Paraná: organismos de derechos humanos repudiaron la represión policial

Organismos denuncian apremios, vejámenes, torturas y abusos de las fuerzas de seguridad. Repudiaron los dichos de Maslein y exigieron la modificación de Contravenciones. Pidieron reuniones con la ministra Romero y el procurador García.

La Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (Afader), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) Paraná y la Asociación de Ex Presos Políticos y Exiliados de Entre Ríos La Solapa, emitieron un comunicado contra las políticas de represión y violencia institucional de la policía de Entre Ríos. Reclamaron cambios en la arcaica Contravenciones y pidieron reuniones con la ministra de Gobierno, Rosario Romero y el procurador General Jorge García. Además, denunciaron que el jefe de la policia, Gustavo Maslein, justificó el gatillo fácil.

«Los organismos de derechos humanos de Paraná, expresamos nuestra preocupación ante el incremento inusitado de los casos de apremios ilegales, vejámenes, torturas y abuso de autoridad de parte de funcionarios pertenecientes a la Policía de Entre Ríos, que tuvo su máxima expresión en el homicidio del joven Gabriel Gusman en el barrio Capiba de Paraná», explicaron los organismos de derechos humanos en un escrito conjunto enviado a Agenda Abierta.

Repudiaron enfáticamente «las declaraciones del jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, justificando el gatillo fácil y evidenciando una injerencia en la causa que no permite el normal desarrollo de la investigación penal preparatoria: ‘Se tiró abajo todo lo que se habló de gatillo fácil. Me llena de orgullo que me hayan pedido volver a trabajar a la patrulla. La policía hizo lo que tenía que hacer'». Además, rechazaron que «la más alta autoridad de la Policía se permitió cuestionar públicamente las decisiones de Ministerio Público Fiscal al objetar la detención de los funcionarios en la alcaidía de Tribunales». Y señalaron que esas declaraciones denotan «una actitud de insubordinación al poder político que dan cuenta del accionar corporativo demostrado en la caravana de 50 móviles policiales, cuyo personal se manifestó públicamente con prepotencia ante tan tristes hechos».

En el comunicado colectivo, recordaron que en diciembre de 2013, «200 funcionarios policiales fueron sumariados por autoacuartelamiento, en una clara insubordinación al poder político, de los cuales 15 fueron condenados por sedición y robo calificado».

Romero y García

Los organismos de derechos humanos solicitaron una reunión con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, «a fin de que las máximas autoridades políticas de la provincia de Entre Ríos den directivas claras a las fuerzas de seguridad para que se respeten las garantías de todxs lxs ciudadanxs en los procedimientos policiales, en particular de los sectores más vulnerables». También pidieron una reunión con el procurador General de la Provincia, Jorge Amilcar Luciano García, y con los fiscales a cargo de las causas «para alertarles sobre los hechos de abuso policial que se ven agravados en momentos de crisis social, política y económica, sumado a una desidia del gobierno municipal que ha desbaratado programas culturales y deportivos que generaban un abordaje diferente de la realidad de cada barrio».

Contra la doctrina Chocobar

«Exigimos un compromiso ineludible del gobierno provincial de que no permitirá que se imponga en Entre Ríos la doctrina Chocobar —muerte por la espalda—, que alentara el gobierno nacional a través de las declaraciones del presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich», advirtieron en el comunicado.

Reclamos estructurales

«Seguimos demandando: la modificación de la Ley Provincial N°3815 que establece el régimen de contravenciones o faltas para que se concrete la creación de una Justicia de Faltas Provincial; que se separe de una vez por todas a la Policía administrativa de la investigación de delitos con la adecuada implementación de los investigadores fiscales como determina el Código Procesal Penal de Entre Ríos; que las comisarias no sean más lugar de detención, habilitándose alcaidías en las principales ciudades de la provincia para la detención, y que se amplié la alcaldía de Paraná a fin de que no se detengan personas en la Comisaría Quinta, la cual cuenta con una larga historia de apremios, torturas y vejámenes en su haber», detallaron los organismos en el escrito difundido luego de lo sucedido en barrio Capibá.

«Llamamos a todxs a estar atentxs y alertxs para evitar que se produzcan desapariciones forzadas de personas y homicidios, como ocurrió en los ’90 con Martín Basualdo y Héctor Gómez, Elías Gorosito y Totín Perez y la represión indiscriminada con la muerte de Romina Iturain, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez en diciembre de 2001, antecedentes vergonzantes que lleva en su historia nuestra provincia», finalizaron.