La oposición cuestiona la ley de financiamiento de partidos políticos presentada por Cambiemos

El pedido fue del propio presidente Macri en la conferencia de prensa realizada el miércoles pasado y en medio del escándalo por los aportantes falsos durante las campañas de Cambiemos en 2015 y 2017. La iniciativa le abre la puerta a las empresas.

El escándalo por los aportantes falsos de la fuerza Cambiemos a las campañas de 2015 y 2017, que puso en evidencia una investigación realizada por el periodista Juan Amorín del sitio El Destape golpea a la alianza gobernante en uno de sus ejes de campaña, la transparencia y honestidad. Según los datos, personas de escasos recursos, beneficiarias de Programas Sociales y también listas completas de candidatos del oficialismo, fueron presentados como aportantes de las campañas en la rendición de cuentas que los partidos políticos deben presentar ante la Justicia Electoral. Un impactante número asegura no haber realizado dichos aportes e incluso ni siquiera haberse afiliado al partido del presidente. La investigación tiene epicentro en la provincia de Buenos Aires y golpea directamente a la gobernadora María Eugenia Vidal y su círculo más cercano, pero también se propagó a todo el país.

Actualmente hay tres investigaciones en la justicia que tienen como objetivo determinar el posible delito, sus responsables y el origen verdadero del dinero que alcanza una cifra millonaria.

En ese contexto y tras un mes de evitar referirse al tema, el presidente Macri y la gobernadora Vidal se vieron obligados a tomar algún tipo de acción. La titular del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires despidió a la Contadora General, María Fernanda Inza, quien estaba a cargo de la rendición de los aportes de campaña. En tanto que el Presidente, en la conferencia de prensa realizada el miércoles de la semana pasada, manifestó que el problema surgía del vació legal en torno al financiamiento de los partidos políticos y pidió al congreso legislar en ese sentido. El viernes de esa misma semana, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que plantea modificaciones a la Ley 26.215, además de cambios puntuales al Código Nacional Electoral y a la Ley Orgánica de la Justicia Nacional Electoral. Uno de los aspectos principales tiene que ver con la bancarización del régimen de aportes, pero también propone la legalización de las contribuciones de empresas y mayores controles para evitar lavado de dinero.

Lo cierto es que la ley actual no impide que los partidos bancaricen los aportes a las campañas y de hecho, muchos lo hicieron así en un amplio porcentaje, no así la fuerza Cambiemos que, según la rendición recibió en efectivo casi el 90% del dinero destinado a la campaña de 2015 y 2017. Ese es el dinero que se rindió mediante listados de personas cuya veracidad ha sido puesta en dudas.

La oposición en Diputados ve como una movida política el impulso a la Ley que viene siendo trabajada desde hace más de un año en la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, que dirige Adrián Pérez y cuya presentación precipitó el escándalo de los denominados “aportantes truchos”.

La jefa del bloque massista de la Cámara baja, Graciela Camaño, calificó sin vueltas al proyecto como “muy malo” e interpretó la presentación de esa iniciativa como una maniobra para “resolver el problema que tiene Cambiemos en la Justicia”.

“Es lavado de dinero, tema en el que son expertos”, expresó Camaño en la prensa y calificó a los oficialistas como “inmorales”.

El escenario se presenta complejo para Cambiemos y uno de los puntos centrales de las críticas es la legalización del aporte de empresas, hoy prohibido. La jefa de bancada del Frente Renovador sostuvo que las empresas “no deben aportar porque genera compromiso”. De hecho ese es el sentido que tiene la actual ley, donde tampoco pueden aportar los sindicatos ni los entes descentralizados del Estado.

Camaño, agregó que en el texto conocido el viernes pasado “ni siquiera hay límites para las que dependen del Estado”. “Que no nos metan a todos en la misma bolsa”, reclamó.

En el peronismo que responde a los gobernadores también se vislumbran cuestionamientos. El salteño Pablo Kosiner, jefe del interbloque Argentina Federal, advirtió que no quiere que el debate sirva para tapar responsabilidades de la denuncia de los aportantes falsos de Cambiemos, y si bien aclaró que todavía no han debatido el texto presentado por el Gobierno, puso reparos sobre los aportes de las donaciones de empresas. “Darle preminencia al financiamiento privado puede ser peligroso”, deslizó.

Ese también es el cuestionamiento que realizará el kirchnerismo, espacio que la semana pasada presentó un proyecto de ley para “democratizar” el financiamiento de los partidos políticos, con “una participación más activa del Estado”, en el que prohíbe el aporte de empresas, autoría de Máximo Kirchner.

En cuanto a los aportes privados, la oposición sugerirá crear un fondo común que luego se reparta entre todos los partidos.

El debate está abierto, y el Gobierno pretende avanzar en el Congreso en la segunda parte de este año, lo cual no será un trámite sencillo y lo expondrá a las críticas que hacen centro ni más ni menos que en la legalidad del financiamiento de sus campañas.