El Magistrado de Feria en materia Civil y Comercial pidió al juez Federal de Pablo Seró que “se inhiba de seguir actuando”. Fue luego que autorice la venta de agroquímicos y deje en suspenso la ordenanza municipal que la prohibía.
La sanción de la ordenanza que prohibió la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato en el ejido de Gualeguaychú trajo órdenes y contraórdenes judiciales en simultáneo al lobby empresarial. En pocos días, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, habilitó su venta hasta que se resuelva la decisión de inconstitucionalidad, la Municipalidad impugnó al Magistrado y la fiscal Minatta apeló el fallo que dio lugar al recurso de amparo presentado por seis empresas locales. No obstante, el juez de Feria Civil y Comercial, Pablo Ferreyra, resolvió este viernes que Gualeguaychú tiene autonomía para legislar sobre el tema y exigió a su colega que no siga actuando.
“La Corte de Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostienen que cuando hay derechos vulnerados, los Estados locales, por su cercanía con los vecinos, deben y tienen facultades para proteger esos derechos vulnerados. Esto significa que, si hay peligro para la salud, el Estado tiene que intervenir y resolver para evitar que una determinada actividad –comercial en este caso- haga abuso del derecho perjudicando al derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano”, había dicho la Municipalidad, en la previa al encuentro realizado el pasado lunes en el palacio local con un centenar de vecinas, vecinos y organizaciones ambientales.