Asesinato de Rafael Nahuel: el juez Villanueva rechazó como querellante a la APDH

El magistrado argumentó que el asesinato del joven durante la represión a la comunidad Lafken Winkul Mapu en noviembre del 2017, no se trató de un caso de violación de derechos humanos.

 

A casi nueve meses del asesinato a Rafael Nahuel, durante un operativo de desalojo y represión, encabezado por ocho prefectos de la Unidad de Operaciones Policiales Especiales (UOPE) del grupo Albatros hacia la comunidad LafkenWinkul de las Lof en Resistencia del Remu Lafken, la impunidad sigue siendo la única respuesta oficial a la impunidad. En su última intervención, el juez Gustavo Villanueva argumentó que el asesinato del joven no fue una violación de derechos humanos y desestimó el pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para constituirse como querellante. Además, omitió accionar judicial respecto a la nulidad de la pericia de la presencia de pólvora en las manos, autorizar una pericia antropológica y el llamado a indagatoria del resto de los Albatros.

«El hecho materia de investigación no constituye un delito de lesa humanidad ni tampoco una grave violación a los derechos humanos”, explicó Villanueva sobre su rechazo al pedido de la APDH. Tras conocerse la información oficial, el organismos de derechos humanos calificó de vergonzoso el accionar del Magistrado y recordó que «los principales sospechosos del asesinato de Rafael Nahuel son las fuerzas represivas del Estado”.

“Obedece así a la política del Gobierno nacional, que ha venido a crear un enemigo interno nuevo, reflejo de la Doctrina de Seguridad Nacional, incrementando la represión y la persecución a la comunidad Mapuche”, denunció la APDH en un escrito difundido.

Omisiones arbitrarias

Villanueva, hasta el momento, no citó a declarar a los otros cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura que aquel 25 de noviembre de 2017 ingresaron al territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Sólo convocó al Cabo Primero Francisco Javier Pintos de cuyo subfusil MP5 salió el diparo que acabó con la vida del joven mapuche. En aquella indagatoria -de la cual se cumplió más de un mes- Pintos aseguró que no ingresó con su arma a la comunidad, mientras que responsabilizó a su compañero Juan Ramón Obregón.

El uniformado no pudo explicar de forma coherente por qué los cargadores de su MP5 estaban vacíos. Lo cierto, es que Villanueva aún no resolvió la situación procesal de Pintos, ni citó a indagatoria a Obregón.

Tampoco avanzó con otras medidas solicitadas. Por ejemplo la realización de una “pericia antropológica”, reclamada por la Defensora Oficial en la causa por el desalojo de la comunidad. Se trata de un trabajo que también podría servir en el marco del expediente por el asesinato, llamativamente todavía caratulado “Jones Huala s/muerte dudosa”.

Menos aún resolvió el Juez Villanueva el pedido de nulidad de la pericia sobre pólvora en las manos, realizado tanto por los abogados querellantes, como por los representantes legales de Fautos Jones Huala y Lautaro González, aún imputados en el expediente.

Irregularidades

Las diferencias entre el resultado dado a conocer por el Departamento de Materiales del Centro Atómico Bariloche (donde se realizó la pericia), y el ofrecido por el Laboratorio Regional del Cuerpo de Investigaciones de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, justificaron el pedido de nulidad; así como el informe de este último cuerpo de especialistas, que planteó que no se protegieron las cintas de carbono, al utilizar los mismos guantes para las distintas muestras.

De esta forma, Gustavo Villanueva continúa demorando medidas fundamentales para que, a casi nueve meses del asesinato, aún no pueda acreditarse judicialmente quién mató a Rafael.

Fuente: En estos días