La justicia federal rechazó el pedido de revocatoria del procesamiento de Sergio Varisco

La defensa había presentado la solicitud luego de que Daniel Celis, sindicado de ser el cabecilla de la banda, dijera que el intendente, el concejal Pablo Hernández y la funcionaria Griselda Bordeira, no tenían vinculación con el delito que se les imputa.

El juez federal Leandro Ríos decidió rechazar por improcedente el pedido de revocatoria del procesamiento del intendente de Paraná, Sergio Varisco, solicitado por su defensa integrada por los abogados Rubén Pagliotto, Miguel Ángel Cullen y Mariano Cúneo Libarona.

Varisco está procesado por ser, prima facie, “coautor penalmente responsable del delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes en concurso ideal con el delito de peculado”, por haber utilizado fondos y recursos del Estado municipal para esa acción, en el marco de la causa que investiga a la banda dedicada al narcotráfico en Paraná y otras localidades de Entre Ríos y Santa Fe, desbaratada en mayo del año pasado.

La solicitud de los abogados defensores fue presentada a horas de que Daniel “Tavi” Celis, detenido y procesado, acusado de ser el jefe de la banda, realizó su declaración ante el juez Ríos, manifestando que “no tiene ninguna vinculación a la causa que se le imputa”.

La misma afirmación realizó respecto al concejal Pablo Hernandez y Griselda Bordeira, quienes, según el jefe narco, tenían la función de “entregar un dinero que el municipio le brindaba todos los meses a mi familia”. También desligó al trabajador municipal Alan Viola.

Sin embargo, Leandro Ríos, consideró improcedente darle curso al pedido de la defensa, basándose en el cúmulo de pruebas producidas en el marco de la investigación que determinó el procesamiento del Intendente de Paraná, la funcionaria y el concejal, además de trabajadores municipales y allegados a Celis.

Asimismo, según consigna APF Digital, el juez descartó otras medidas que la defensa de Varisco había solicitado, como correr a la Policía Federal de la investigación y pasar esa tarea a la Agencia Federal de Investigaciones (Ex-SIDE), así como incorporar testimoniales de los funcionarios municipales Walter Rolandelli y Ana Sione por no considerarlas “pertinentes y útiles”, precisó Ríos en el decisorio al que tuvo acceso esta Agencia.

Otra medida contenida en el escrito de Ríos es no hacer lugar al pedido de suspensión de los plazos para apelar el auto de procesamiento, que sigue firme y se mantiene hasta el lunes a la mañana.

Una declaración que cayó en el vacío

Las palabras de Celis causaron mucho ruido en los medios aunque no sorprende la decisión del juez. Estamos hablando de una acusación gravísima contra una figura pública, sonaría extraño estimar que Ríos haya decidido avanzar en ese sentido con una endeblez tal que la simple opinión de un detenido de por tierra toda la investigación que incluye escuchas telefónicas, documentos públicos, filmaciones, grabaciones, anotaciones y declaraciones de diversos testigos.

Lo sorprendente fue el modo sincronizado en que se dieron los hechos: primero se conoció el procesamiento del intendente Varisco; luego la declaración de Celis pretendiendo desligarlo junto a los otros integrantes del gobierno de Cambiemos en la ciudad; al otro día fue presentada la solicitud de la revocatoria del procesamiento apoyándola en las declaraciones de Celis.

Pero Daniel “Tavi” Celis niega el delito que se le imputa, por lo cual no cuadra su declaración en lo que se denomina ley del arrepentido y sus palabra no trascienden la mera opinión. Es decir, desliga a quien la justicia considera su socio o partícipe necesario de un delito que, él mismo sostiene, no existió. No es una consulta popular justamente la que lleva adelante la justicia federal.

Además, entre las tantas escuchas que fundan la acusación de Ríos, existe una en la que el procesado como cabecilla de la banda narco celebra, “por fin una buena, arreglé con el intendente”. Se desconocen los alcances de ese arreglo, pero lo cierto es que las pruebas y la gravedad de la acusación que el magistrado esgrime, no sólo en el auto de procesamiento actual sino también en la resolución emitida el año pasado dejan en un lugar muy marginal y signado por las sospechas, la declaración de Celis.