La agenda feminista recorrió las calles de Paraná

Mujeres, lesbianas, travestis y trans se movilizaron desde plaza 1 de mayo a Tribunales en la capital provincial, en el marco de la marcha Ni Una Menos que se replica en todo el país. Lee el documento completo de la Asamblea.

 

Por cuarta vez en Paraná, mujeres, lesbianas, travestis y trans se convocaron en la calles bajo la consigna colectiva Ni Una Menos. La concentración comenzó, a partir de las 16 hs, en la plaza 1 de Mayo, donde se marchó con reclamos urgentes y estructurales y se exigió a las instituciones que se interpeló durante la marea feminista.

La manifestación transitó por las calles Corrientes, Laprida y Córdoba, atravesando la Catedral, la Municipalidad de Paraná, el Consejo General de Educación, Casa de Gobierno y Tribunales. La convocatoria finalizó frente al Palacio judicial, donde se hizo lectura de documento, redactado por la Asamblea Participativa, y se efectuaron intervenciones artísticas y al espacio público.

La feminización de la pobreza, la muerte por abortos clandestinos e inseguros, la falta de implementación de la ley de educación sexual integral, el cupo laboral trans, el patriarcado, los estereotipos y todas las formas de violencias, el techo de cristal y la brecha salarial, la inacción judicial y los feminicidios diarios, parte de la agenda de demandas que caracterizó la jornada de lucha.

El documento

«La Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, y Trans es un colectivo diverso y heterogéneo, conformado y representado por organizaciones del ámbito sindical, estudiantil, artístico, social, político y feministas que por cuarta vez nos convocamos y gritamos Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos», comenzó el escrito difundido y leído después de la marcha.

«Estamos acá en este momento histórico en que el congreso debate, después de 100 años, sobre el aborto. Llenando nuevamente las plazas y las calles con las consignas: ni una menos por abortos inseguros y Aborto Legal Seguro y Gratuito. La deuda de la democracia es con nosotras, con nuestros cuerpos, con nuestras vidas», se reclamó desde el micrófono colectivo.

«Estamos acá porque el Aborto Legal Seguro y Gratuito es una problemática de salud pública, derechos humanos y justicia social. Estuvimos cada martes y jueves en apoyo a las compañeras que expusieron nuestros argumentos en el Congreso y seguiremos donde tenemos que estar: en las plazas, con el pañuelo verde», se precisó sobre el proyecto de ley que se discutirá el próximo 13 de junio en el recinto. «Estamos acá para exigir que legisladores ejerzan su responsabilidad  pública sin interferencia de sus creencias religiosas y morales, y aprueben el proyecto presentado por séptima vez por la campaña nacional», se exigió.

Se cuestionó que los abortos clandestinos afectan «a las personas con capacidad de gestar de la clase trabajadora, de los sectores empobrecidos. La falta de garantía en el acceso al aborto seguro y gratuito impacta en nuestra salud y nuestras vidas».

Desde 1921

«Estamos acá porque el aborto en Argentina es legal bajo las causales de salud y violación desde el año 1921. En Entre Ríos se adhirió al protocolo de aborto no punible, exigimos que se garantice su implementación en todos los servicios de salud pública», se puntualizó.

Entre inacción y omisión

La Asamblea Participativa denunció «la falta de políticas con perspectiva de género en los tres poderes del Estado» y repudió «a jueces y fiscales sin perspectiva de género y funcionarios del poder ejecutivo que toman decisiones en áreas de políticas públicas destinadas a las mujeres, lesbianas, travestis y trans y hacen caso omiso al -o directamente no tienen- enfoque de género».

En el documento colectivo se exigió «el funcionamiento con presupuesto real del área de diversidad sexual de la provincia. ¡Sin travas no hay área! Que las trabajadoras de este espacio seamos las travestis y trans que impulsamos y militamos el proyecto de ley en la provincia». Se exigió que se terminen los «travesticidios» y se requirió la «implementación real de la ley nacional de identidad de género en Entre Ríos».

«Estamos acá porque nuestra lucha y nuestra organización ha logrado incorporar la perspectiva de género en el jury al juez Carlos Rossi», señaló la multisectorial feminista de Paraná. «Exigimos su destitución», se añadió.

«Estamos acá para denunciar la dilación en el tratamiento y respuestas en cada caso denunciado de violencia patriarcal y machista», se cuestionó al Poder Judicial. También a la policía porque «desestima las denuncias de cientos de mujeres, lesbianas, travestis y trans y no respeta los protocolos de actuación frente a un caso de violencia de género o frente a la desaparición de las mujeres».

Se demandó «que los hospitales y las obras sociales se niegan a cumplir con las demandas de salud en tratamientos de hormonización y cirugías fundamentales para la identidad». Además se denunció «la violencia que sufrimos las trans y travestis en la ciudad por parte de la policía y de violentos». Se recordó a la activista Diana Sacayán y se pidió justicia por su travesticidio.

Absolución a Joe

«Estamos acá para decir basta de violencia hacia las lesbianas. Pepa Gaitán Presente. Absolución para Higui ya, atacada por lesbiana, presa por defenderse, liberada por la lucha torta-feminista», se afirmó. «Estamos acá para exigir la absolución de Joe Lemoge condenado por defenderse del trans-odio», se pidió sobre el joven de Santa Elena.

También se rechazó «el protocolo represivo de Patricia Bullrich hacia el colectivo Lgbtttiq+. Y se recordó a la pareja que se judicializó por besarse en el subte, en Buenos Aires. «Ni una causa más por besarnos. Exigimos el desprocesamiento de la compañera Mariana Gómez», se insistió.

Un feminicidio cada 30 horas

«Estamos acá porque todos los días desaparece una mujer, lesbiana, trans o travesti y en lo que va del año ya hubo 101 feminicidios, y de acuerdo a las estadísticas no oficiales tenemos una mujer muerta cada 30 horas. Entre el 3 de junio del 2015 y el 29 de mayo de 2018 hubo 871 feminicidios y 24 travesticidios», se describió. Y se destacó que «siguen muriendo asesinadas mujeres con denuncias hechas y medidas restrictivas. Porque el Estado es responsable de su desprotección y de su muerte, junto con el feminicida».

Sin estadísticas oficiales

«Estamos acá porque a 4 años del primer Ni una menos seguimos sin tener estadísticas oficiales y serias sobre feminicidios que permitan el diseño de políticas públicas efectivas, tanto a nivel local como a nivel nacional», se reclamó. También se cuestionó la desidia estatal: «Cada vez que una mujer joven, lesbiana, travesti y trans, desaparece, es la organización feminista y  popular se ocupa de la búsqueda. La policía y el Poder Judicial no activan todos los mecanismos necesarios para una búsqueda eficiente».

Gisela y Jéssica

«Estamos acá porque en Entre Ríos hay feminicidas sueltos en las calles por la impericia en la instrucción de las causas: el feminicidio de Gisela López no tiene aún culpables y no se avanza en la causa para esclarecer el feminicidio de Jéssica Dos Santos», se criticó la inacción oficial.

Se reclamó la emergencia en violencia de género y se requirió «la asignación de personal y recursos técnicos y económicos y para abordar de manera integral  la problemática». También se denunció que «no hay políticas integrales que contenga a las víctimas de violencia y les permitan seguir con sus vidas y tener un proyecto vital con acceso al trabajo, a la capacitación, a la salud y a la vivienda, y porque se siguen negando las licencias por violencia de género».

La precarización es violencia

La Asamblea Participativa también exigió que «el presupuesto municipal para políticas de género de cuenta de las necesidades de las mujeres paranaenses» y que las trabajadoras del estado provincial y municipal que atienden las situaciones de violencia de género «no estén más precarizadas, se les reconozca su trabajo y sus derechos laborales». Se recordó que «no cobrar, tener contratos basuras es violencia laboral, económica, institucional, simbólica y de género».

Se recriminó por «las desaparecidas en las redes de trata, con amplias complicidades de agentes del Estado». Se rechazó al «Estado policial y a los feminicidios con armas reglamentarias, porque uno de cada cuatro feminicidios se produce con armas de fuego y el Programa Nacional de Desarme está inactivo».

Se afirmó que «sin políticas de prevención las respuestas punitivas de “más cárcel, más penas” no garantizan Justicia» y se denunció la existencia de «una manifiesta intencionalidad de proteger las decisiones eclesiásticas por encima de los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans y de las víctimas de abuso. Abrazamos a quienes integran la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos que han enfrentado a sus victimarios y todavía buscan justicia con quienes fueron cómplices y encubridores».

También se exigió cárcel común para el cura abusador Justo Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por promoción a la corrupción de niños y adolescentes. La asamblea reiteró el pedido de «separación de la Iglesia del Estado. Basta de financiamiento económico. Estado Laico ya.

«Estamos acá porque ni desde Nación, ni desde la provincia, se cumple con la Ley de Educación Sexual Integral y no se ejecutan los presupuestos para el desarrollo de las actividades previstas, entre ellas, la formación de docentes, como consecuencia de una clara intromisión de la Iglesia», reclamó la multisectorial feminista de Paraná. «No queremos Educación para el Amor, sino Educación Sexual Integral con perspectiva de género y disidente».

«Estamos acá con las compañeras que se han organizado en la red de inter-escuelas por la educación sexual integral. Exigimos que se cumpla con el derecho a la salud sexual integral, conquistas del movimiento feminista que hoy no se reflejan en los presupuestos y políticas públicas de los gobiernos», se insistió.

Parto respetado

La Asamblea reclamó «por la implementación de la Ley de parto respetado. No queremos más personas maltratadas, mutiladas y muertas por violencia obstétrica en instituciones públicas y privadas».

«Estamos acá porque el contexto de ajuste nacional, provincial y municipal relega las políticas públicas de ampliación y garantía de nuestros derechos. Exigimos la ley de paridad de género», se solicitó en el documento leído este lunes.

Políticas que empobrecen

La Asamblea criticó «el endeudamiento, ajuste y represión. Rechazamos la injerencia del Fondo monetario Internacional en nuestro país. Con estas políticas nos empobrecen sobre todo a las mujeres, lesbianas, travestis y trans  y a les niñes, y nos expone a mayor vulnerabilidad y a nuevas violencias».

Feminización de la pobreza, brecha salarial y techo de cristal

«La pobreza está feminizada y la brecha salarial en Argentina  es del 27% pero se ensancha al 35% en los trabajos más precarios. La flexibilización laboral condena nuestras vidas, porque se ven recortados nuestros derechos como los de tener licencia por maternidad o tener una jubilación digna. Exigimos derogación de reforma previsional, rechazamos la reforma laboral y reclamamos paritarias libres», se puntualizó. «Nuestras jornadas laborales son, en promedio, tres horas más largas que las de los varones; las tareas de cuidado y reproductivas caen sobre nuestras espaldas y no tienen valor en el mercado de trabajo», se agregó.

El transporte público y el narcotráfico

Se demandó al Intendente Sergio Varisco «que dé respuestas efectivas a los problemas de falta de agua que sufrimos las vecinas de Paraná, repudiamos el aumento del transporte urbano, votado por los bloques de Cambiemos y el Frente Renovador. Denunciamos el accionar de los funcionarios que responden a la gestión y que convocaron a la patota municipal a irrumpir en la sesión y agredir a la ciudadanía».

«Estamos acá para repudiar el avasallamiento a la democracia por parte del intendente imputado en una causa de narcotráfico que ha subsumido al Municipio en una crisis institucional sin precedentes, que involucra toda una cadena política», se calificó.

Se puntualizó que en Paraná «no existen casas para mujeres en situación de calle. Exigimos políticas reales con presupuesto de viviendas». Y se pidió la implementación de jardines lúdico-expresivos «para cientos de familias que necesitan dejar a sus hijes en lugares seguros mientras salen a trabajar. Esto también condiciona las posibilidades para que cientos de personas finalicen sus estudios».

Se visibilizó que «las trabajadoras están expuestas al recorte de sus derechos, de sus salarios y sometidas a la amenaza del desempleo y al disciplinamiento de la productividad. En el Estado no sobra ninguna mujer, lesbiana, trava ni trans: no sobramos en ningún lado; en todo caso, faltamos».

Denuncia de violencia en el Iafas

«Estamos acá porque Gabriel Fernando Ramón Abelendo, director en representación de les trabajadores en el Iafas, querelló a una empleada del organismo que lo denunció por violencia de género y le exige una indemnización de $50 mil a modo de resarcimiento por los cargos de calumnias e injurias».

Se reprochó que «las trabajadoras sexuales están expuestas a la violencia institucional y la desprotección laboral». Estamos acá porque las trabajadoras sexuales y mujeres en situación de prostitución estamos expuestas a la violencia institucional y la desprotección laboral. Exigimos la derogación absoluta a nivel nacional de los códigos de faltas y contravenciones, condenan y estigmatizan a todas».

Se defendió «el derecho humano a la protesta y denunciar que se persigue con causas penales la lucha legítima de referentes sociales. Exigimos la libertad de Milagro Sala, mujer de los pueblos originarios, luchadora social y popular. Libertad a presas/os políticos».

La Asamblea pidió que se desestime «la causa federal que se había iniciado a Vilma Ripoll por exponer el ejercicio de su profesión acompañando y cuidando la salud de las mujeres que decidieron abortar». También hubo solidaridad con «les compañeres despedides de Télam y El Diario de Paraná» y se repudió «el atropello a integrantes de la Garganta Poderosa por denunciar que las fuerzas de inseguridad  violentaron físicamente y sexualmente a mujeres y varones».

«Estamos acá para defendernos del avance de la derecha en nuestra región que asesina, encarcela y reprime a dirigentes en toda Latinoamérica. Estamos acá por el feminicidio político de Marielle Franco en Brasil. Frente a este avance del sistema capitalista, patriarcal, neoliberal nos organizamos y nos abrazamos reconociéndonos en las resistencias y las conquistas que logramos», se contextualizó el escenario regional.

Se desestimó «toda autoridad y toda influencia oficial y/o legal, aunque estas provengan de las urnas, con el convencimiento de que sin nosotras no habrá democracia». La asamblea recordó que no quieren privilegios sino «equidad de derechos» y se cuestionó que «Macri, Bordet y Varisco ejercen violencia desde sus lugares».

«Nuestro cuerpo se vuelve colectivo porque lo que le pasa a una nos pasa a todas», finalizó el documento.