Un operativo policial irregular y una cadena de violencia institucional en Paraná

Agentes de civil y sin identificación intentaron requisar y detener a adolescentes por narcomenudeo sin orden judicial. La ciudadanía y el movimiento de derechos humanos se hizo presente, entre un operativo desmedido y una respuesta represiva de la policía de Entre Ríos.

Por Mariano Osuna

Una cadena de violencias institucionales se dieron este viernes por la tarde en la plaza 1 de Mayo de la capital entrerriana. Uniformados de la policía de Entre Ríos se presentaron de civil con el fin de requisar y detener a adolescentes, dos al menos menores de 18 años, sin orden judicial y sin identificación. Al observarse la situación, integrantes de organismos de derechos humanos de todo el país, que casualmente participan de un Encuentro nacional, se acercaron al espacio público e impidieron las irregularidades, presentes en todo el operativo. Rápidamente la ciudadanía se acercó al lugar, mientras llegaban más efectivos de las fuerzas de seguridad, quienes terminaron agrediendo a abogados de derechos humanos. Intervino y se hizo presente la fiscal Viviana Ferreira. Guillermo Munné y Lucía Tejera explicaron a los medios locales lo vivido durante este viernes.

 

 

«Lamentablemente el accionar de la policía de Entre Ríos ha hecho que Paraná vuelva a ser el bochorno del abuso policial contra un grupo de menores que simplemente estaban en la plaza», comentó Guillermo Munné, abogado de la agrupación Hijos y querellante en causas de delitos de lesa humanidad en Santa Fe. «Le pedí reiterada veces a la policía que me exhiba la orden para restringir la libertad de los menores. Carecían de la misma y lo único que querían hacer valer era la prepotencia. Me amenazaban y me decían que yo no podía ejercer la profesión porque lo que estaba haciendo era destruir evidencia. Le dije que para un procedimiento de flagrancia, si no tenían orden judicial, tenían que identificar y detallar la evidencia», detalló el integrante del movimiento de derechos humanos en diálogo con los medios. «Carecían totalmente de la misma», lamentó y cuestionó «toda esta sobreactuación, después registren la cantidad de agentes policiales que en lugar de estar combatiendo el delito y cuidando la seguridad de la ciudadanía están acá en simple exhibición de la prepotencia».

Munné explicó que se acercaron «unos cuantos adultos, conocedores de las reglas procesales» y destacó que retenían «indebidamente la libertad de los menores, y también querían ejercerla respecto de nosotros, solo que nosotros contamos con un recurso que es no tenerle miedo a la policía».

Describió que le informaron a los adolescentes «que tenían el derecho a retirarse. No lo hicieron por el temor a la represalia de la policía, porque se sabe que son gente vengativa, que son gente que abusa, que son gente que se aparta del procedimiento y que por supuesto no actúan respecto a los verdaderos delincuentes que atacan a la seguridad de la policía».

Sobre la requisa y detención remarcó que «no estaba autorizada porque no tenían orden judicial para actuar sobre el ámbito de intimidad de un ciudadano y eso es lo que le informamos a los menores. Lo que hicieron es privarlos ilegalmente de la libertad y además ejercer abuso y prepotencia con un abogado que estaba ejerciendo la profesión».

«Después de mucho tiempo concurrió la fiscal, donde ahí empieza a tener la apariencia de ejercicios de atribuciones judiciales el procedimiento, pero ante la presencia de la fiscal lo que hicieron es ejercer violencia contra mi persona y contra otras personas que estaban ejerciendo la defensa de los menores», denunció el abogado querellante en causas de delitos de lesa humanidad. «Aquí una compañera del Encuentro Nacional de Derechos Humanos se lo hizo saber a la Fiscal, que estaban ejerciendo violencia contra mí. La Fiscal evitó observar porque si no tenía que actuar como funcionaria judicial e impedir la situación. Así que se ha cometido esa otra irregularidad además de la restricción de la libertad, describió sobre el circuito de violencias institucionales que duró más de tres horas».

Munné señaló que se procedió «a hacer una requisa con presencia de la Fiscal, con un menor que se encontraba la madre, eso sí tiene otra apariencia de legalidad pero el problema es que el vicio de origen». Precisó que había otro adolescente «sin la presencia de los padres y ante eso ha concurrido la Defensora Pupilar, que ha mostrado un poco más de carácter en el ejercicio de las atribuciones».

Repudió, ante la cobertura de distintos colegas, que «hubo una corrida en otro sector de la plaza, y ante esa corrida un policía absolutamente violento, totalmente fuera de control de sí, se ha llevado a una persona, que creemos que es menor, esposado». Pidió a los medios que verifiquen «la cantidad de agentes policiales, verifiquen al señor sin identificación, que fue uno de los que golpeaba, que se identificaba como jefe del procedimiento, estaba vestido de esta forma, y para ser encubierto por sus compañeros le trajeron una campera, como para darle una apariencia de actuación oficial. Carece totalmente de la misma». Además recordó que se exigió «a quien decía ser jefe del operativo su identificación y nos exhibe un carnet con una foto totalmente borrada. Ese es el funcionario que dice que puede ejercer la legalidad de los actos».

El escenario vivido en la plaza 1 de Mayo, con un desmedido operativo policial, desbordó a la ciudadanía y militantes del movimiento de derechos humanos que se acercaron solidariamente para prevenir que se profundicen las irregularidades, presentes desde el comienzo de la intervención de la policía de Entre Ríos. «El procedimiento fue del inicio ultrairregular por parte de la policía de la provincia. Estaban de civiles todos los policías que intervinieron en el operativo», denunció Lucía Tejera, abogada de derechos humanos y querellante en causas de lesa humanidad en Entre Ríos. Manifestó que «los elementos requisados no tuvieron la cadena de custodia necesaria como para comprobar lo que se encontró y lo que no se encontró». Y destacó que se trata de adolescentes menores de 18 años. «No nos olvidemos de eso, querían requisarlos sin una orden judicial. El encargado del operativo nos decía que tenía una orden judicial oral de la Fiscal. Cuando pedimos que venga la Fiscal nos dijo que tenía una orden del Juez de Garantías de manera oral, también parece que ahora la oralidad se está poniendo de moda en el sistema jurídico de Entre Ríos», lamentó.

Tejera explicó que «desde el movimiento de derechos humanos estamos muy preocupados porque si esta tremenda irregularidad pasó un viernes a las seis de la tarde en la plaza 1 de Mayo de Paraná, no queremos ni imaginarnos lo que está pasando en los barrios de la ciudad». Advirtió que la policía se encuentra «actuando con total impunidad» y que «la fiscal interviniente, la doctora Ferreira, no tenía en ningún momento la conducción del operativo. Se llevaron arrestado a una persona, a un muchacho a metros de la Fiscal y no hizo absolutamente nada».

Entre irregularidades y la solidaridad ciudadana, uno de los jóvenes, junto a su madre, fue trasladado. El hecho, que puso en evidencia la ilegalidad en la implementación de la legislación de narcomenudeo y el accionar de las fueras de seguridad, demostró una cadena de violencia institucional; no muy distinto a la agudización de la represión que se da en distintos lugares del país.