Diputados dieron dictamen a la Ley de Alquileres y se encamina a su aprobación antes de fin de año

La Comisión de Legislación General avanzó con un proyecto que incorpora modificaciones a la media sanción del Senado. El FpV-PJ, Argentina Federal y Felipe Solá acompañaron la propuesta de la mayoría, pero con disidencias.

Este miércoles se desarrolló la reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la nación, para tratar una norma que estuvo frenada por un largo tiempo y en los últimos días cobró nuevos bríos. Se trata de la Ley de Alquieleres, cuyo proyecto inicial fue aprobado en el Senado por unanimidad, el 23 de noviembre de 2016.

El viernes pasado, el presidente Macri, pidió al Congreso una nueva ley de alquileres e inmediatamente, Daniel Lipovetsky, presidente de la Comisión en cuestión, convocó para tratar el proyecto que se encontraba demorado y de no ser tratado antes de fin de año, perdería estado parlamentario, retrotrayendo la situación a fojas cero. El eje central del proyecto está basado en la presentación de Inquilinos Organizados, una asociación que hace tiempo lucha por la regulación del mercado y el establecimiento de normas justas y claras para proteger a aquellos que necesitan alquilar para tener una vivienda.

Sus puntos centrales son:

Contratos a 3 años como plazo mínimo legal, en lugar de los dos que se firman en la actualidad. Esto generará menores costos para los inquilinos a la hora de renovar.

Actualización de los alquileres según inflación y la evolución de los salarios. El precio se ajustará semestralmente, y se utilizará una fórmula conformada por partes iguales, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Mayor acceso a una garantía: se exhorta a los propietarios a aceptar como variante garantía real, aval bancario, seguros de caución, garantía personal con certificado de ingresos o garantía de fianza.

Formalización de los contratos: una de las intenciones del Gobierno con esta medida es que se blanqueen los alquileres ante la AFIP, con el fin de incrementar la recaudación. Cabe recordar que los trabajadores tienen la posibilidad de deducirlos de Ganancias.

Las comisiones estarán a cargo del propietario del bien y no de los inquilinos, algo que por ejemplo ya rige en la Ciudad de Buenos Aires./ Fue implulsada por inquilinos agrupados en la legislatura de la ciudad de buenos aires.

El dictamen favorable dado por los legisladores incluye modificaciones por lo que deberá ser tratado en sesión ordinaria en la Cámara Baja, y de resultar aprobado deberá volver al Senado para su debate y votación. De este modo podría obtener la sanción definitiva antes de que finalice 2018.

La voz de las partes

Durante la reunión de Comisión hubo exposiciones de organizaciones de inquilinos y corredores inmobiliarios que expusieron sus planteos frente al mercado de los alquileres y los cambios que promueve el proyecto de ley.

Uno de los expositores de la reunión fue Gervasio Muñoz, titular de la Federación Nacional de Inquilinos, quien sostuvo que “siempre que hubo regulación del precio de los alquileres en Argentina hubo un acceso justo a la vivienda”.

Según Muñoz, “primero fue con (Hipólito) Yrigoyen en 1921, cuando se congeló el precio de los alquileres, y después con (Juan Domingo) Perón. Los alquileres siempre estuvieron regulados en Argentina hasta la dictadura, que hizo dos cosas para favorecer al mercado inmobiliario: dolarizar la vivienda y desregular el precio de los alquileres”.

“Las consecuencias son las que estamos viviendo hoy: destinamos el 50% de nuestro sueldo a pagar alquiler y no recibimos nunca una factura por ese pago”, alertó Muñoz, al señalar que el mercado inmobiliario “es profundamente ilegal, muy amigo de violar la ley y sobre todas las cosas de evadir impuestos”.

Por su parte, el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), Armando Pepe, cuestionó que el plazo de los contratos de alquiler se eleve de dos a tres años. “El plazo es muy largo para aquellos propietarios que compran un inmueble como renta, lo alquilan por dos años y después lo usan o es para su hijo”, ejemplificó.

De todos modos, Pepe advirtió que “lo que preocupa seriamente es el tema de las garantías”, ya que “poder garantizar un alquiler solamente con recibo de sueldo es darle una sola opción al propietario”, por lo cual consideró que “habría que abrir esto a varias opciones más”, como un seguro de caución, una garantía de compañía privada o un título de propiedad.

Sobre el tema de los honorarios de los corredores inmobiliarios, Pepe precisó que “en la Ciudad cerraron casi 500 inmobiliarias en lo que va del año por no cobrar los honorarios de los alquileres”.

También se refirió a esta cuestión Ernesto Ziegler, representante del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, quien explicó que en ese distrito la ley que establece que pueden cobrar en los alquileres el 2% de honorarios como máximo a cada parte, pero “si los propietarios no pagan, se cobra ese 4% a los inquilinos”.

“El argumento es que los que nos dan el trabajo son los propietarios y no es así: nosotros atendemos a los inquilinos los 365 días del año. Atendemos a las dos partes; es lógico que debamos cobrar a las dos partes”, sostuvo.

Nire Roldán, representante de inquilinos de la ciudad de Rosario, destacó que el plazo de tres años para la duración de los contratos “garantiza previsibilidad y continuidad”, y también resaltó el nuevo mecanismo de ajuste que se prevé implementar, ya que “hoy cualquier trabajador medio de la Argentina paga más de un 50% de su salario en alquiler, sin contar expensas ni cuestiones tarifarias que presionan fuertemente a los inquilinos”.

Roldán exigió: “Basta de hacerle pagar a los inquilinos los impuestos inherentes a la propiedad. En casi el 92% de los contratos existen abusos y violaciones. Eso está taxativamente demostrado en encuestas de toda la provincia de Santa Fe y en otras provincias es más grave”.

El expositor también se mostró a favor de la posibilidad de entregar un recibo de sueldo como “garantía fehaciente” para el alquiler. “Busquemos modalidades innovadoras para que cada vez más gente pueda tener un contrato digno y justo”, pidió.

A su turno, Leonardo Frankenberg, presidente del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba (CPCPI) manifestó que “no se puede defender a un sector poniendo en riesgo al otro” y que “preocupa mucho que se pretenda obligar al propietario a aceptar inquilinos sin garantías”.

Frankenberg puso como ejemplo que “si el inquilino y su grupo conviviente demuestran ingresos por un valor diez veces superior al alquiler, no se necesita presentar garantía”, y “eso ha generado muchos casos de propietarios que quieren retirar los inmuebles del mercado, lo que va a generar que haya menos inmuebles para alquiler”.

También participó German Schierff, de la Asociación Platense de Inquilinos (API), quien observó que en la actualidad “se vulneran derechos porque no se garantiza la estabilidad al no saber cuánto se va a pagar y no poder negociar las condiciones mayoritarias del contrato”.

Schierff habló de “la expulsión de inquilinos hacia peores situaciones”, ya que “hay miles de inquilinos que están rescindiendo sus contratos y no sabemos dónde están yendo”, por lo que reclamó “estabilidad en la vivienda y condiciones equitativas para el acceso”.

Fuente: Parlamentario.