La ley de narcomenudeo presiona sobre el sistema carcelario

A un mes de su implementación ya se produjeron alrededor de 14 detenciones en distintos procedimientos. La tragedia en el penal de Victoria reactivó el debate. La diputada de Cambiemos, Ayelén Acosta, quiere que se construyan más cárceles.

Por Pablo Urrutia.

En un contexto de recesión económica, crecimiento de la pobreza y profundización de los lazos del narcotráfico con sectores del poder político, la Ley de Narcomenudeo en la provincia, comienza a presionar sobre el sistema carcelario entrerriano.

La tragedia ocurrida en el Penal Nº 5 de Victoria, en que fallecieron de manera violeta cinco internos, dan cuenta que las condiciones de las cárceles de la provincia son deplorables y que el sistema punitivo no logra garantizar la seguridad de quienes allí se encuentran purgando sus penas, mucho menos su reinserción social, tal como lo establece la Constitución Nacional. Se trata de una tragedia anunciada y evitable, que no halla su razón de ser en una supuesta superpoblación del sistema ya que la misma ha sido negada por las autoridades.  Se ha mencionado la problemática de cierta deficiencia edilicia debido a la antigüedad de la estructura de las cárceles, pero difícilmente eso alcance a justificar el tremendo hecho ocurrido en la ciudad de las siete colinas. Un grupo de internos incendió la celda de otro grupo y trabó la puerta para impedir que escapen. El personal no pudo evitar el hecho y la justicia aún no logra dar con los motivos del mismo. Desde luego, la sospecha se centra en torno a la situación de violencia descontrolada dentro del sistema penal de la provincia, la ausencia de programas que avancen en la reinserción de los condenados, jóvenes en su abrumadora mayoría y la actitud pasiva o cómplice de los agentes del sistema penal de entrerriano.

Sin embargo, el hecho es enfocado para encontrar en él la razón de la ampliación de la capacidad de alojamiento en las cárceles, incluyendo la construcción de una nueva unidad penal en la provincia. Un crecimiento negativo para cualquier sociedad, que muchas veces se trata de vender como uno de los éxitos de la política represiva estatal.

Cárceles y nacomenudeo

El 9 de mayo entró en vigencia la Ley 10.566, denominada de lucha contra el Narcomenudeo, que se propone combatir el narcotráfico desde el último eslabón de la cadena, esto es, los llamados kioscos de droga.

A pocos días de su implementación, el director general del Servicio Penitenciario, Marcelo Rubén Sánchez, explicó que se prevé un incremento de detenidos por la aplicación de la Ley de Narcomenudeo. Por eso se definió la “incorporación de nuevas plazas para la capacidad de las unidades penales de la provincia”, en el corto plazo.

Si bien Sánchez aclaró que aún se desconoce si los detenidos por este delito “tendrán una continuidad dentro de los establecimientos o si serán liberados en forma rápida”, aseguró que “la mayoría de las unidades penales se están ampliando”. Precisó que “en Paraná, habrá unas 40 plazas más en dos meses”. También se está trabajando en Concepción del Uruguay, donde la capacidad carcelaria “se incrementará en 50 plazas”. Comentó que “en Concordia se empezó a trabajar la semana pasada en la construcción de un nuevo pabellón de 40 plazas”, y que se proyectan obras “en Federal y en la Granja Penal” de Gualeguaychú.

En total, la capacidad se ampliará en “mínimamente alrededor de 200 plazas en toda la provincia”, aseveró el Director, y estimó que los trabajos estarían listos para “agosto o septiembre”. Destacó también que las ampliaciones se afrontan “con fondos propios del Servicio Penitenciario”.

Desde la aplicación de la norma se produjeron cinco procedimientos en distintos puntos de la provincia y resultaron detenidas 14 personas. Como se ve, las razones y gravedad de las detenciones, son dispares.

El 12 de junio en un procedimiento realizado en calle 10 de junio de Gualeguaychú se secuestraron diferentes cantidades de cocaína fraccionada para su comercialización y venta, elementos de corte, una balanza de precisión, teléfonos celulares, una netbook y dinero en efectivo. Se detuvo a seis personas mayores de edad que fueron alojados en la Alcaidía y se identificaron a otras tres que quedaron supeditadas a la causa.

El martes 15 en avenida Almafuerte de Paraná se realizó un procedimiento, donde detuvieron dos vehículos que tenían varios envoltorios de cocaína. Secuestraron el estupefaciente, teléfonos celulares, documentación y los rodados. Tres hombres mayores de edad fueron detenidos y alojados en la Alcaidía a disposición de la justicia.

Otro procedimiento tuvo lugar en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Allí se requisó a un joven de 21 años, que pretendía visitar a un interno, llevando oculto en un paquete de sal un envoltorio con varios gramos de marihuana y un teléfono celular, que fueron secuestrados. El joven fue identificado y quedó supeditado a la causa.

En Concordia, tuvo lugar un allanamiento, donde secuestraron diferentes cantidades de cocaína, fraccionada para su comercialización y venta, dinero en efectivo y telefonía celular. Se detuvo una mujer de 35 años.

En tanto, en Viale, personal policial de la Dirección de Toxicología, desarrolló un proceso investigativo, en conocimiento de la justicia provincial de la ciudad de Paraná. Se requisaron vivienda y vehículos, quedaron tres personas mayores identificadas y cuatro detenidas. Se secuestraron diferentes cantidades de cocaína fraccionada, dos vehículos (una camioneta y una motocicleta), dinero en efectivo, aparatos de telefonía celular, balanza digital, elementos de corte y estiramiento de sustancias estupefacientes, entre otros objetos.

Frente a aquellas acciones, el subjefe de la Policía de Entre Ríos, Alejandro Lauman, realizó declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), donde, entre otras cosas expresó que “la ley de narcomenudeo es una herramienta importante para la Policía en la lucha contra el narcotráfico”.

La ley de narcomenudo contempla que parte de los fondos que envía Nación, sean derivados al sistema penitenciario, de salud y a la Policía, algo que aún no ha sucedido, como se desprende de la información brindada por el director Marcelo Rubén Sánchez. Los fondos, don de la provincia.

La tragedia ocurrida en Victoria, que habla claramente de las deficiencias del sistema penitenciario provincial, es utilizada ahora como un argumento para sostener la necesidad de contar con más cárceles y más capacidad de alojamiento del sistema carcelario en Entre Ríos.

Los cuestionamientos a la Ley

La Ley de narcomenudeo es resistida por distintos profesionales e investigadores sobre la problemática del narcotráfico. Una de sus principales objeciones es que lejos de combatir la narcocriminalidad la agudiza; a la vez que coloca el manejo de un asunto sumamente complejo en manos de las policías provinciales que no tienen la formación ni la estructura necesaria para abordar este delito y, en cambio, son vulnerables a la corrupción que difunde el narcotráfico. También se menciona que suele ser una forma de control social que termina criminalizando la pobreza, castigando principalmente a las mujeres y generando un exponencial crecimiento de las personas detenidas sin juicio.

El anterior intento de la provincia en avanzar en esta norma, fue declarado inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia, pero nuevamente fue impulsada y aprobada por la legislatura entrerriana y esta vez fue implementada. Aún sus efectos sobre la población no se visualizan, ya que es escaso el tiempo transcurrido desde su entrada en vigencia, sin embargo, rápidamente se ha constituido en un ariete de quienes plantan el punitivismo y la represión como el modo de abordar una problemática social que muchas veces hunde sus ramificaciones en el poder político como, según lo trata de establecer el juez federal Leandro Ríos, habría sucedido con el gobierno de Cambiemos en la ciudad de Paraná.

Cambiemos quiere más cárceles

La diputada provincial de Cambiemos, Ayelén Acosta, sostuvo en recientes declaraciones que “la mayoría de las unidades penales datan de más de un siglo de antigüedad y la superpoblación existente en la mismas crece día a día, más teniendo en cuenta la recientes puesta en marcha del sistema de narcomenudeo”.

Preocupada por la tragedia en el penal de Victoria y por el incremento de detenciones generadas a partir de la aplicación de la ley de narcomenudeo, sostiene la necesidad de que se construya una nueva cárcel en el centro de la provincia con capacidad para mil internos

En este sentido, Acosta hizo un repaso por lo que considera problemas de las cárceles en la provincia: “La unidades penales tales como la de Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Victoria, entre otras, han quedado ubicadas prácticamente dentro del área céntrica de dichas ciudades. Esto nos lleva a analizar lo sucedido el pasado jueves 7 de junio en la ciudad de Victoria, donde un hecho acaecido entre los internos de la unidad desencadenó un incendio, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y otras tantas heridas, y por supuesto una gran conmoción en la comunidad y un riesgo potencial hacia las viviendas y vecinos lindantes con la unidad penal”.

Al respecto, señaló que “el problema de las unidades penales no es tema nuevo, data de muchos años. Al respecto, presentamos un proyecto de cárcel modelo y se aprobó por la Cámara un proyecto de declaración de interés porque entendemos que hoy también las cárceles han quedado con poco espacio, y al sancionarse la Ley de Narcomenudeo las necesidades aumentan”, precisó.

La propuesta, según resumió, “contemplaría la construcción de una nueva cárcel en virtud de poder tener un nuevo complejo adaptado a los nuevos paradigmas carcelarios, con capacidad suficiente, apto para atender a la complejidad que presenta la diversidad de internos en cuanto a sus condiciones de detención, personales y judiciales, y al mismo tiempo poder brindar muchas más herramientas educativas, laborales y humanas para la resocialización y reinserción de los internos”.

El negocio detrás del crecimiento de la estructura carcelaria es un aspecto que aparece mencionado entre las voces críticas de la norma que se propone combatir el narcotráfico desde la persecución a los vendedores a pequeña escala, desconociendo cuál es el contexto económico social que lleva a que personas se inicien en el delito a través de la venta de estupefacientes y muchas veces confundiendo venta con tenencia o consumo personal.