El Senado nacional dio media sanción al proyecto que habilita a telefónicas dar TV satelital

La iniciativa que cambia el esquema audiovisual se aprobó por 46 votos a favor y 11 en contra. Permitirá a las compañías telefónicas insertarse en el mercado del cuádruple play. Kunath, De Ángeli y Guastavino acompañaron la medida.

En su última sesión antes del receso de invierno, el Senado dio media sanción al proyecto de ley de comunicaciones convergentes, también denominado como “ley corta”, por votos positivos, negativos y abstenciones. El proyecto fue aprobado por 46 votos a favor y 11 en contra, al cabo de un debate que se extendió poco más de tres horas y media y en el que se destacó que se trata de “una ley corta” y se habló del compromiso de hacer próximamente una ley sobre contenidos. Los senadores entrerrianos de los bloques Argentina Federal, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, y de Cambiemos, Alfredo De Ángeli, acompañaron la iniciativa oficial.

La iniciativa, que recibió modificaciones en su tratamiento en comisiones, habilita que las compañías telefónicas puedan insertarse en el mercado del cuádruple play.  Durante la votación contó con el apoyo del bloque de Cambiemos y Argentina Federal y fue rechazada por el FPV-PJ.

El miembro informante del oficialismo fue el senador nacional Federico Pinedo (PRO) quien defendió el proyecto remarcando que el mismo tiene “dos objetivos importantes: es antimonopólico y viene a contribuir a la satisfacción de una necesidad social extremadamente urgente como es la posibilidad de tener conectividad en todos los rincones de la Argentina”.

A su juicio, la iniciativa permitirá que los argentinos “puedan acceder a sistemas de banda ancha y operar en internet, y gozar de los distintos servicios de telecomunicaciones en todo el país”.

“En otras épocas quizás no haya sido tan relevante”, expresó, pero consideró que hoy día, sin conexión a internet, los ciudadanos “están definitivamente afuera de las posibilidades de realizar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones con el resto de los países del mundo”.

A su turno, la pampeana Norma Durango, del Partido Justicialista La Pampa, admitió que le hubiera gustado estar discutiendo “un proyecto de ley general, global, sobre medios de comunicación, y no esta ley corta, porque pienso que nos debemos un debate más integral, que tome el tema de la convergencia en la comunicación en términos de actores tradicionales y la irrupción de los nuevos”.

Por su parte, el senador Fernando “Pino” Solanas se mostró muy crítico. Denunció que “se está abriendo las puertas a una extraordinaria concentración comunicacional”, Además, advirtió que “estamos a contramano de la tendencia mundial. ¿En qué país del norte un mismo grupo puede tener diario, una radio, un canal abierto, un canal de cable, internet, telefonía fija y celular?”.

“Hay un ejército de periodistas y comunicadores muy bien pagos que se constituyen en una fuerza de opinión fabulosa, sino no se puede comprender cómo nuestro pueblo ha sido seducido por políticas de comunicación y campañas mediáticas”, sostuvo. También alertó que «estamos ante un modelo unitario, no es federal. No hay democracia cuando el monopolio informativo y el unitarismo ocupa el espacio local”. Se preguntó luego “cómo es posible que esta ley se olvide de discutir las cotas de pantalla que tiene que tener la información nacional”, y alertó: “Estamos viviendo un intenso movimiento de aculturación”.

La senadora del FPV-PJ, Ana Almirón, reclamó la concentración que habilita el Gobierno «a favor del grupo Clarín» y anticipó el rechazo de su bancada por considerar que la norma “permite la ultra concentración, pisoteando la pluralidad y la diversidad de voces; donde unos pocos se quedan con todo, no establece reglas claras, y lejos de favorecer a las inversiones está cargado de sospechas, en relación a la compartición de infraestructura”. El jefe de esa bancada, Marcelo Fuentes, también le apuntó al grupo Clarín: “No tiene aliados estratégicos: tiene socios ocasionales. Una vez que obtienen lo que quieren, los mata. Empiecen a cuidarse. Una vez obtenido lo que querían, van a ver lo que viene”, le advirtió al oficialismo, al tiempo que llamó a ponerle límites a los monopolios.

El senador rionegrino destacó que “esta era la norma posible, que nos permite evaluar si es que las grandes empresas multinacionales van a invertir en la Argentina, y realizar un marco de competencia con la gran empresa nacional que representa la fusión de Telecom y Cablevisión”. Para eso, dijo, aprobaron la Ley de Competencia con el fin de que el Gobierno tenga herramientas para poder ordenar el mercado. Insistió en que la ley es “razonable para estas circunstancias” y permitirá “abrir un proceso de inversiones. Esperemos que lo hagan”.

Bajo el título de “fomento de despliegue de infraestructura y la competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS)”, la iniciativa incorpora a la Ley 27.078 la obligación de los licenciatarios a compartir la infraestructura pasiva. Esto es que, los edificios públicos y las construcciones privadas se usarán entre todos los prestadores de los servicios.

“El uso compartido de infraestructura se instrumentará mediante convenios celebrados entre los licenciatarios y/o titulares, en los que se establecerán las condiciones técnicas y económicas”, reza el texto, al tiempo que señala que dichos convenios deberán registrarse ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para su homologación y publicación antes de los 30 días de su fecha efectiva de entrada en vigencia.

Por otra parte, el proyecto señala que “a efectos de generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional” la empresa Arsat deberá reservar un 20 por ciento de las frecuencias del espectro radioeléctrico para empresas del interior.

Asimismo, se posterga hasta 2020 -el texto original proponía 2019- la posibilidad para que las telefónicas puedan dar servicios de radiodifusión paga por satélite en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario, mientras que en el interior del país se extiende el plazo hasta 2021 y en las localidades con menos de 100 mil habitantes hasta 2022.

Otro de los artículos indica que “la comercialización de señales o programas audiovisuales debe efectuarse en condiciones transparentes, equitativas, no discriminatorias y basadas en valor de mercado, de modo tal que se garantice una competencia leal y efectiva entre los distintos licenciatarios de Servicios de TIC que los requieran”. En este sentido, el Enacom tendrá que establecer normas que “permitan la sustentabilidad de las Pequeñas y Medianas Empresas y Cooperativas”.

Ley corta y decreto

En declaraciones a Farco, el investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de Avellaneda, Undav, Diego Rossi, explicó que se denomina “ley corta” porque “deja afuera un montón de otros temas que el gobierno se había comprometido a discutir después de su decretazo de diciembre de 2015”. Esta ley corta, explicó Rossi “habilita a dar televisión satelital a Telefónica y a Claro en combos de cuádruple play”, y advirtió que “con esto van a decir que todos pueden competir cuando en realidad solamente pueden competir empresas de esta envergadura, pisando a las empresas más pequeñas que por ejemplo no tienen espectro para dar telefonía móvil”.

El especialista advirtió que el proyecto consolida “un sistema de medios tan concentrado como nunca antes en la historia” y que implica una “una limitación muy grande a la producción de contenidos de medios independientes”.

Consultado sobre cómo se sale de este esquema de concentración, Rossi opinó que si bien no es un buen contexto para los sindicatos, para las universidades, y para los medios de comunicación comunitarios “es necesaria una actualización doctrinaria” y que “eso se traduzca en una opción política mayoritaria”. “Por supuesto que hay un montón de gente que sigue pensando que el pluralismo y la diversidad se pueden garantizar en cualquier soporte de comunicación”, ratificó.

Fuente: Parlamentario, Agenda Abierta y Farco