La expropiación de los terrenos del ingreso a la Toma Vieja fue parte del debate en el HCD

Este jueves, durante la sesión del Concejo Deliberante de Paraná, la situación de los terrenos comprados por el empresario Nelson Laffaucci tomó estado parlamentario a instancias de la concejala Cristina Sosa. El oficialismo defendió el uso de parte del propietario.

Este jueves, el Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná tuvo una nueva sesión. Entre los diversos temas tratados hubo uno que generó el debate y la diferencia argumentativa entre el bloque del FPV y el oficialismo.

La concejala Cristina Sosa (FPV), dio ingreso a  dos proyectos: uno, promueve la presentación ante la justicia de un pedido de Amparo Ambiental del monte y paisaje natural existente en el sector de barrancas comprendido entre la torre de alta tensión hasta el ingreso al Complejo Turístico “Toma Vieja”, uno; el otro, reclama la tramitación de expropiación de dichos terrenos, emplazados sobre avenida Blas Parera al 4328, propiedad del empresario local Nélson Laffaucci.

En la exposición de los motivos, la edila expresó que “la expropiación de esos terrenos se plasmó a través de la ley provincial Nº 10.288, sancionada por la legislatura entrerriana el 11 de diciembre de 2014, luego que una ordenanza (Nº 9191/13), impulsada por la exintendenta, Blanca Osuna, autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a la adquisición de ese predio con destino al proyecto de Recuperación del Borde Costero de la ciudad de Paraná”.

“Es decir que en su administración se planteó y llevó adelante todo el proceso legal exigido para la recuperación del referido inmueble”, añadió. “La medida se fundamentó en la necesidad de recuperar ese lugar de indudable atracción turística para beneficio de todos los paranaenses”, explicó.

Sosa advirtió que “culminado ese proceso legal terminó la gestión municipal 2011 – 2015, habiéndose previsto en el Presupuesto los recursos necesarios para efectivizar el pago de la expropiación”, y manifestó desconocer si en la actual gestión del intendente Sergio Varisco “hubo acuerdo con el dueño de la propiedad, y se cerró el proceso de la expropiación”.

Al respecto, reflexionó: “Indudablemente algo ha pasado, o no se llegó a un acuerdo, o no se ha pagado lo que se debía por parte del Estado municipal”, para acotar a renglón seguido que “no tenemos información fehaciente de cómo culminó el proceso, que evidentemente no terminó, porque Laffaucci aparece nuevamente como el propietario de esos terrenos, avasallando un derecho con un vallado”.

“Conclusión, no se puede ingresar a la zona, está cortado su acceso y se involucra, además, en una cuestión primordial que tiene que ver con el derecho ambiental y la protección del monte nativo”, puntualizó.

Ciertamente, en los últimos días, el propietario de los terrenos, tomó posesión de los mismos llevando adelante el cercado perimetral y erigiendo una construcción destinada a vivienda. El argumento de Laffaucci es que habiéndose vencido el plazo para la expropiación está habilitado para hacer uso del predio que compró en buena fe y por ende, le pertenece. La tasación realizada por la provincia estableció que por ese espacio, la Comuna debe abonar la suma de 7 millones de pesos.

En ese mismo sentido se pronunció la concejala María Marta Zuiani (Cambiemos) quien, al dar un encuadre jurídico a la situación del proceso de expropiación, manifestó que “el plazo (para ejecutar la misma, tomando como referencia la fecha de sanción de la ley 10.288 del año 2014) está vencido y el expediente archivado”, en razón de lo cual “el propietario de los citados terrenos tiene derecho a la reversión”, es decir que el derecho de propiedad vuelve a su dueño primitivo.

Desde la Presidencia, la viceintendenta Josefina Etienot, emitió su opinión al respecto y precisó que “ya está ordenado y dispuesto por el Concejo Deliberante (a través de la ordenanza Nº 9191, del año 2013) la autorización al intendente para la compra de los referidos inmuebles”.

“El interés de esta Presidencia es que no haya más demoras que impidan el abordaje de esta situación”, señaló.

Más adelante en su alocución, la presidenta del Concejo remarcó: “Este tema es un claro ejemplo de la división de poderes, ya que ahora es el intendente quien debe resolver esta cuestión”. Y en ese sentido, pidió que el proyecto sea tratado durante la sesión: “Se puede resolver hoy, antes de que se amure y luego tengamos que pagar todo lo que se está construyendo”.

“Los paranaenses tenemos derecho a saber si vamos a poder acceder o no a ese lugar”, concluyó la viceintendenta.

La presidenta de la bancada de Cambiemos, Karina Llanes, puso paños fríos y manifestó que “con el bloque estamos de acuerdo que hagamos un estudio en profundidad en Comisión”.

“Así como hubo dificultades en la gestión (municipal) pasada, e inclusive en la actual, un informe de Fiscalía de la administración anterior llamaba a realizar diferentes acciones por el precio, ya que todos sabemos que la expropiación no es una cuestión gratuita y que por tal concepto se debe abonar una indemnización”, argumentó.

Llanes referenció que “el valor de estos terrenos ascendía a una suma muy elevada, en torno de la cual no se llegó a un acuerdo con el propietario por parte del Estado municipal”. Por lo que propuso la remisión a Comisión de las iniciativas ingresadas, “para ver si se puede en esta gestión encontrar una solución al problema económico (de la expropiación), en virtud que todos sabemos que actualmente no estamos en una situación muy positiva que digamos”, dijo. “Esto necesita un estudio en profundidad, con el propósito de ver la viabilidad de encontrar una solución, ya que esta fue una cuestión que en gran parte correspondió a la gestión pasada”, acotó la presidenta de la bancada oficialista.

Finalmente ratificó el compromiso de su bloque en relación a esta temática: “Aguardo que en Comisión se trate con la seriedad que amerita, para que no se vuelvan a repetir los errores anteriores”.

El concejal Juan Enrique Ríos (FpV), salió al cruce de Llanes al recordarle que la ordenanza 9191, promulgada el 7 de enero de 2014, fue muy clara al fijar en su artículo 1º la autorización al Departamento Ejecutivo Municipal, una vez dictada la ley provincial, para que proceda a la adquisición del referido inmueble, y manifestó su sorpresa por las afirmaciones de Llanes “cuando habla de cuestiones económicas”.

“También asistimos a la compra de aquel inmueble de la exfábrica de Cemento Portland (durante la presente administración), que fue pagada en dólares (por el valor de 1 millón 250 mil de la divisa estadounidense) y cuando uno se pone a pensar en el orden de prioridades sobre lo que tiene que ver en beneficio para la comunidad o la preservación del medio ambiente y del monte nativo, y de un balcón de la naturaleza como lo es la zona de barrancas en el acceso a la Toma Vieja, es una cuestión que amerita una sincera y profunda discusión sobre los proyectos estratégicos del municipio sobre los espacios públicos”, cuestionó Ríos.

“La adquisición de este inmueble de ninguna manera hubiera desfinanciado la situación económica municipal”, consideró finalmente.

Ambos proyectos pasaron a Comisión y los concejales deberán decidir si se da curso a las iniciativas de Sosa para su tratamiento y votación en el recinto en una futura sesión.

El oficialismo propone suspender las habilitaciones comerciales para supermercados, autoservicios y despensas

El edil Carlos González (Cambiemos) presentó un proyecto de ordenanza “in voce”, por el que se suspende hasta el 31 de enero de 2019 la iniciación de trámites nuevos de habilitación comercial para rubros de supermercados, autoservicios, despensas y afines.

La iniciativa dispone también la suspensión, hasta la fecha precedentemente consignada, de los trámites en curso, salvo -aclara- los que se encuentren a despacho ante la autoridad de aplicación en estado de dictar resolución favorable a la fecha de promulgación de la presente norma.

Prevé asimismo la creación de una Comisión Especial conformada por un concejal de cada bloque legislativo, tres representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y representantes del Centro Comercial, Centro de Almaceneros y de otras entidades que se designen en el decreto reglamentario, con el fin de elaborar un proyecto de ordenanza que defina los lineamientos de instalación, regulación territorial y cualidades y requisitos exigidos para la radicación y habilitación comercial en el rubro.

La propuesta legislativa, con sus antecedentes y fundamentos, deberá ser elevada al Departamento Ejecutivo Municipal hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Al fundamentar la medida, González señaló que “a nivel local, la institución que nuclea a la actividad de almaceneros y propietarios de despensas y otros comercios minoristas, han manifestado su preocupación por la instalación de locales que operan bajo firmas comerciales nacionales y extranjeras, que van ejerciendo una fuerte competencia territorial a través de la proliferación de pequeñas o medianas sucursales, que saturan la oferta comercial”.

Subrayó que ello “afecta la posibilidad de subsistencia de comercios de esta ciudad, tanto por la creciente presencia en cantidad de locales como por los precios de venta de los productos que corresponden a los grandes supermercados e hipermercados, que en muchos casos atentan contra el sostenimiento del comerciante paranaense”.

El legislador precisó que “el estado municipal comparte esta preocupación, dado que pone en serio riesgo la actividad comercial local que vienen ejerciendo vecinos en distintos barrios de la ciudad, a quienes les resulta cada vez más dificultoso competir y subsistir”.

“La cuestión que se plantea en los difíciles momentos económicos que nos toca afrontar, exige un estudio serio y profundo para dar respuesta a la problemática, tratando de conciliar los intereses en juego, abriendo un debate amplio y representativo de los sectores privados involucrados y del propio estado como regulador y ejecutor del poder de policía y de contralor”, sostuvo.

Nueva regulación para el servicio de contenedores en Paraná

El Concejo Deliberante de Paraná sancionó este jueves una modificación a la ordenanza Nº 8786, promovida por el legislador Luis Díaz (Una –Frente Renovador), que regula el uso y servicio de contenedores para depósitos de escombros y materiales de construcción.

La norma determina que el mismo solo podrá ser prestado con recipientes que reúnan las siguientes características:

Las medidas exteriores no podrán exceder como máximo un largo de 3,30 metros; ancho 1,80 metros y alto 1,10 metros.

La carga útil será de un peso máximo de 6 toneladas y un volumen máximo de 5 metros cúbicos.

Los lados del contenedor deberán poseer elementos de seguridad pintados en la parte superior, franjas en posición oblicua a una distancia de 0,10 metros de la parte superior.

Las franjas se pintarán en color rojo y blanco alternadamente y tendrán 0,10 metros de ancho por 0,20 metro de alto con una separación entre sí de 0,10 metros, con lámina o esmalte reflectivo.

En la parte central de ambos frentes se pintará un triángulo rectángulo de color rojo reflectivo de 0,80 metros de lado y 0,10 metros de bastón.

En el exterior del contenedor no se permitirá la fijación de publicidades ya sea con pintura, carteles adheridos, banderas, etc.

Como medios de identificación los recipientes deberán tener el nombre, teléfono del prestador y numeración en forma consecutiva, para lo cual cada prestador deberá predeterminar la cantidad de contenedores en condiciones de uso y número de inscripción en el registro respectivo.

La colocación del contenedor en la vía pública deberá contar con la pertinente autorización de la Dirección de Tránsito, que determinará lugar de colocación, tiempo de duración y el horario respectivo.

En la vía pública se debe utilizar el mínimo tiempo y menor espacio posible; cuidar la seguridad de peatones y vehículos; la limpieza del sector; colocar señales adecuadas cuando sea aconsejable y en la calzada el contenedor se debe colocar tomando como base la mayor longitud, paralelo al cordón de la vereda, con una separación de 20 y 20 centímetros del mismo, para permitir la limpieza y escurrimiento del agua.

En lugares habilitados para el estacionamiento de vehículos, como excepción se podrá utilizar su colocación con los debidos resguardos de seguridad, y en cuanto a la acera solo se permitirá su colocación como caso de excepción debidamente justificado y autorizado.

Para obras en construcción el contenedor se emplazará dentro del inmueble y en cuanto a su colocación y retiro de la vía pública deberá realizarse, en principio, dentro de los horarios de carga y descarga de mercaderías en general.

En la zona comprendida entre avenida Ramírez, boulevard Racedo, Ituzaingó, Courreges, Tucumán, Mitre y boulevard Moreno, la colocación o retiro de volquetes de la vía pública deberá realizarse en el horario de 14 a 17.

En vísperas de fines de semana y feriados turísticos quedará prohibida la colocación de contenedores en la vía pública en el sector delimitado por las arterias precedentemente mencionadas.

Los vehículos deberán transportar su carga cubiertas con lonas u elementos similares que aseguren la no dispersión del material transportados.