Martín Barbieri: «No es la solución prohibirlo»

El Secretario de Ambiente de Entre Ríos cuestionó las ordenanzas que impiden el uso de agroquímicos. Fue luego que los ministros nacionales Bergman y Etchevehere presentaran un manual sobre su aplicación y que el juez Seró autorizara la venta.

Los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y de Salud, Adolfo Rubinstein, anunciaron un manual de buenas prácticas a favor de la aplicación de los agroquímicos. La medida fue destacada por el secretario de Ambiente de Entre Ríos, Martín Barbieri, quien cuestionó la prohibición en el uso de estos contaminantes. Las declaraciones se dieron luego que Diputados rechace una legislación de regulación sobre estas sustancias y que los concejos deliberantes de Gualeguaychú, Uruguay y Paraná sancionen, o al menos debatan proyectos sobre el tema. En esa línea, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, autorizó la comercialización de glifosato en Gualeguaychú, ciudad que había legislado su prohibición.

Barbieri destacó que con la propuesta nacional colabora»para que no haya inconvenientes con el ambiente y evitamos problemas en la salud». No obstante, rápidamente cuestionó «que se llegue a instancias como en la ciudad de Gualeguaychú donde se prohibió el glifosato”.

“Yo creo personalmente que no es la solución prohibirlo. Respeto la decisión del Concejo Deliberante pero el problema de fondo es la mala aplicación”, apuntó el Secretario de Ambiente de Entre Ríos, en línea con la posición de los ministros Bergman y Etchevehere. “La gran falla es el control y la fiscalización”, remarcó.

El lobby empresarial

Tras el reclamo de comerciantes y empresarios contra la ordenanza N° 12.216/18 que prohíbe el uso de agroquímicos en Gualeguaychú, el juez federal Pablo Seró autorizó su venta hasta que se resuelva los reclamos de inconstitucionalidad de la legislación sancionada el pasado 16 de abril.

Las declaraciones del Secretario de Ambiente de Entre Ríos, el manual de aplicación nacional, los pedidos de inconstitucionalidad, la decisión del Juez de Concepción del Uruguay y el veto total de la ordenanza en Paraná, no parecen ser una casualidad. El lobby empresarial y político es determinante, a meses que Diputados deseche un proyecto con media sanción del Senado que intentaba regular el uso de los contaminantes para su aplicación legal.