El juez federal David Calderón Blanc ordenó liberar a cuatro personas de acusaciones vinculadas con el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, al señalar la falta de elementos probatorios en su contra.
Un juez federal ordenó este martes la liberación bajo reservas de ley de cuatro acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con David Calderón Blanc, juez primero de Distrito de Matamoros, no hay más elementos probatorios para sostener un juicio en contra de los presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Marco Antonio Ríos Biber, el Cuasi; Luis Alberto José Gaspar, el Tongo; Martín Alejandro Macedo Barrera, el Becerro, y Honorio Antúnez Osorio, el Patachín, quedaron libres de los cargos de secuestro y delincuencia organizada.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) afirmó que el juez Calderón Blanc anuló las confesiones de los cuatro detenidos por indicios de tortura y al estimar que estos testimonios no tienen valor, el resto de las pruebas eran insuficientes.
A esto se suma el revés al gobierno federal por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas, que ordenó «reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas», además de pedir la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la llamada «verdad histórica» –la tesis del gobierno federal para explicar la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Aytozinapa– quedó sepultada.
Según la «verdad histórica», en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos de Iguala arrestaron a los 43 normalistas y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.
Padres y organismos internacionales han denunciado desde hace casi tres años irregularidades en las pesquisas y han exigido que se aborde la posible participación del Ejército y la Policía Federal en los hechos. Además, consideran científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en ese vertedero.
En esta versión, Ríos Biber, el Cuasi, declaró que él fue el encargado de comprar la gasolina para incinerar los cuerpos de los normalistas en el basurero de Cocula.
Fuente: Milenio y Reforma