El Gobierno provincial convocó a ambientalistas y productores agropecuarios para analizar el fallo que protege a escuelas rurales

Tras la apelación al fallo que prohibió la fumigación en cercanías de escuelas rurales y dispuso la implementación de barreras vegetales, el Ejecutivo convocó a las partes. El Fiscal de Estado, dijo que “la sentencia genera más problemas que soluciones”.

Este lunes, la Cámara Civil II, encabezada por Oscar Benedetto, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos respecto a las fumigaciones a metros de escuelas rurales, una problemática de larga data en la provincia.

A pocas horas del fallo, el Gobierno provincial decidió apelar la medida judicial a través del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Si bien, el funcionario sostuvo que “nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones ambientales posibles”, expresó tener “instrucciones del gobernador de ser muy serios con esta temática que además es muy compleja”.

En sus aspectos centrales, la resolución judicial que lleva la firma de Benedetto, estableció “admitir parcialmente la acción, prohibiendo la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos; todo ello, hasta tanto se determine por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes. Exhortar al Estado Provincial para que, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse. Condenar al Estado Provincial y al CGE a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos”. Y “suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.

Al argumentar la apelación, Rodríguez Signes, señaló que “el amparo es un procedimiento excepcional muy breve, donde las posibilidades de probar los hechos que se invocan en la demanda y la contestación son prácticamente nulos”.

“Por eso vamos a reunirnos con los organismos técnicos que intervienen en esta materia, así como también con las entidades que nuclean a los productores agropecuarios y las organizaciones ambientales”, agregó.

Dijo además que, “la decisión del juez involucra decisiones de tipo administrativas” por lo que “consideramos que hay una intromisión del poder judicial”, en referencia a las distancias establecidas por el juez para las fumigaciones y el plazo de dos años para crear barreras vegetales. En ese marco sostuvo que su función tiene que ver con “que haya límites entre lo que es la función judicial y lo que es la función administrativa”.

“La apelación responde a un principio por el cual no podemos dejar firma una sentencia de primera instancia en un tema tan sensible”, apuntó, por lo que “ponemos el tema a consideración del máximo tribunal que hay en la materia, que es la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia”.

“Esto no significa que estemos en contra de la protección ambiental” remarcó Rodríguez Signes. “Pero como está planteada la sentencia genera más problemas que soluciones”, agregó tras anunciar que recibirá a todas las partes involucradas este jueves para analizar las medidas.