Por amenazas al juez, la policía secuestró el teléfono de Sergio Varisco

Federales allanaron este viernes la Municipalidad de Paraná, por las amenazas a Leandro Ríos, que investiga el financiamiento público y político del narcotráfico, y al periodista Daniel Enz. También se llevaron el celular de Lucía Varisco.

Mientras continúa la investigación, luego de la confirmación de los procesamientos, por el financiamiento a la principal banda de narcotráfico en la capital entrerriana, este viernes se efectuaron nuevos allanamientos luego de amenazas realizadas al juez federal Leandro Ríos y al periodista Daniel Enz. Durante el operativo policial, dispuesto por Daniel Alonso, se secuestraron los celulares del intendente Sergio Varisco y de su hija Lucía. Previamente se habían radicado las denuncias ante el propio Alonso y el fiscal Carlos García Escalada.

La foto de la policía federal en el Palacio municipal expuso nuevamente la compleja situación institucional que atraviesa la capital entrerriana. A los procesamientos del Jefe comunal, del concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, de la funcionaria Griselda Bordeira, de segundas y terceras líneas y de la banda de los Celis (Todos presos menos Varisco), se suma la insólitas amenazas del círculo político del Presidente comunal al Juez de la causa y un periodista. La causa por estos últimos hechos quedó en manos de Daniel Alonso, quien dispuso los allanamientos que se efectuaron este viernes.

La denuncia de Ríos, una semana después que se confirme el procesamiento por el financiamiento a los Celis, advirtió que el 16 de agosto lo amenazaron con poner explosivos en el juzgado si la causa seguía. La relación de esos mensajes, que tuvieron también como destinatario al periodista Daniel Enz, con la flota municipal, derivaron en los allanamientos y los posteriores secuestros de los teléfonos del Intendente de Paraná y de su hija (que trabaja como su secretaria privada) Lucía Varisco. Insólito y desprolijo, como que desde esa misma línea se llamó a ambos luego de las amenazas.

Los operativos de este viernes fueron el inicio de la causa que quedó en manos del juez Alonso. Y que trae un nuevo dolor de cabeza para el Intendente de Paraná, con aspiraciones de reelección, a los procesamientos por financiamiento al narcotráfico y desvíos de fondos. La primera de ellas, una causa por la que debió abonar un millón de pesos para no ir a prisión, por la que debe presentarse cada viernes en el Juzgado y avisar si sale de la provincia.