lo son, resultan insuficientes para evitar la afectación de la salud que genera la alta toxicidad de los productos denominados agrotóxicos. La salida posible es un viraje gradual hacia la agroecología, algo que insipientemente comienza a ganar terreno en algunos municipios, siendo Gualeguaychú el ejemplo emblemático.

El aval dado por la justicia entrerriana al recurso de amparo colectivo presentado por Agmer y el Foro Ecologista que, en un fallo inédito, prohibió las fumigaciones terrestres en un radio de mil metros de las escuelas rurales y tres mil para las aéreas, y la posterior apelación de parte del Gobierno de Entre Ríos, pusieron nuevamente el tema en el tope de la agenda. En la defensa y argumentación de la apelación a la medida judicial, desde el Ejecutivo esgrimieron el impacto en la producción agropecuario que implica la implementación de la medida y defendieron a las buenas prácticas como una solución para el conflicto.

En ese sentido, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, anunció recientemente medidas de alerta temprana y fiscalización en conjunto con la Policía y la Justicia para fumigadores que infrinjan la ley. Lo hizo en el marco de la segunda jornada de buenas prácticas para la aplicación de productos fitosanitarios que lugar en la ciudad de Victoria y contó con la asistencia de alrededor de 300 personas.

Allí, el funcionario provincial expresó la necesidad de “empezar a equilibrar la producción agropecuaria bajo una mirada de lo agroecológico, orgánico y tradicional”. “No se puede perseguir la rentabilidad sin un desarrollo armónico de la sociedad  y amparado bajo una visión social”, afirmó quien hasta hace poco adhería a los conceptos de os ministros nacionales que proponían unificar criterios para las fumigaciones que implicaban la reducción de las distancias mínimas respecto a las zonas pobladas.

El encuentro contó con el apoyo de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, y un trabajo articulado entre el Estado, productores, entidades agropecuarias e instituciones civiles. En ese marco Gabás anunció que se está trabajando en la creación de un sistema de alerta temprana para sancionar a los productores que infrinjan la ley, y en una metodología de fiscalización en tiempo real, con la colaboración de la Policía y el sistema judicial.

Entre el público que asistió se encontraron estudiantes, educadores, productores, aplicadores, ingenieros agrónomos, empleados rurales, profesionales de la salud y ciudadanos en general de diversos municipios de la provincia.

“Nuestro sistema productivo debe avanzar hacia la sustentabilidad, preservando la salud humana y el ambiente”, expresó el funcionario y sostuvo que “no se puede perseguir la rentabilidad sin un desarrollo armónico de la sociedad  y amparado bajo una visión social”.

Planteó que “como provincia creemos que las formas de producción deben convivir con las buenas prácticas agrícolas” y admitió la necesidad de “empezar a equilibrar la producción agropecuaria bajo una mirada de lo agroecológico, orgánico y tradicional”.

“Del sector agropecuario exigimos responsabilidad y respeto hacia el cuidado del uso de la tierra, los recursos naturales y el bienestar general”, señaló.

Durante la jornada se realizaron las acostumbradas demostraciones de aplicaciones aéreas y terrestres con agua, con el fin de medir la “deriva”. Esto es: a todas aquellas gotas que no alcanzan el objetivo y constituyen una pérdida de producto, lo que reduce la eficiencia de la pulverización y puede generar efectos indeseados en el ambiente. Para ello se seleccionaron entre el público 10 veedores responsables de fiscalizar el procedimiento de medición de deriva a través de tarjetas hidrosensibles, y se informó acerca de tecnologías de aplicación anti deriva. Estas demostraciones son muchas veces cuestionadas por los ambientalistas por su dudosa utilidad y suele ser además asociada a una acción de promoción de las propias empresas que impulsan el uso de químicos en el agro.

La actividad contó con la participación del secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo, el senador Alfredo De Angelis, la diputada, Alicia Fregonese, y el representante de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, Juan Brihet.