Concordia: la Multisectorial feminista rechazó el decreto eclesiástico de Enrique Cresto

Luego de la decisión del Intendente de adherir al Pacto de San Antonio de Padua, organizaciones se movilizaron este viernes exigiendo la separación del Estado y la Iglesia.

Organizaciones sociales, políticas, feministas y disidentes de Concordia se manifestaron este viernes luego de la decisión del intendente Enrique Cresto de ratificar mediante Decreto la adhesión la Pacto de Padua, luego que el Honorable Concejo Deliberante desestime el proyecto oficial.

«El contexto político actual, donde se está debatiendo en el Senado de la Nación el proyecto de legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ha propiciado que sectores que están en contra de la misma, hayan impulsado diversos proyectos en los municipios entrerrianos, con la clara intención de imponer creencias y concepciones religiosas en cuestiones de políticas públicas», cuestionó el espacio multisectorial sobre la decisión de Cresto.

Se recordó que «el 14 de Junio, se debatió y rechazó el proyecto de declarar Pro Vida y Pro Familia a la Ciudad de Concordia, proyecto que intentaba de igual manera, imponer una moral propia de los credos».

«El intendente de nuestra ciudad, el día 18 de Julio, se vuelve a manifestar de manera institucional y por medio de un decreto que ratifica la adhesión al pacto, posicionando al municipio desde una concepción moral y religiosa, que deja por fuera las otras creencias que conviven en esta sociedad», se criticó en el comunicado enviado a Agenda Abierta.

«El pacto de Padua, impulsado por la Iglesia Católica, busca imponer una visión hegemónica del concepto de valores, de vida y de familia», se reprochó en el escrito difundido en redes sociales. Se ejemplificó con el punto 5 de la adhesión que afirma  “defender la familia y rechazar el aborto” y define que “la familia es fundada sobre el matrimonio, que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer”.

Se denunció que el Decreto oficial desconoce «los derechos conquistados en este nuevo siglo por los movimientos sociales, de mujeres, feministas y Lgbtttiq que reconocen la existencia de familias diversas, que van desde las monoparentales a las familias ensambladas, como así también los matrimonios de personas del mismo sexo, e incluso las familias que se constituyen sin obligación de matrimonio».

Se rechazó la definición del concepto del “niño por nacer queriendo determinar el inicio de la vida, con la explícita intención de obstaculizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo».

«El resto de los puntos, contenidos en el pacto, son claras obligaciones del estado que de ninguna manera dependen de voluntades de las religiones, sino la obligación constitucional de gobernar», se precisó sobre el contenido del Pacto, donde además se plantea «luchar contra el narcotráfico, prevenir las adicciones a la droga, luchar contra el hambre, combatir la violencia de género, impulsar las energías renovables, combatir la pobreza, promover el acceso a la educación, la salud y el agua potable, erradicar el abuso infantil y la trata de personas; para lo cual ya existen legislación nacional e internacional para su ejecución por parte de los gobiernos».

Se destacó que «no quedan claro a la ciudadanía cuál es la intención del Intendente de asociar estas políticas públicas a un pacto con la Iglesia, pues en ese acto afianza la relación estado-iglesia».

«Ratificamos lo expresado en nuestra declaración de abril 2018: Estas leyes, que están vigentes, deben ser cumplidas y reforzadas en su aplicación, con políticas públicas eficaces, sin la intervención de los credos, sin hacer caso omiso a las luchas sociales y a los reclamos colectivos por el reconocimiento de derechos fundamentales en nuestro país», denunció el Colectivo de Géneros de Concordia.

«Respetamos la libertad de cultos, pero no vamos a permitir que se le otorgue a la Iglesia católica ni a ninguna otra religión la elaboración e implementación de estas políticas públicas, que son de afectación al conjunto de la sociedad, más allá de su credo religioso», se reprochó. «Imponer desde el Estado políticas basadas en imposiciones eclesiásticas, es autoritario, discriminatorio y a todas luces violatorios de los principios del Estado de Derecho», se añadió.

En el comunicado firmado por el Colectivo Basqüadé, el Colectivo de Géneros, el Colectivo Militante Oktubre, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, Asamblea por los Pueblos Libres, Frente por la ESI, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Reg. Concordia, Unidos y Organizados Entre Ríos, Nuevo Encuentro Y el Partido Comunista e independientes, se recordó que el movimiento de mujeres y Lgbtttiq viene «dando peleas inmensas por el reconocimiento de nuestros derechos».

«La relación privilegiada de la Iglesia Católica con el Estado argentino ha sido un motor fundamental para la negación y el retraso de debates fundamentales para la salud pública y los DDHH, lo que demuestra cada vez más la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, para tener definitivamente un estado laico”, se precisó desde el espacio multisectorial.

Se reclamó que «es necesario que el Intendente escuche las otras voces, y por ello en el día de ayer solicitamos un pedido de audiencia, esperando que se concrete en la inmediatez».

«Desde esta multisectorial, no consideramos que los debates que venimos transitando respondan a un fanatismo, sino a la firme convicción de lucha por la defensa de los derechos conquistados y por todos los que aún nos faltan conquistar», finalizó el comunicado enviado a Agenda Abierta.