Se realizó una reunión informativa sobre el proyecto de ley de humedales, con media sanción del Senado, este miércoles en la Cámara de Diputados. Los humedales en Concepción y las amarras en Gualeguaychú.
Se llevó adelante en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados de la Nación la primera reunión informativa sobre la Ley de Humedales, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores. Integrantes de la delegación de los vecinos preocupados por los humedales del río Uruguay expusieron este miércoles su postura, en la voz del licenciado y docente de la UNER, Francisco Savoy.
En su intervención dio una explicación técnica de la importancia de los humedales, de la problemática actual de Concepción del Uruguay y de la urgencia en la necesidad de sancionar una ley de presupuestos mínimos sobre humedales. «Creo que fue positivo el hecho de poder acercar los humedales de nuestro río al recinto, para que los diputados los puedan conocer y escuchar de primera mano la importancia de su protección”, destacó el docente luego de una exposición con imágenes aéreas de la boca falsa, de aves, flora y fauna de la zona y de las amenazas que lo acecha.
El proyecto privado
Un proyecto de inversión privada quiere urbanizar la zona conocida popularmente como “de la boca falsa” frente al club Náutico de Regatas. El avance sobre los humedales para construir un barrio náutico genera preocupación en un grupo de vecinos. La iniciativa es encarada por un inversionista que es propietario de toda esa zona, que fue comprando año a año esas parcelas hasta concretar unas cien hectáreas, donde se proyectará la construcción de ese barrio náutico privado, que va aproximadamente desde la altura de la Salamanca hacia el este, camino a Banco Pelay. Su nombre es “Rincón de Urquiza”.
Ante la inquietud planteada por un grupo de vecinos que observaron máquinas afectadas a la obra pública para movimiento de suelo de una obra privada, la concejala del Frente UNA, Paola Gisela Delese, presentó un pedido de informes al Ejecutivo municipal de Concepción del Uruguay, para verificar si se cumplió y aprobó la pre-factibilidad del loteo. Además solicitó las copias de los planos con la ubicación exacta y las firmas de los profesionales intervinientes. Quiere saber las calles, curvas de nivel, cotas de inundación –que de acuerdo a lo averiguado por este medio será de 10 metros- y la aprobación del Área municipal correspondiente.
La edila también reclamó respuestas sobre quienes contrataron las maquinarias de limpieza de la zona, que fue solicitada por nota el 29 de enero de este año y fue retirada el 13 de febrero por la Coordinación General de Planeamiento. En su informe detalló que el 16 de abril de 2018 ingresó un expediente a la sección Salud, razón por la cual pidió copia de aprobación del estudio de impacto ambiental con las firmas correspondientes.

El proyecto Amarras en Gualeguaychú
En la instancia informativa, en la Comisión de la Cámara de Diputados que preside el entrerriano Julio Solanas, también se escucharon las voces de representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y de la geógrafa María Laura Contín, que realizó una exposición sobre el caso Amarras de Gualeguaychú.
Localizado en el municipio de Pueblo General Belgrano, bordeando el Parque Unzué, con frente costero privado y un entorno con paisajes privilegiados. Se trata de un barrio náutico sobre el río Gualeguaychú, en un predio de 110 hectáreas en el cual, que ofrecerá más de 350 lotes de alrededor de 900 metros cuadrados, entregables en 3 etapas sucesivas y distribuidos en diversas áreas.
La destrucción del humedal y la posibilidad de inundación de la ciudad, parte de algunos informes, incluso realizados por la Municipalidad de Gualeguaychú, que desembocó en distintas movilizaciones desde 2015 contra la iniciativa privada.
El 23 de diciembre del año pasado, la empresa Altos de Unzué, la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y el Gobierno provincial fueron indagados por el juez Leonardo Portela a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 3 por sus responsabilidades en la construcción del barrio náutico Amarras del Gualeguaychú.“La utilización como propio de un río de aguas navegables y por ende del dominio público del Estado, no es una situación pasible de autorización, ya que implica la cesión de territorio estatal a un particular”, recordó el magistrado.
También el juez reconoció que el Estado puede desafectar un bien de dominio público, pero recordó que esa decisión la debe tomar el Congreso sea nacional o provincial, dependiendo de quién sea su titular. Y concluyó que “los cursos de agua que transiten por cauces naturales son del dominio público del Estado y no pueden ser alterados”.
Los reclamos se judicializaron. Espacios vecinalistas y ecologistas presentaron recursos de amparos, respaldados por estudios e informes sobre los perjuicios de la construcción privada. Tras algunos fallos contrarios a la lucha por parte del Superior Tribunal de Justicia, la problemática terminó en la Corte Suprema de Justicia. Incluso, el pasado 13 de marzo se conoció el dictamen de la Procuración General de la Nación en relación a la presentación del vecino Julio Majul, solicitando que se revise el dictamen que anuló el fallo de los jueces de la justicia ordinaria, quienes dieron lugar oportunamente, al amparo presentado contra el emprendimiento Amarras de Gualeguaychú.
Este miércoles expuso en Diputados, Laura Contin, sobre riesgo de desastres por inundación en el municipio de Gualeguaychú, dejando también la problemática de humedales instalada en la agenda legislativa.
Fuente: El Miércoles Digital, El Argentino, Agenda Abierta