La Cámara de Casación de Entre Ríos dejó firme la pena al presidente de la empresa, el dueño del campo y el piloto que fumigaron en cercanías a la Escuela 44 de Santa Anita. Aunque pena mínima, se abre un horizonte contra la impunidad.
Aunque la condena no tuvo una pena ejemplar, el fallo expone las distintas responsabilidades por las fumigaciones en la provincia, la mayoría de las veces con productos ilegales y letales. Cuando este último martes, la docente Mariela Leiva, una de las víctimas de los hechos ocurridos en abril de 2014, tuvo la notificación que ratificó el fallo del Tribunal Oral de Concepción del Uruguay de octubre de 2017, hubo una reparación, mínima, pero necesaria, para una comunidad educativa, para un pueblo y para las víctimas cotidianas del uso de agrotóxicos, del monocultivo y de este modelo productivo.
La Cámara de Casación de Entre Ríos ratificó la pena de un año y medio de prisión a Erminio Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Aero Litoral SA, de Villaguay; a José Mario Honecker, dueño del campo, y César Visconti, piloto responsable, por contaminación ambiental y lesiones culposas leves.. La condena fue realizada por el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay, encabezado por Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Rojas, el pasado 3 de octubre de 2017, luego que se fumigara en los alrededores de la Escuela Nº 44 de Santa Anita.
El camino emprendido por la comunidad educativa, por la docente Mariela Leiva y por la campaña «Paren de Fumigar las Escuelas», de Agmer, sentó un precedente histórico, atravesado por un contexto de denuncias en Basavilbaso, San José, Colón y distintas ciudades sobre fumigaciones. También en un escenario de ordenanzas prohibiendo el uso de estos venenos y en la conformación de rondas contra los agrotóxicos en diferentes localidades entrerrianas que pusieron en agenda pública la problemática estructural. El caso de Fabián Tomasi, emblemático en la lucha por una agroecología saludable, es la síntesis de historias y recorridos contra el lobby empresarial y la complicidad judicial y política.