La Fiscalía y la querella pidieron seis años de prisión para el ex intendente de facto, Héctor Torres Queirel, en el juicio por la desaparición y el secuestro del obrero Marcelo Peralta, durante la dictadura cívico-militar-clerical. El fallo se conoce este jueves.
A un día de la lectura de un fallo histórico, que se espera hace 42 años, las expectativas son encontradas, aunque satisfactorias por el recorrido de lucha en búsqueda de justicia y verdad. Hay un proceso en marcha, denunciado por diversas irregularidades, por exclusiones en el juicio de responsables en los secuestros en la yerbatera Las Marías, ubicado en la localidad de Virasoro, en Corrientes, y porque se esperó más de cuatro décadas en la búsqueda de justicia. Aunque esos sinsabores no especulan en la mirada de familiares y organismos de derechos humanos, que vienen visibilizando y denunciando, en algunos tiempos incluso en soledad, las desapariciones, las muertes, un plan sistemático de exterminio y su consecuente complicidad empresarial. Lo cierto, es que el Tribunal Oral Federal de Corrientes, conformado por Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni, finalizó este martes la instancias de audiencias, con el pedido de la Fiscalía y la Querella de una pena de seis años de prisión para el ex intendente de facto, Héctor Torres Queirel. La réplica de la Defensa del represor se escucha este jueves, previamente al dictado de la sentencia.
En su alegato, el fiscal Flavio Ferrini, además de requerir seis años de prisión, pidió al tribunal que se extraigan piezas de la investigación y se abra una nueva causa contra el dueño de Las Marías, Adolfo Navajas Artaza. “Habiendo valorado las pruebas de la causa no quedan dudas a este Ministerio Público de la responsabilidad que le cabe al señor Adolfo Navajas Artaza, del Establecimiento Las Marías, quien si bien fue sobreseído tal como lo señalé al inicio, solo lo fue por el hecho del secuestro del señor Neris Victoriano Pérez, más no por su responsabilidad en los otros hechos ventilados en este debate”, precisó el fiscal en su intervención este martes al mediodía.
El juicio inició el lunes 2 de julio y se espera que este jueves se conozca el fallo de una instancia judicial histórica, donde los represores Duilio Martínez y Ricardo Schweizer murieron, mientras que los militares Llamil Reston y Juan Carlos Sacco terminaron excluidos por cuestiones de salud.
Hace 42 años
El camión llegaba antes del alba para llevarse a los trabajadores, aunque no todos volverían con el ocaso. Era 1976 y “Las Marías” un próspero establecimiento yerbatero con más de 30 mil obreros, con turnos que duraban 14 horas. Allí la ley era esa y el resto de los camiones se usaban solo para traslado de cargas.
La lucha gremial se había reactivado tres años antes con la conformación de la filial local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) -con el militante Marcelo Acuña electo primer secretario general-, lográndose algunas reivindicaciones: desde un suplente permanente en caso de necesidad de ir al baño hasta la construcción de una sala para la prestación de asistencia médica de la obra social del sindicato.
Lo cierto, es que la dictadura anuló todo. Los derechos laborales, adquiridos en décadas de disputa (con paros y huelgas), tampoco fueron la excepción.
La línea de producción de la industria de la yerba mate es extensa y un sector quedaba afuera del STIA: los trabajadores rurales, encargados de la siembra y la cosecha, estaban desprotegidos hasta que –promovido por Acuña y otros- se constituye el Sindicato de Trabajadores Rurales y Estibadores, incluida en la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), con una masiva afiliación. Su primer secretario general fue Ramón Aguirre, otro militante comprometido con su clase social. Acuña y Aguirre fueron víctimas de la represión estatal al igual que Nery Pérez y Marcelo Peralta, los dos trabajadores desaparecidos. 42 años después, aunque con limitaciones, se respira Memoria, Verdad y Justicia.
Los Navajas Artaza, que en los años previos de la “Revolución Libertadora” habían acobijado a un grupo de tareas, compuesto por ex militares y civiles que hacían “limpiezas” en el pueblo, expulsando a disidentes políticos, recibieron con gusto al interventor municipal y comisario Capitán Juan Carlos Saco, cediéndole terrenos para que su tropa subordinada acampe. La retribución del Capitán se materializó en la persecución, detención y eliminación de trabajadores de las listas negras de los patrones, sobretodo de “Don Toco”, como le dicen a Adolfo Navajas Artaza.
Cuatro días antes del 24 de marzo fue la última reunión de los delegados gremiales con los representantes de la empresa. Uno de los reclamos fue las condiciones en que se encontraban dos poleas, las cuales generaban inseguridad en los operarios. No hubo solución. Un trabajador, Antonio Pintos, murió un tiempo después a consecuencia de un accidente con una de esas poleas.
A los patrones le molestaba que el peón se organice y le discuta como un igual. El acelerado crecimiento que había obtenido el sindicalismo, como expresión del poder de los trabajadores organizados en Virasoro (en Corrientes y Argentina), se vio frenado por el aparato represivo del Estado que lo amputó por múltiples vías: persecución, desaparición, eliminación de derechos adquiridos y represión.
Y el camión volvía a llenarse de trabajadores cansados. Antes de la puesta del sol salía de “Las Marías” llevándose a hombres que sabían que su fuerza de trabajo solo enriquecía a los Navajas Artaza. Lo venían escuchando en asambleas y cotidianas charlas: la conciencia de clase ya estaba presente en ellos. El camión llegaba al pueblo, los obreros bajaban; la oscuridad que vaticinaba el provenir de esa noche y de las siguientes noches, desde aquellas postrimerías de marzo de 1976, adquiría intensidad. El Terror sobrevino.
Fuente: Anred y Agenda Abierta